El federalismo en Bolivia sigue siendo una mala palabra. Aunque todas las prácticas políticas, institucionales y sociales demuestran lo contrario. Incluida nuestra Constitución. Un repaso de las características básicas del modelo federal lo evidencia: pacto territorial; autogobierno territorial; capacidad de gestión administrativa y legislativa; elección de autoridades; federalismo fiscal; aprobación de planes de desarrollo y presupuestos territoriales; diferencias geográficas, históricas, identitarias, jurídicas, culturales, creencias y modos de producción… Y por si esto no fuera suficiente, al reconocer la Constitución 36 naciones preexistentes al Estado nacional, y ser éste el producto de una voluntad constituyente de esas naciones a través de un pacto con la nación boliviana para dar nacimiento a una nueva entelequia jurídico-política, se cierra el círculo.
Cuando la ministra de Autonomías, Claudia Peña, anuncia entusiasta que se están resolviendo de manera concertada los límites territoriales entre Cochabamba y Chuquisaca, lo ratifica. Las movilizaciones departamentales que paralizan las actividades, más allá de diferencias o semejanzas ideológicas con el Gobierno central (y a las que se suman parlamentarios, gobernadores y alcaldes), es otra evidencia. La aprobación de estatutos autonómicos, regionales e indígenas y cartas orgánicas municipales, completan el marco institucional. La propuesta de un pacto fiscal, en el que intervendrán los presupuestos y las finanzas de las entidades territoriales, va en la misma línea. La aprobación de leyes departamentales que son elevadas directamente al Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad sin que pasen por el Parlamento nacional, como la posibilidad de acciones jurídicas de gobernaciones que en uso de su personalidad jurídica, pueden iniciar contra el Gobierno central, se suman a las evidencias.
Todo esto es parte, además de una paradoja extraordinaria. El facilitador legal de este escenario político, ahora también constitucional, es el centralismo democrático practicado por el sindicalismo del MAS, juego de palabras que deja en evidencia los guiños que ofrece esta historia.
El federalismo fue sinónimo de separatismo, desunión y confrontación nacional en la historia boliviana. La conservación de la unidad y la independencia que dejó como mandato Antonio José de Sucre (refiriéndose a las relaciones con el Perú), fueron asumidas con entusiasmo febril por los detentadores del poder (militares y mineros), y las sostuvieron como homogeneidad forzada, a fuerza de asonadas y cuartelazos.
Un territorio desarticulado, de grandes extensiones y muy poca población, fue el caldo de cultivo para generar las dificultades de gobernabilidad y falta de cohesión social de la que adolecemos. Bolivia es el único país del sistema interamericano que sigue discutiendo en el siglo XXI su razón nacional; todos los demás Estados lo resolvieron en el siglo XIX.
Tendremos que reconocer que falta asumir el animus que le da eficacia a la voluntad, para que se perfeccione el instrumento. En el imaginario, “lo federal” está unido a situaciones que necesitan enfrentarse (revolución igualitaria de Andrés Ibáñez) y superarse (Guerra Federal y cambio de la capitalidad); o el uso coyuntural de la propuesta como oportunismo político (fue bandera política de FSB), o como molestia (levantado en Potosí de manera reiterada en sus movilizaciones cívicas).
Otra traba que fue utilizada reiteradamente fue la resistencia de las Fuerzas Armadas que entendiendo la unidad nacional como origen de su institucionalidad se opusieron al federalismo como doctrina de seguridad interna; en este tema, un abordaje académico puede servir para superar los preconceptos (Argentina, Brasil, Estados Unidos, México y Venezuela son Estados federales en los que no se han cumplido las previsiones secesionistas). Una evidencia que hace prever cambios en las Fuerzas Armadas sobre este tema, ha sido la modificación del enfoque ideológico adquirido durante este gobierno y que se expresa en el grito de “Patria o muerte, venceremos”, similar al que utilizaba su enemigo, el médico Ernesto Che Guevara.
Convengamos, inteligentemente, que el tema planteado por cualquiera de los métodos de abordaje propuestos, puede generar susceptibilidades y no parece práctico incorporar un elemento de turbulencias. La realidad seguirá en su trabajo de demostrar por la vía de la evidencia, lo que el discurso le niega.
En todo caso, existe una asignatura pendiente en este momento sobre el tema de autonomía que puede ayudar a desentrabar procesos. Mientras las asambleas legislativas departamentales no ejerzan su facultad legislativa y aprueben leyes departamentales de verdad, nuestro modelo autonómico carecerá de su elemento de verificación.
El ejercicio de competencias no tiene que ver con afectos o desafectos ideológicos, sino con posibilidades constitucionales y aplicación madura de la democracia; sobran los ejemplos para demostrar cómo los antagonismos terminan ejecutando la coordinación territorial del poder, como corresponde.
Esta práctica servirá, además, para que el Gobierno central no se acostumbre a gobernar de la manera que pretende hacerlo, con desconocimiento de las normas constitucionales y ejercitando la dictadura de la chequera que tanto le gusta al centralismo. El súper ministro Arce Catacora se ha convertido en una suerte de Órgano Legislativo y Tribunal
Constitucional a la hora de definir el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas, definiendo procedimientos y plazos, sólo aceptables por el temor político. Eso, también, debe ser labor de las entidades territoriales autónomas a la hora de hacer valer los mandatos constitucionales.
Estamos en periodo de vacas gordas en la economía, que no se está fortaleciendo la gobernabilidad ni logrando gobernanza. Es responsabilidad de todos no desaprovechar la oportunidad. Llegó la hora de la operación autónoma a fondo.
