La defección del contratista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden es la chispa que provoca un incendio político de dimensión universal. Es, en efecto, el estallido de la guerra cibernética que se desarrolla en un escenario desconocido por el común de los mortales. Está reservado a las élites de los servicios de inteligencia más sofisticados, tanto que solamente los especialistas tienen acceso.
Eso y más, se nos demuestra en el reciente libro de Julian Assange, escrito en colaboración con tres expertos, La amenaza a nuestras libertades: cómo Internet nos espía, como defendernos. El texto deja la impresión del más oscuro pesimismo, por la impotencia que se siente ante el avasallador poder de la alta tecnología que impide a ciudadanos y a Estados poco avisados conservar la privacidad de los primeros y la soberanía de los segundos. No se trata sólo de que los servidores (Facebook, YouTube, Google, ATT, AOL, Skype, etc.) pongan, como lo hacen, sus megadatos (miles de millones de intercepciones almacenadas) al servicio de las agencias de seguridad, sino que desde la fabricación misma de los computadores, de los cables submarinos, de la fibra óptica, de semiconductores y hasta de los satélites, éstos se habilitan para las innobles tareas del espionaje. No es ciencia ficción, sino conocimiento ególatra de los detentadores del saber, cuyo acceso está vedado a enemigos y a amigos por igual. En tales circunstancias, parece que el mundo ya no se divide en este y oeste, en norte y sud, en comunistas y capitalistas, sino que la dicotomía de explotadores y explotados se ha trasladado a la contienda entre los que saben y los que no saben. De manera que la gran aspiración de los de abajo es el acceso al conocimiento, porque la brecha es enorme, casi insalvable. Por todas estas razones, el joven informático Edward Snowden es más peligroso que una bomba de destrucción masiva y su captura escapa a cualquier escrúpulo en la observancia de las normas internacionales de la convivencia civilizada entre los Estados.
En ese marco se inscribe la increíble aventura a la que fue sometido el presidente Evo Morales, cuya aeronave fue vetada, en tiempos de paz, a sobrevolar territorios que, como Francia, Portugal, Italia y España, mantienen relaciones normales y hasta amistosas con Bolivia. Si bien el “permiso de vuelo” no es una obligación, sino una cortesía, lo que aconteció fue orquestado en forma de provocar un aterrizaje forzoso para poder inspeccionar el avión y asegurarse que entre los pasajeros no iba incluido el sicofanta americano.
Esa tarea, con sigilo y ponderación, fue cumplida por la Policía austriaca, previa gentileza de una sorprendente visita del presidente anfitrión, Heinz Fischer, y el calentamiento protocolar del embajador español en Viena. Seguramente, la verificación, el escrutinio y análisis de miles de mensajes telefónicos, de SMS (short message service) y de correos electrónicos intercambiados por fuentes sospechosas, duraron las 14 horas del arresto presidencial en el aeropuerto de Schwechat. Solamente así se explica la demora para que la luz verde se ilumine en París, Madrid, Lisboa y Roma, y Morales pueda continuar su periplo.
Ante estas conjeturas, resulta redundante invocar la Convención de Viena, redactada y signada hace más de medio siglo y que, efectivamente, garantiza el libre tránsito de funcionarios gubernamentales y diplomáticos por terceros países, con mayor razón de un mandatario en ejercicio de las tareas inherentes a su alta investidura. Es más, su aeronave que goza de la inmunidad diplomática, en el supuesto negado que hubiese albergado a Snowden no podía ser requisado por motivo alguno y el requerido ocupante tampoco podría haber sido entregado sin previo trámite de extradición, por cuanto el avión presidencial, teóricamente, es parte extensiva del territorio nacional. A ello obedece la precipitación, casi amateur, de la Embajada de Estados Unidos, que solicitó oficialmente a la Cancillería la extradición de un sujeto ausente en Bolivia, pero presuntamente hospedado en el Falcon 900. Esa gestión da a pensar que, en caso dado, se planeaba extraer de la nave incluso manu militari al informático de marras.
Lo que resulta injustificable, pero comprensible, es la actitud asumida por los países en tránsito que sólo unas horas antes protestaron enérgicamente ante Estados Unidos por la penetración indebida de sus comunicaciones y por la instalación de micrófonos clandestinos en algunas de sus sedes diplomáticas, sorprendidos que se espíe a gobiernos amigos, aunque sin decirlo tolerarían que lo hagan con otros.
Todo ello nos lleva a pensar que las normas del derecho internacional y de la Convención de Viena en particular deben actualizarse a tono con el fenómeno provocado por el avance de la tecnología informática que no reconoce frontera alguna, que puede penetrar hogares, oficinas, barcos, vehículos y hasta aviones. Regular bajo control multipolar el almacenamiento de megadata para que so pretexto de la lucha antiterrorista o contra el crimen organizado, no se use abusivamente ese acopio de datos privados en beneficio de potencias hegemónicas, de multinacionales o en guerras comerciales bastardas.
Entretanto, para subsanar el agravio sufrido por Bolivia, sólo quedan dos caminos: aceptar las excusas rendidas por el Estado infractor o estudiar las medidas de retorsión que legítimamente corresponderían al Estado perjudicado. Acudir a organismos internacionales o a estrados judiciales, sólo conduciría a un resarcimiento de tipo moral que en medida alguna compensaría la humillación sufrida por el Presidente de un pequeño país, pacífico e inofensivo.
