Los datos del censo han despertado ángeles y demonios, y no sin razón. Una primera discusión —no resuelta— se centra en la falta de credibilidad en la información, que por los antecedentes que todos conocemos, ha sido fuertemente cuestionada y, con seguridad, todavía generará muchas controversias; lo cierto es que rectificaciones más o menos, éstos terminarán siendo asumidos como el mapa oficial para graficar el país de aquí en adelante. No podemos hacer ninguna consideración sobre el contenido de la información sin referirnos antes a este tema que ha dejado una sombra de duda respecto al proceso y sus resultados.
En relación con la información presentada, uno de los aspectos más sorprendentes ha sido el dato sobre la población indígena. La relación general muestra que mientras en 2001 aproximadamente el 62% de la población de 15 y más años de edad se autoidentificaba con un pueblo indígena. En el censo de 2012, este porcentaje habría disminuido a cerca del 41%.
En términos absolutos, los indígenas en el censo de 2001 ascendían a 3.145.775 y en 2012, 2.806.592; o sea, ha descendido en casi 340.000 personas. Hilando más fino, esta disminución se refleja en los dos grupos indígenas poblacionales más grandes del país: los quechuas y en menor grado los aymaras. En 2001, la población quechua era de 1.557.689 y se redujo a 1.281.116, disminuyó en aproximadamente 276.000 habitantes; mientras la aymara, de 1.278.627 en 2001, bajó a 1.191.352 en 2012, perdió cerca de 87.000 habitantes.
En el resto de pueblos indígenas se puede verificar que mientras algunos pequeños han crecido bastante (hasta en el 90% como los Araona o los Juaquiniano), otros más grandes disminuyeron su tamaño, como los Guaranís, en cerca de 20.000habitantes, los Chiquitanos en 25.000, o el pueblo Moxeño en poco más de 12.000 habitantes.
No deja de ser curioso lo sucedido con los Yampara, que evidentemente no existían en los datos de 2001 y tampoco en los datos del Censo 2012 publicados recientemente, pero ante el reclamo y la protesta de sus representantes ante las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE), éstas terminaron asumiendo la existencia de 5.934 habitantes pertenecientes al pueblo Yampara de Chuquisaca, añadiendo más incertidumbre a la información publicada.
Los datos de 2012 resultan controversiales, considerando que las argumentaciones que sustentaron el Estado Plurinacional y los discursos gubernamentales de todos estos años se basaron en el censo de 2001. Así, la difusión de los datos ha merecido una diversidad de reacciones de distintos sectores. Las organizaciones indígenas de tierras bajas, al mando de Adolfo Chávez, advierten sobre la amenaza de que, con los nuevos datos, el Gobierno quiera reducir sus territorios. La lectura del dirigente, sin embargo, es interesante y da una pauta para la interpretación sobre la autoidentificación indígena en Bolivia cuando señala que: “es posible que muchos hermanos de tener nacionalidad, han decido ser mestizos porque dicen, qué beneficio nos trae ser indígenas”. Por su parte, el presidente Evo Morales atribuye esta disminución a una posible “etapa de desclasamiento” o una mayor “mentalidad colonizadora” en el país.
Otras lecturas, con el ánimo de discrepar con los datos y hacer énfasis en los problemas técnicos y procedimentales del censo, argumentan que la distorsión se debe a la manera en que se realizó la pregunta —si se autoidentifica con un pueblo indígena en un caso o si pertenece en el otro—, o a los términos utilizados en la pregunta, antecediendo el “como boliviano…” o cuando se incluyó la palabra “campesino” después de indígena originario. Al respecto, considero que los encuestados sabían exactamente a qué se refería el encuestador más allá de los detalles formales de la pregunta. Otros explican los datos en relación con las olas discursivas y simbólicas instaladas en determinados momentos de la historia reciente del país. Por último, un conjunto de comentarios celebran este dato como la constatación de una Bolivia mayoritariamente mestiza y el desmoronamiento del discurso del Estado Plurinacional.
Si partimos de la conceptualización asumida de manera general en las ciencias sociales actuales, de que la identidad no es un dato estático, inmutable ni esencialista, sino más bien se caracteriza por su dinamismo y por su estado de construcción permanente, podemos seguir algunas pistas para encontrar explicaciones a la realidad. La identidad o autoidentificación tiene estrecha relación, en primer lugar, con el contexto histórico específico en que se verifican; en segundo lugar, con la interacción con él o los otros y, por último, con el Estado y el poder político.
Existe una definición mínima de pueblo indígena de la cual es preciso partir. De acuerdo con las normas internacionales y nacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la actual Constitución, se considera como pueblos indígenas aquéllos cuya existencia es previa a la colonización española, han logrado mantener una continuidad histórica a través de los siglos y que al presente mantienen cosmovisiones, prácticas culturales y formas de organización socio-económica y política particulares y distintas. Sin embargo, en el curso de dicho proceso han ido recreando su identidad en relación con los factores externos de los que también forman parte; por ello la cantidad de personas que se autoidentifica o dice pertenecer a un pueblo indígena varía, y no responde necesariamente a un crecimiento vegetativo de sus pueblos o a la extinción progresiva por efecto de la migración, pues aún migrando de sus territorios de origen, en muchos casos mantienen y trasladan su identidad a otros espacios rurales o urbanos recreando sus prácticas culturales.
Con base en estas consideraciones, podemos afirmar que los cambios en la adscripción identitaria se explican tanto por las tendencias marcadas por coyunturas históricas determinadas, por su permanente vinculación con los otros especialmente a través del mercado y la economía, así como por su posicionamiento político. Por ello no es lo mismo ser indígena, a principios de siglo como parte de un discurso emblemático frente a la crisis estatal, que diez años después cuando dicha eficacia está en duda justamente frente al poder. De ahí la necesidad de poner los datos en contexto.
