A nadie le cae mal recibir una compensación económica para mitigar la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos, y hasta sería justo que así fuera. Quizá ésa haya sido una de las intenciones cuando el 20 de noviembre se anunció, por sorpresa, que los trabajadores con derechos laborales recibirían doble aguinaldo; pero detrás de esta medida que llegó envuelta en papel de regalo estatal hay varias interrogantes.
¿Inyectar esos recursos tendrá impacto en la economía y mejora familiar? ¿Acaso no generará inflación? ¿Y los informales se benefician de algún modo? ¿No empujará al sector privado a la flexibilidad laboral? ¿Convenía hacerlo en año preelectoral?
El Decreto Supremo 1802 señala que el Estado tiene como función “promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país”. También justifica que “la implementación del nuevo modelo económico está orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de la población boliviana”.
Una medida como el doble aguinaldo alcanza de forma directa aproximadamente a 18% de la población económicamente activa en el país, principalmente a sectores de la clase media y trabajadores que, en estos últimos años, han sido los más afectados por la pérdida del valor adquisitivo del salario. Por otro lado, la medida ha caído sobre sectores de la economía formal, aquellos que tienen todos los controles por parte del Estado; lo que no ocurre con el sector informal, que no aporta al sistema impositivo boliviano.
El principio de justicia social y de redistribución de la riqueza también está lejos de ser alcanzado, porque no es un beneficio para quienes viven en situación de pobreza extrema, sector que debería tener una atención prioritaria desde el Estado; pero no únicamente a través de bonos que, si bien han mejorado su nivel de vida, no tienen garantizada su sostenibilidad en el tiempo.
Una de las preocupaciones es que el doble aguinaldo ingrese por un bolsillo y salga por el otro debido a un efecto inflacionario. No obstante que la circulación de dinero fomenta esta tendencia, la medida provocaría una variación de precios, pero probablemente no en una dimensión excesiva.
Un aspecto relevante es que 2014 será un año electoral y habiendo enormes cantidades de recursos públicos en manos del Gobierno (tanto en el central como en las gobernaciones y principalmente en municipios) es previsible que hayan controles en la oferta y la demanda e inclusive que se subvencionen productos importados, para evitar que la inflación afecte la imagen de los candidatos oficialistas.
El decreto del doble aguinaldo fue lanzado con la denominación de “Esfuerzo por Bolivia”. El aporte beneficia a trabajadores con sueldo y salario, y no a sectores campesinos, rurales o agropecuarios que, pese a las dificultades, aportan a la productividad del país, como también lo hacen muchos exportadores que, a veces, se ven perjudicados por la conflictividad social. El esfuerzo por Bolivia es compartido desde diversos campos de acción y debería entenderse como una obligación ciudadana y como un aporte para mejores días para las generaciones venideras. Entonces, una medida con ese nombre acaba siendo de desaliento y discriminación a varios sectores que viven en la informalidad y con un empleo de baja calidad, a quienes no les llegará el doble aguinaldo.
Por otro lado, la medida ha complicado a muchas pequeñas empresas de servicios o productivas, que buscarán un ajuste en sus precios o costos de producción para poder asumir el doble pago, lo cual podría llevarles a considerar mantener el número y estabilidad de empleos en estas iniciativas, las cuales no necesariamente cuentan con el adecuado respaldo del Estado para que su proceso tenga respuestas de carácter integral (crédito, asistencia técnica, mercados, capacitación, entre otras.)
El decreto tuvo poca consideración con los efectos negativos generados en proyectos o instituciones sin fines de lucro que intentan llenar los vacíos en la atención en salud, educación u hogares de asistencia social para la atención de población vulnerable (ancianos, mujeres, niñez). Pagar doble aguinaldo llevará a redireccionar recursos, tal vez dejando de comprar insumos o bienes en beneficio de esta población. Qué buen regalo sería más bien que el Gobierno destine mayores recursos para estos sectores o, por ejemplo, adquirir equipamiento para hospitales públicos.
Entonces, al analizar la medida desde distintas perspectivas, se advierten rasgos políticos y populistas que si bien permitirá un momento de alivio en la economía de 18% de la población, e indirectamente a otros sectores más, lo cierto es que tiene su sustento en una economía estatal principalmente financiada con la explotación de recursos naturales no renovables, utilizados en gasto corriente sin calidad.
Éste es uno de los puntos centrales de preocupación que debe llamar a la reflexión. ¿No será mejor darle a los recursos públicos un destino estratégico o una prioridad social que permita un impacto en la población en la mejora de sus condiciones de vida y en especial de los sectores más vulnerables?
Una parte del crecimiento económico se debe al alto precio de las materias primas, en especial hidrocarburos, que si bien han activado la economía nacional por su alto valor de mercado, esto no necesariamente significa haber subido la productividad; lo cual hubiese sido destacable porque entonces sí se apoyaría en una economía sostenible.
Hubiese sido deseable que una medida como el doble aguinaldo sea aplicable después de haber transformado al país en uno verdaderamente productivo, en lugar de un país rentista, para lo cual se requieren políticas, inversiones y un cambio paulatino de la matriz productiva. Entre tanto, son medidas que refuerzan la mentalidad rentista, fomentando que la población espere que el Estado lo resuelva todo, así se explica que algunos sectores hayan salido a las calles exigiendo este beneficio.
Algunas medidas y decisiones sólo responden a la coyuntura; pero, como señala la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, las brechas que hay que cerrar son las de “la baja productividad, la mala distribución del ingreso, la insuficiente inversión, los problemas de fiscalidad y la falta de cobertura de la protección social para reducir la desigualdad y lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”. Ése es el debate más allá de la mirada corta respecto al doble aguinaldo.
