El golpe de Estado del 17 de julio de 1980, que instaló una dictadura militar fascista de narcotraficantes y pronarcotraficantes, fue parte de una cadena de regímenes de similar contenido (de clase social, de conducta política y de ideas retrógradas) que arrancaron con golpes de Estado: en Brasil (1964) y siguieron en Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973) y Argentina (1976). El proceso progresista de Perú, que promovió una prometedora reforma agraria, empezó su declinación y derrota con la sustitución de su líder máximo: Juan Velasco Alvarado, destacado jefe militar (1975). A esos regímenes militares y fascistas siguieron las extrañas muertes, nunca esclarecidas plenamente, de presidentes progresistas como Omar Torrijos de Panamá (1981) y Jaime Roldós de Ecuador (1981).
En 1979, durante 15 días, gobernó Alberto Natusch Busch, luego de un cruento golpe de Estado (“Masacre de Todos los Santos”), pero una huelga política de la Central Obrera Boliviana (COB) y la resistencia del pueblo acabaron con esa dictadura fugaz. Fue la “fuerza de la masa” la que acabó con ese régimen, para decirlo con las palabras de René Zavaleta.
La dictadura narcofascista, como se denominó a la que encabezaron Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez, interrumpió un proceso democrático de minorías, pero que reconoció la libertad política para todos, incluidos los que conspiraban contra ese régimen.
Mientras tuvo lugar la resistencia al golpe narcofascista, especialmente en los centros mineros, varios de éstos fueron ametrallados desde aviones de la Fuerza Aérea y/o fueron ocupados por la soldadesca, como sucedió en Caracoles, en La Paz. Autocríticamente, es posible agregar que en esa resistencia faltó mayor unidad del pueblo, una organización mucho más efectiva, ideas más avanzadas, una conciencia y principios a toda prueba. Ante ese accionar del pueblo, militares y paramilitares, policías y parapolicías, se impusieron en el terreno en el que sí son fuertes: el de las armas.
Las pocas ideas que asumieron como suyas los dictadores o que elaboraron sus asesores estuvieron muy lejos de configurar un discurso antiimperialista, un ejemplo es la afirmación de Luis García Meza de que su gobierno se mantendría 20 años en el poder, aunque los bolivianos comamos chuño y charque. Esa declaración hizo el dictador porque se sentía “bloqueado” por el Gobierno de Estados Unidos de ese tiempo. En realidad, el régimen narcofascista instalado en Bolivia no había sido reconocido por el gobierno del país del norte.
Otra “idea” del principal dictador de 1980 fue que en nuestro país se instalaría una democracia “inédita”. En el tiempo en el que se difundía ese despropósito y como un adelanto del mismo, paceños y bolivianos vimos o fuimos informados de que García Meza, en ese momento comandante del Ejército, encabezó una autoritaria columna de tanques y tanquetas que recorrió desde el entonces Regimiento Tarapacá (El Alto) hacia el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en el barrio de Miraflores. Esa columna tuvo una intención intimidatoria.
Entre las actividades ilícitas que fueron descubiertas, se cuenta la protección de esos dictadores a familias de narcotraficantes y el tráfico de piedras semipreciosas de La Gaiba, en Santa Cruz, frontera con Brasil.
Incluso, miembros de esa dictadura, como el que fue ministro de Educación de esa dictadura, Ariel Coca Aguirre, traficaron con cocaína: un avión, cargado con ese estupefaciente y conducido por él, fue detenido en Panamá. Esa información, sobre la actividad ilícita del otrora Comandante del Colegio Militar de Aviación fue difundida por la revista brasileña Veja, la que nunca fue desmentida de manera suficiente. Importa mucho decir, asimismo, que Coca Aguirre consiguió su libertad de inmediato y no se sabe que haya sido procesado y menos sancionado por ese delito.
El tráfico con las piedras semipreciosas de La Gaiba sirvió, sin duda, para el enriqueciendo irregular de los dictadores. Sobre los desaparecidos de ese tiempo, entre otros, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, así como de los operativos durante el golpe y los posteriores, en una entrevista, el exministro del Interior Luis Arce Gómez prometió informar y no lo hace.
Sin embargo, fuentes confiables hicieron saber que el general jubilado Rodrigo Lea Plaza, que fue ministro de la dictadura narcofascista y que ocupó el cargo de jefe de Operaciones de la institución armada, conoció, planificó y ordenó la ejecución de tales operativos.
Operadores de la dictadura de García Meza-Arce Gómez siguen sueltos, algunos incluso a pesar de las sentencias en su contra. Alguno o algunos de ellos han muerto o los dan por muertos. Falta averiguar, empero, para confirmar o desmentir esos decesos porque organismos de inteligencia, aquí y fuera, circulan rumores sobre defunciones de aquéllos con el propósito de protegerlos.
Es insoslayable anotar, además, que al menos dos periodistas vieron rasgos antiimperialistas en esa dictadura y sugirieron “entrar” a ese “proceso” para reconducirlo. No sabemos que esos periodistas se hayan autocriticado de ese gravísimo error, el que fue expresado en notas suyas publicadas en la revista Clarín y en las que propusieron ese “entrismo”.
Los trabajadores de los medios de difusión aportaríamos en la búsqueda de los desaparecidos por obra de los dictadores de 1980. Y una manera de hacerlo es que averigüemos lo que conoce Lea Plaza, exministro y exjefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas, que reside en Tarija.
La derrota de la dictadura narco-fascista fue una victoria del pueblo boliviano: en menos de 20 años, tiempo que soñaron ejercer el poder, las masas acabaron con la dictadura militar fascista, facilitadora de narcotraficantes. Además, entre los dictadores, hubo traficantes de cocaína que pasearon su impunidad por las calles de la patria, como el que fue ministro de Educación de ese régimen de terror.
