Por primera vez, la Constitución Política del Estado (CPE) se preocupa por la reivindicación de muchos derechos de los ciudadanos. Uno de ellos es de la información, aspecto que normalmente el Estado, la administración pública y los medios de información/comunicación suelen atribuirse o usarlo para sus fines.
En realidad, el texto constitucional de 2009 reafirmó lo que en los hechos muchos entes públicos y privados propiciaban en su afán de devolverle al ciudadano común ese derecho a la información, por la misma evolución de las sociedades en relación a los Estados que las protegen y las luchas sociales y políticas. Los artículos 106 y 107 de la CPE establecen con claridad ese precepto, que concierne, en particular, a los ciudadanos, a los trabajadores de la prensa y a los medios de información.
“El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”, reza el parágrafo I del 106. También garantiza el derecho “a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
En las últimas semanas, la agenda de los medios y de la opinión pública se ha concentrado en el debate sobre la futura Ley de Acceso a la Información, que pretende regular la dotación de información pública, sin mayores restricciones que los datos vinculados a la seguridad y a la soberanía del Estado. Aunque algunos gremios de periodistas y medios se han atribuido la dirección de la norma a sus actividades, aquélla debería estar dirigida a la sociedad en su conjunto, sin particularidades.
En el análisis de la presente edición se han detectado tres riesgos de discrecionalidad en la ley: limitaciones respecto de la información “en proceso”, restricciones a través de un eventual decreto y la atribución de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Procuraduría de determinar la información susceptible de ser pública.
Que el debate no sea politizado.
El editor
