Tan pronto concluyó la reunión entre los agentes de Bolivia y Chile con el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el 12 de junio, el canciller Alfredo Moreno sentenció con aires intimidatorios que ahora “Bolivia deberá probar de dónde surge la obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar para ese país”, enfatizando en que “Bolivia va a tener que probar esta supuesta obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico” y que solamente hubo conversaciones, repitiendo aquello de “que no existe ninguna obligación legal, ningún compromiso que Chile haya tomado ni ahora ni antes ni nunca de otorgar una salida soberana a Bolivia a través del territorio chileno”.
En realidad, si de eso se trata, la demanda boliviana está respaldada por lo que los juristas llamarían prueba preconstituida, establecida, de manera incontestable, por las numerosas ocasiones en las que Chile se comprometió formalmente a resolver el enclaustramiento geográfico de Bolivia, de las que, a guisa de ejemplo, citaremos sólo cuatro.
Como es bien conocido, en 1950, mediante una nota dirigida a nuestra misión diplomática en Santiago, el Gobierno de Chile declaró que “animado de un espíritu fraternal hacia Bolivia está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”.
Del mismo modo, a través de un memorando entregado a la Cancillería boliviana por el embajador de Chile en La Paz, en fecha 10 de julio de 1961, se ratifica la voluntad del Gobierno de Santiago de entablar gestiones directas con Bolivia, en los términos acordados en las notas intercambiadas en 1950.
Algunos años más tarde, concretamente en 1975, dentro del proceso diplomático iniciado en Charaña, Chile, en respuesta al planteamiento boliviano, manifiesta “su disposición a considerar la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana”. Para encaminar este compromiso, Chile procedió a consultar al Perú en procura de su consentimiento, cumpliendo con lo dispuesto por el Protocolo Adicional al Tratado de 1929.
Finalmente, el 8 de septiembre de 1977, en ocasión de la firma de los tratados que le devolvieron a Panamá la soberanía sobre el canal, los presidentes de Bolivia, Chile y Perú, reunidos en la embajada chilena en Washington, suscribieron una declaración cuyo texto destaca que “los mandatarios se reunieron para considerar la marcha de las negociaciones encaminadas a solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia” y que “como resultado del cordial y constructivo análisis que realizaron… acordaron instruir a sus respectivas cancillerías para que, conforme a este propósito, continúen los esfuerzos orientados al logro de una solución del citado problema”.
Por lo señalado anteriormente, resulta incomprensible, entonces, que el Canciller chileno sostenga, en las declaraciones antes mencionadas, que “no existe ningún compromiso que Chile haya tomado ni antes ni ahora ni nunca de otorgar una salida soberana a Bolivia a través del territorio chileno”.
Para terminar: compromiso, dicen los diccionarios, es la obligación contraída, la palabra dada, en suma, la manifestación de la voluntad que se traduce en un acto jurídico. Es exactamente lo que ocurrió, sin réplica posible, en el marco de las negociaciones sucintamente referidas y en tantas otras declaraciones oficiales, que no se pueden borrar del registro histórico, sólo porque las autoridades chilenas hubieran sufrido, ante la demanda boliviana, un súbito ataque de amnesia.
