A tres años de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (19 de julio de 2010), la ministra de Autonomías y Descentralización, Claudia Peña, cuenta en qué estado se encuentra el proceso. De 11 procesos de conversión a autonomías indígenas, cinco ya tienen sus estatutos en fase de revisión constitucional en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Adicionalmente, en las próximas semanas, habrá otros dos estatutos más que serán presentados.
La autoridad expresa que espera con “mucha curiosidad” lo que pueda decir el TCP al respecto, pues ese fallo inicial va a servir para todo el futuro proceso estatutario y autonómico indígena.
— ¿Cómo va el proceso estatutario de las autonomías indígenas?
— Sobre los municipios, ya hay cinco de ellos que están con sus estatutos en consulta en el TCP desde octubre de 2012. Se trata de los municipios de Chipaya, Totora y Pampa Aullagas, en Oruro, y de Mojocoya (Chuquisaca) y Charagua (Santa Cruz).
— Han pasado casi diez meses de su presentación, ¿no hay un plazo en que el Tribunal debería pronunciarse?
— El Tribunal no se ha manifestado en ninguno de los cinco estatutos indígenas. Formalmente tiene un plazo de 45 días para responder, pero también tiene la facultad de suspender el tratamiento de un tema y todos esos días no son contabilizados. Entonces, no ha salido ninguna declaración.
— Eso retrasa el proceso. ¿Se puede hacer algo?
— Ya depende de ellos. Nosotros estamos esperando con mucha curiosidad la primera declaración que vaya a emitir el Tribunal Constitucional porque eso nos va a dar lineamientos muy importantes para el resto del proceso de autonomías indígenas. Además, en el caso de Huacaya ya se ha concluido todo el proceso estatuyente y sólo se están viendo los últimos detalles formales para que sus estatutos sean enviados a consulta constitucional y también los de Charazani (La Paz).
— ¿Cuál es trabajo del Ministerio de Autonomías en aquello que sí está en sus manos?
— Estamos haciendo el seguimiento a 11 procesos de conversión de municipio a autonomías indígenas. Asimismo, hemos recibido recientemente algunas solicitudes, ocho, para la conversión de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) a autonomías indígenas.
— ¿Cuáles fueron y son las mayores dificultades del proceso?
— Han habido varias dificultades en el proceso de las autonomías indígenas. A pesar de eso, han marchado más rápido que los estatutos departamentales, de los que sólo hay uno en consulta, Beni. Aunque La Paz seguramente los enviará en estos días. En el caso de las autonomías indígenas, pasa lo mismo que en la autonomía regional del Chaco: no existe el gobierno indígena ni el gobierno regional mientras no haya un estatuto plenamente vigente. Entonces, todavía no podemos hablar de autonomías indígenas en el país como algo existente.
— ¿Qué detiene esto?
— Ha sido dificultoso porque el proceso encierra varios desafíos en su propia naturaleza. Primero, porque es algo nuevo que tensiona las relaciones dentro de las unidades territoriales que están siguiendo el proceso. Estamos hablando de, por ejemplo, que cuando hay que formar una asamblea estatuyente, los temas de representación han sido muy discutidos. Para conformar una asamblea no solamente podemos tomar en cuenta los criterios de representación de las naciones indígenas, sino que esos criterios ya están entrecruzados con los de la participación de los jóvenes y las mujeres, por ejemplo.
— Pero eso no tiene nada que ver con el modo de representación de los pueblos indígenas…
— Claro, no necesariamente tiene conexión con el modo de representación indígena. A algunas asambleas les ha resultado más fácil que a otras conformarse de manera legítima y representativa tomando en cuenta estos criterios. Pero también hubo una dificultad en la conformación respecto de la cantidad de representantes de las diferentes parcialidades en un mismo territorio, unas con mayor población que otras. Entonces, ¿cuál es el criterio más justo de representación? ¿Debe ser igualitaria o no? Ésa fue una discusión muy importante.
— ¿Lo económico representó y representa alguna dificultad?
— Sí, porque en el caso de las asambleas departamentales, sus miembros están recibiendo un sueldo, de igual forma en el caso de los concejos municipales; no sucede lo mismo con los asambleístas indígenas. Entonces, tenemos asambleístas indígenas trabajando en los estatutos dos o tres años, pero que jamás han recibido un sueldo y tienen que equilibrar entre sus necesidades económicas, su ocupación y su trabajo en sus asambleas en un proceso que demanda tiempo y que de paso le significa gastos personales.
— ¿Cómo solucionar esta falencia?
— Pienso que si ahí habría un apoyo de los gobiernos municipales de los cuales se desprende la iniciativa de autonomía, se facilitaría. Eso podría solucionarse en cada municipio. Lamentablemente, estos procesos han tenido el apoyo de los alcaldes en muy pocos casos porque para ellos esto significa perder poder. Ellos ven que si se implanta el gobierno indígena significará la acortación de su gestión municipal. Así, hubo actitudes de boicot por parte de las autoridades municipales.
