La victoria en las elecciones al rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés de Waldo Albarracín ha tenido eco en el país, por provenir de una de las personas que dirigirá una de las universidades más importantes y que guarda una tradición de lucha más que centenaria.
La lucha de los años 60, cuando se desató la “Revolución Universitaria”, que tuvo su expresión política más lúcida en la dirigencia estudiantil que se inmoló en la guerrilla de Teoponte, selló al movimiento universitario que en los 70 y 80 del siglo XX fue uno de los actores centrales de la recuperación democrática.
Luego de 1982, la universidad pública en todo el país se convirtió en uno de los pilares de defensa de la democracia y, años después, de resistencia contra el Decreto Supremo 21060 que implantó el neoliberalismo en el país. Posteriormente a la derrota “de la Marcha por la vida” y la consolidación de la “democracia pactada”, el movimiento universitario sufrió la disminución de su protagonismo político, lo que se vio agravado por la crisis de las ideologías a causa de la caída del Muro de Berlín el año 1989 y el desplome del campo socialista y la desintegración, en 1990, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Las universidades públicas, casi sin excepción, se centraron en la defensa de la autonomía y de sus presupuestos amenazados por la inclemente política neoliberal, que pretendió privatizar la educación superior y racionalizar recursos para las casas de estudios superiores en función a sus políticas de ajuste fiscal. A la par que la mística generada por las variadas influencias ideológicas fue desapareciendo. El amarillismo académico, el prebendalismo y el escepticismo social, típicos de posiciones posmodernistas de fines del siglo XX, se apoderaron de las aulas universitarias, adormeciendo y desnaturalizando la discusión política.
Las masivas movilizaciones que la universidad tradicionalmente impulsaba en función a reivindicaciones sociales o políticas fueron sustituidas por la lucha presupuestaria, de carácter corporativo y totalmente desarticulada de los sectores sociales y organizaciones sindicales, con los que históricamente la universidad había establecido compromisos y frentes de lucha popular.
La discusión ideológica o académica fue suplantada por luchas salarialistas de los estamentos de las universidades, combinado esto con el facilismo académico. Cuando el sistema neoliberal entró en crisis, los movimientos sociales, campesinos e indígenas se convirtieron en el núcleo del movimiento antisistémico que apuntaba a la reconducción del rumbo histórico de la nación, bloque en el que, a diferencia del pasado, no fueron protagonistas las universidades públicas; aunque se deben reconocer excepciones.
La lucha por la recuperación de los hidrocarburos o la realización de una Asamblea Constituyente tuvo apoyo de las universidades, las cuales no llegaron a integrarse orgánicamente en los diferentes sectores que encabezaron las movilizaciones.
En el actual proceso político, el Gobierno nacional no acudió a las universidades y éstas observaron con recelo a un régimen que en algún momento llegó a cuestionar la autonomía universitaria, la formación académica e incluso la misma función de las universidades, pese a que varios de los ministros, incluido el vicepresidente (Álvaro García Linera), provenían de las aulas universitarias y aportaron como intelectuales orgánicos al proceso de transformación del Estado y la sociedad.
Las históricas movilizaciones universitarias de septiembre de 2007 garantizaron en el seno de la Asamblea Constituyente en Sucre, el respeto de la autonomía universitaria en el texto constitucional en discusión. El compromiso fue cumplido por el Gobierno y en la nueva Constitución la institucionalidad y la autonomía universitarias fueron preservadas. A partir de ese encuentro y desencuentro, las distancias entre el Gobierno y las universidades se fueron reduciendo paulatinamente.
Pese a ello, la actitud de indiferencia ante los cambios políticos no ha sido superada. La desideologización de los años 90 permanece en gran parte de una dirigencia preocupada más por su carrera académica que por los problemas del país. Una conducta tecnocrática y academicista, barnizada con discursos institucionalistas, se mantiene como postura mayoritaria y hegemónica desde hace años en los centros universitarios. Algunos acusan de indiferencia, otros hablan de prudencia, pero lo que es evidente es que mientras el país se ha politizado en diversos espacios de la sociedad civil, la universidad pública se mantiene despolitizada.
Las universidades en Latinoamérica tradicionalmente han sido centro de la discusión política, formadoras de liderazgos y un poderoso organismo movilizador cuando articula sus fuerzas con las reivindicaciones populares, pero dicha articulación ha desaparecido, dejando un escenario institucional atravesado por disputas menores, en el que se defienden intereses internos o de parcialidades, con un escaso interés por lo que ocurre fuera de los recintos universitarios.
La asunción de una personalidad con trayectoria institucional, como es el rector Albarracín, ha hecho abrigar esperanzas a algunos sectores de que la Universidad se convierta en un actor político, recuperando un liderazgo al parecer adormecido.
El desafío es grande porque es muy distinto enfrentarse contra dictaduras militares, como se hizo en el pasado, o con gobiernos neoliberales elitistas, que enfrentarse con un régimen de gran ascendencia popular.
La fuerza institucional de las universidades públicas fue puesta a prueba por el actual gobierno, y en todos los conflictos el Ejecutivo prefirió negociar a enfrentarse, porque es consciente de que además de su rol académico, la universidad es el mayor reducto organizado de los centros urbanos. La afirmación del flamante rector Albarracín en sentido de que “la UMSA tendrá un rector con posición política” ha despertado alegría en las fuerzas opositoras y no deja de preocupar al Gobierno.
