La obtención secreta de registros telefónicos de millones de clientes de la compañía Verizon es el último golpe a la credibilidad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visto cada vez por más estadounidenses como un continuador de las políticas que más criticó: las de su predecesor, George W. Bush.
Si el segundo mandato de un presidente es clave para fijar su legado, el de Obama se ha llenado hasta ahora de dolores de cabeza: la revelación del excesivo escrutinio a grupos conservadores del servicio de recaudación de impuestos (IRS), las escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, y el caso de la operadora telefónica Verizon, revelado el jueves por The Guardian.
Según el diario británico, la corte creada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) concedió en abril una orden judicial por la que el Gobierno puede examinar a diario y de forma ilimitada los registros telefónicos de clientes de Verizon durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.
Sumada a los recientes escándalos, esa práctica ha subrayado la percepción de que la Casa Blanca de Obama se está extralimitando al interpretar sus atribuciones en materia de seguridad, una idea a la que no ayuda la promesa incumplida de cerrar Guantánamo (Cuba), donde continúa rigiendo, con ciertos cambios, la política de Bush.
“Bienvenidos a la era de Bush-Obama, un periodo de 16 años en la historia estadounidense que será recordado por una erosión sin precedentes de las sociedades civiles y una falta de respeto a la transparencia”, escribió el analista Ron Fournier, director editorial de la revista National Journal.
Argumenta que, “en la guerra contra el terrorismo y sus traicioneros efectos colaterales, Estados Unidos podría haberse saltado las elecciones de 2008”, porque “no cambiaron nada”.
Bush también recurrió a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para registrar las llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses, una práctica que fue revelada en 2006. Hasta ahora, se desconocía si Obama había continuado esa táctica.
Steve Vladeck, un experto en derecho constitucional y jurisdicción federal de la American University, recuerda que, para hacerse con los registros de Verizon, la Casa Blanca se amparó en la sección 215 de la ley antiterrorista “Patriot Act” de 2001.
Esa disposición permite al Gobierno acceder a “un amplio rango de registros de negocios” siempre que certifique que lo hace dentro de una investigación “para proteger contra el terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia”.
“Creo que lo nuevo aquí es la idea de que los registros telefónicos ordinarios, de llamadas entre dos partes privadas, cuenten como archivos de negocios de una compañía, como Verizon”, dice Vladeck.
“Lo alarmante no es que el Gobierno esté obteniendo datos sin sospechas individualizadas, sino que está usando la provisión de acceder a registros de negocios para conseguir información de personas privadas, que no están implicándose en lo que solemos concebir como transacciones empresariales”, subraya.
Para muchas organizaciones civiles, no obstante, el hecho de que la práctica tenga una base legal desde hace casi 12 años no justifica que el Gobierno de Obama siga recurriendo a ella. “Esto va más allá de lo orwelliano, y es otra prueba más del punto hasta el que los derechos democráticos básicos se están sacrificando en secreto para satisfacer las demandas de agencias de inteligencia que no rinden cuentas”, dice James Jaffrey, subdirector legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Según Vladeck, no obstante, la revelación sobre Verizon “palidece en comparación” con la de los registros telefónicos de AP. “Los grupos de libertades civiles saben desde hace tiempo que el Gobierno tiene estas autoridades, y hay muy poco apoyo en la opinión pública, o el Congreso, para reducirlas”, asegura el experto.
La senadora demócrata Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia, revela que la orden judicial para recopilar los registros de Verizon era una mera renovación de una práctica que lleva ejecutándose desde hace tiempo, lo que puede proporcionar un paraguas al gobierno de Obama ante los renovados ataques.
Pero el hecho de que Bush también recurriera a esa táctica ha dado un nuevo argumento a quienes mantienen que Obama es un mero continuador de su predecesor, al menos en el plano de la guerra al terrorismo, que él precisamente se comprometió a acabar en un reciente discurso en la Universidad de Defensa Nacional.
La sucesión de escándalos, sin embargo, no parece haber hecho mella en el índice de aprobación de Obama, que se mantenía en el 53% en una encuesta de la CNN de finales de mayo. “Simplemente, no hay quórum entre los votantes para volver a imponer protecciones a la privacidad dentro de las amplias autoridades que el Gobierno consiguió después del 11-S”, reflexiona Vladeck.
