La salida irregular del senador Róger Pinto —quien en uso de la protección del asilo diplomático, concedida por Brasil desde junio de 2012, y que atravesó la jurisdicción del Estado boliviano el 24 de agosto, sin el respectivo salvoconducto, documento indispensable que en el marco del derecho de asilo, el Estado territorial, Bolivia, debió otorgarle al Estado asilante, Brasil— ha despertado un sinnúmero de hipótesis y conjeturas sobre esta inédita “fuga diplomática” en ambos lados de la frontera.
Las “gestiones y lobby” sobre la situación y estatus de Pinto en Bolivia tuvieron eco en la política interna del vecino país, donde incluso recibió la asistencia y protección de legisladores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista y gobernante Partido de los Trabajadores (PT), hecho que puso al descubierto la divergencia entre aliados, sobre diferentes temas de política interna y externa del Brasil.
Sin embargo, frente al contraste de posiciones entre el Estado territorial y el Estado asilante sobre la pertinencia de la concesión del asilo diplomático al legislador (quien para el Gobierno de nuestro país debe responder ante la Justicia por delitos comunes y con declaraciones y posiciones de La Paz y Brasilia sobre su condición y estatus, y mientras se asistía al “cuadrilátero mediático” sobre el tiempo de la permanencia del senador en la Embajada de Brasil en Bolivia) se destapó el “escándalo” cuando precisamente los personeros de la misión diplomática permanente de Brasil en La Paz decidieron trasladar al “polémico senador” hasta la frontera, haciendo uso de la inviolabilidad e inmunidad del vehículo oficial diplomático del vecino país.
Vulneraron la jurisdicción del Estado territorial, Bolivia, al omitir de manera unilateral y discrecional el uso y la presentación del salvoconducto para el traslado del senador, hecho que provocó un polvorín en Itamaraty y el malestar de la propia presidenta Dilma Rousseff.
No hay duda de que este irregular traslado representa un caso único en la larga tradición del asilo en el vecino país, que además exhibe ante la región y el mundo uno de los más especializados e institucionalizados servicios exteriores. Por tal motivo, de manera inmediata se cambió al canciller Antonio Patriota, además de una investigación y sumario de responsabilidades en contra del personal diplomático del Brasil en La Paz.
Por esta situación y el consecuente “torbellino mediático” con debates y posiciones desde el carácter triunfal de esta inusual salida de Pinto de Bolivia hasta la “fuga asistida de un delincuente con sentencia” de nuestro país, se “enturbió” la percepción en las relaciones de Bolivia y Brasil, y viceversa. Sin embargo, frente a este escenario de tensiones diplomáticas los presidentes Evo Morales y Rousseff se reunieron en la Cumbre de Unasur, en Surinam, expresando claras señales de preservar por encima de cualquier “incidente” la relación y los temas de la agenda bilateral de Bolivia y Brasil, que por cierto tiene un significado de importancia e interés entre ambos países. Máxime si el vecino país es dependiente en el 30% de su consumo interno de gas boliviano y, en contrapartida, nuestro país depende de la extraordinaria renta de ingresos por concepto de la compraventa de gas del coloso sudamericano.
Finalmente, el “incidente Róger Pinto” ha puesto a prueba la relación entre ambos países, relación que definitivamente trasciende a este tipo de “impasses diplomáticos” y se asienta sobre los intereses que Bolivia y Brasil proyectan, ratificando que desde el interior del vecino país existen aún posiciones y voces divergentes que apuestan por “endurecer” las relaciones con Bolivia, asignándole a los temas de interés de Brasilia un carácter de imposición y supremacía sobre nuestro país.
En los hechos, la soberanía e independencia en las posiciones que ambos países asumieron sobre el “incidente” y estatus del senador Pinto —incluso con la apertura de gestiones oficiales que realiza hoy el Estado boliviano para entregar la documentación al Conare de Brasil, ante un eventual trámite de un nuevo estatus de refugiado que los abogados del senador buscan en el vecino país— han sido demostradas. En este contexto, es imperativo que este tipo de “incidentes” estén marginados de los temas duros de la agenda bilateral, y que a través de la diplomacia de máximo nivel, representada por los presidentes de ambos países, sea posible superar y zanjar los “incidentes de distorsión” en las relaciones de Bolivia y Brasil.
En las relaciones entre los Estados no deben existir ni amigos ni enemigos, deben haber intereses. Nuestro país, en los últimos años, ha dado importantes muestras de cambio en la orientación y expresión de su política exterior frente al sistema internacional, asumiendo los temas, objetivos e intereses de su agenda externa de forma independiente, ajena a los condicionamientos e involucramientos tradicionales. Por ello, frente a la relación con nuestro vecino Brasil, se mantuvo y se mantiene la posición sobre la situación del senador Pinto y sus deudas con la Justicia boliviana, invocando la respectiva devolución, vía la extradición. No obstante, el hecho es poco probable, debido al principio de “no devolución” que impera en el marco de la Convención de Derecho de Asilo y de la que el Brasil es signatario, por ello se debe separar el “asunto Pinto” de los temas duros de la agenda bilateral y conservar nuestra satisfacción y consolidación de los intereses de la política exterior boliviana con respecto a Brasil.
