No sólo en Bolivia, sino en América Latina en general, la reelección presidencial ha sido objeto reiterado de debate político y académico para establecer sus efectos con relación al ejercicio de la democracia. ¿Hasta dónde resulta saludable para la democracia la presencia de un presidente en el poder por dos, tres o hasta más mandatos continuos?
El caso paradigmático, que dio curso hace aproximadamente un siglo a una de las reformas constitucionales más radicales con relación al tema, fue el de México, que reaccionó después de los casi 40 años de Porfirio Díaz en el poder. El continuismo forzado del porfiriato durante varias contiendas electorales, más allá de sus características y del proceso revolucionario que implicó su cambio, se expresó en movimientos “antirreeleccionistas” y su impronta en la siguiente reforma constitucional en una explícita y tajante prohibición a la reelección presidencial que perdura hasta nuestros días.
En el resto de los países de la región, en algunas constituciones se ha optado por la figura de la reelección discontinua, es decir, la posibilidad de retorno a la presidencia después de haber dejado durante un mandato. Es el caso de Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Chile y era el de Bolivia antes de la última reforma constitucional. En cambio, la Constitución ecuatoriana, ahora la boliviana, la argentina, la brasileña y la colombiana, permiten la reelección continua por una sola vez. Ello permitió, por ejemplo, a Rafael Correa, Cristina Fernández y Álvaro Uribe ser reelectos y también a Evo Morales en 2009. Venezuela y Nicaragua son los casos extremos en esa línea, pues en estas naciones se aprobó la reelección indefinida o ilimitada. En el otro extremo se sitúan México, Guatemala o Paraguay, donde se prohíbe la reelección.
Una de las condiciones de la democracia es, sin duda, el pluralismo y la alternancia, ya que ello evita la “apropiación” del poder ya sea por un partido político, o peor aún, por determinada persona. La reelección, sobre todo la ilimitada, está reñida con estos principios democráticos. Por otra parte, el reeleccionismo tiende a debilitar la institucionalidad democrática, muy precaria en algunos de nuestros países, pues se funde en figuras o mandatos determinados. De igual manera, fortalece el liderazgo personalista y hegemónico, y alienta un fenómeno frecuente en América Latina como es el hiperpresidencialismo.
En el caso de Bolivia, en los periodos democráticos de la historia a partir de 1952, los únicos casos de presidentes reelectos fueron Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada (en el primer caso reelecto de manera continua por una vez, en 1964, aunque no pudo cumplir con su mandato), y una tercera de manera discontinua 20 años después, en 1985. En el caso de Sánchez de Lozada, ateniéndose a la Carta Magna anterior, retornó al poder de manera discontinua después de un mandato en 2002.
La última reforma constitucional cambia la modalidad de reelección a la posibilidad de ser nuevamente electo por una sola vez de manera continua. La polémica surge cuando, cumplida ésta —porque nuestro actual Presidente fue reelecto por una vez en 2009— busca una segunda reelección con una serie de argumentos jurídicos. Más allá de las argucias legales o interpretacionismos a la Constitución vertidas a favor y en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, que no cabe analizarlas acá, nos interesa enfocarnos en los aspectos políticos e institucionales relacionados con la pertinencia o no del continuismo presidencial en democracia.
Queda absolutamente claro que el actual Mandatario, o la fórmula presidencial, apuesta a una próxima reelección porque tiene sobradas razones para ello. La principal es eminentemente política y responde a su preservación en el poder, y llevar adelante lo más lejos posible los objetivos y las políticas planteadas a mediano y largo plazo, como el Plan Nacional de Desarrollo, o recientemente la Agenda 2025, entre otros, que por supuesto están pensados para ser llevados a término por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), y no contemplan la posibilidad de que otro partido en el poder los asuma como propios.
Por otra parte, el partido de Gobierno, durante estos siete años, ha logrado mantener su popularidad y confía en que los ciclos de desgaste que ha sufrido, que han sido varios y por diversas razones, pueden ser revertidos en el año y medio que resta para la elección presidencial, pues esta tarea se facilita por su presencia en la administración del Estado y por la posibilidad de administrar el poder público con fines político-electorales, que es una tarea que, con más o menos restricciones, realizan todos los gobernantes que buscan su reelección.
Ahora bien, la permanencia del MAS en el Gobierno dependerá de si logra apoyo ciudadano mediante el voto mayoritario; esa es la regla de la democracia. En ese sentido, optar a una nueva elección con otro candidato que no sea Evo Morales resulta prácticamente imposible para el partido en función de Gobierno. Por una parte, porque la característica central de este tipo de liderazgos —muy contundentes y poco habituales— es la imposibilidad de ser sustituidos por otros dirigentes, tanto en su relación con la sociedad y su capacidad de interlocución, como dentro de sus propias organizaciones, pues se convierten en el único factor de cohesión interna capaz de mantener aglutinado al partido y a las organizaciones afines. Por tanto, ese carácter insustituible es su fortaleza, pero, al mismo tiempo, su mayor debilidad.
Quienes defienden la reelección, parten de la idea de que mientras un individuo o partido está cumpliendo adecuadamente con sus funciones y éstas son apoyadas por la población mediante el voto, no habría razón alguna para su relevo, ni siquiera por motivos legales. Sin embargo, desde una mirada más institucional y de preservación de la calidad de la democracia, se apuesta al recambio presidencial, a la alternancia en el poder, a la renovación, al fortalecimiento de las instituciones y prácticas democráticas más allá de las personas.
