La Central Obrera Boliviana (COB) dejó de ser el comando político de la clase obrera y se comporta, incluso ahora que se reanima, como un sindicato a media fuerza. La huelga indefinida, los bloqueos esporádicos, las marchas y vigilias paralizan sólo en parte la economía del país. Son medidas que buscan la atención de peticiones económicas porque los alcances políticos de ese movimiento están muy lejos de configurar un alzamiento que ponga en jaque a los actuales gobernantes.
Las afirmaciones de dirigentes campesinos y cocaleros, de gobernadores (Potosí, Chuquisaca y Cochabamba), de inquilinos del Palacio Quemado, sobre un supuesto comportamiento golpista, sedicioso y/o desestabilizador del accionar de los trabajadores bolivianos, afiliados a la máxima organización sindical de Bolivia, son apreciaciones que evidencian que, quienes ejercen el poder político, hacen una mala lectura de lo que pasa entre nosotros, es decir, realizan un análisis sin ética. Campesinos y colonizadores (incluidas las mujeres del agro), además, amenazan con dividir la COB, enfrentarse con ésta y ayunar en contra de la acción reivindicativa de los afiliados a la máxima organización sindical del país.
Además, la COB no es un partido político de los trabajadores, sólo porque los dirigentes sindicales, en aplicación de una resolución congresal, hayan aprobado documentos y hayan proclamado la existencia de esa instancia partidaria. En este momento no es ese partido el que dirige el actual movimiento. Esa realidad debieran conocerla los gobernantes, pero prefieren culpar a ese partido de lo que éste no hace. Los gobernantes inventan el fantasma del partido de los trabajadores con el que sorprenden, pero a cada vez menos bolivianos.
Que los gobernantes quieren salvar a la Empresa Minera Huanuni es un cuento. Los gobernantes, por anticipado, debieron entender que la huelga en ese centro de trabajo buscaba y busca afectar la economía del país. Por eso, una pregunta elemental es: ¿por qué los gobernantes dan pasos de tortuga (hasta hoy jueves) para buscar una salida al conflicto actual?
Tendría que estar muy claro —para los bolivianos que tratamos de leer la realidad sin anteojeras y que al hacerlo sobreponemos los intereses colectivos a los individuales— que los gobernantes pretendieron y pretenden la derrota de los huelguistas y bloqueadores de vías, apoyados en ese presunto principio, propagado por el vicepresidente Álvaro García Linera, de que el Estado no debe perder ninguna confrontación (con el pueblo) y que siempre tiene que conseguir la victoria. Esa afirmación la hizo el segundo funcionario del país en una clase magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace más de un año. ¿Por qué ese comportamiento de los gobernantes dentro del conflicto actual o ante el momento de la lucha de clases de estos días?
Nos convencemos cada día más de que el presidente Evo Morales, en primer lugar, y sus ministros obedientes, en segundo, defienden, con resolución hasta temeraria, los intereses de los medianos propietarios, en alianza con grandes empresarios criollos y transnacionales. En este momento, una forma de proteger los intereses de los empresarios es mantener los aportes para las pensiones de los jubilados, como se heredó de los neoliberales: que se descuente a los asalariados y que los empleadores, empresarios privados y Estado aporten migajas o nada. Los más de Bs 3.000 millones que provienen del aporte solidario y que tienen como destino el pago de rentas y que están a disposición de los gobernantes sirven para que éstos se comporten solidarios con el dinero de los bolivianos, dijo un economista.
Los afiliados de la COB de este tiempo, lo que debe preocuparnos, continúan desideologizados y despolitizados (con pocas ideas avanzadas y sin ejercer la política a pesar de ser un derecho). Dicho de otro modo: la máxima organización sindical del país no remonta una crisis que puede ser letal, la que acabaría con ella, para dar paso a otra forma de organización, que ojalá fuera más avanzada.
A pesar de todo, la COB desencadenó el actual movimiento reivindicativo-económico y lo dirige mejor de lo que algunos esperábamos. Sin embargo, ese movimiento tiene “mucho de revuelta y poco de revolución”. Por ello, los gobernantes no debieran ni siquiera fingir que viven a salto de mata porque el pueblo en esta hora perseguiría la caída de Morales.
Algo más es cierto: los trabajadores, el pueblo, no necesitan permiso de los inquilinos del Palacio Quemado para participar de la política, la que configura formas “plebeyas”, como decía René Zavaleta. Nosotros nos animamos a yapar con lo que leemos en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Citamos: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Ante las frecuentes violaciones de la Constitución Política del Estado y de otras normas, por los gobernantes, si algo tendría que preocuparles a éstos es que el pueblo boliviano ejerza la política y el derecho a la rebelión contra gobernantes autoritarios, como lo hizo antes.
La huelga, bloqueos, marchas y vigilias de los afiliados a la COB de estos días (que reciben apoyo de médicos y universitarios) no configuran una rebelión, pero constituyen un accionar reivindicativo-económico prometedor, por lo que los gobernantes, si mantienen la calma, tendrían que estar contentos.
La organización, la unidad, la conciencia, las ideas y la fuerza del movimiento que encabeza la COB ayudarían a ésta y a sus afiliados a conseguir la atención parcial de sus demandas económicas-reivindicativas: una mejor renta. Aunque hasta ahora, frente a un Estado —que tiene casi todo del viejo y casi nada del plurinacional del que tanto se parlotea— los trabajadores y el pueblo han conseguido avanzar en una larga marcha, en la que dan pasos pero “sin botas de siete leguas”, a pesar de que el Ministro de Trabajo dijo que es un “caso cerrado” el diálogo por las pensiones.
