Con las movilizaciones de esta semana, que paralizaron parte del país y atemorizaron con dinamitazos La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) ha demostrado que tiene capacidad de movilización, aunque es difícil pensar que tenga una estructura sólida como para recuperar la vieja tradición de sus luchas sociales.
Sólo un asunto de interés sectorial y corporativo, como es el incremento de las pensiones de jubilación, puede ser el factor gravitante en la semejante protesta que hasta el viernes todavía ponía en vilo al país. Lo que comenzó como una demanda de un sindicato, el de los mineros de Huanuni, terminó siendo una casi generalizada. Lo que hace el fenómeno espiral de un reclamo que comienza en menor escala, que también ha desnudado una lectura más acertada respecto de su incidencia por parte del Gobierno.
Ahora que el país (y Huanuni) ha perdido millones de dólares (en diez días, $us 41 millones sólo en el rubro, según la Cámara de Exportadores de Bolivia), amerita que las autoridades consideren las consecuencias de este tipo de manifestaciones antes de que estallen. No es posible que, a pesar de una posición clara de parte de la administración de Evo Morales respecto de la principal demanda, no haya caminos de solución. La convocatoria a los movimientos sociales en defensa del proceso de cambio, no es una acción prudente, tomando en cuenta que ésta puede derivar en una confrontación innecesaria.
Claro, sistemáticamente, la COB ha rechazado cualquier posibilidad de resolución del conflicto, lo que hace pensar que, más allá de la lucha por los justos derechos de los trabajadores, incurre en una protesta política. Así, la legitimidad del sindicato mayor entra en cuestión.
Ojalá que, como pidieron varias instituciones, la discordia política y social termine en estas horas, para normalizar las actividades del Estado, de la empresa pública y privada, y del ciudadano común, que no necesitan vivir a punta de dinamitazos.
El editor
