Hasta para un país del reducido tamaño de Uruguay ser pionero en un proyecto del calado de la legalización de la marihuana puede resultar un experimento de alto riesgo, tanto por el posible costo político interno como por una eventual reacción adversa de la comunidad internacional.
El propio presidente del país, José Mujica, que ha defendido reiteradamente en público la iniciativa lanzada hace un año y medio para arrebatarle el mercado al narcotráfico, admitía este martes (10 de diciembre) sus temores mientras los senadores de su partido ponían la puntilla a una ley única en el mundo. “Esto no es un Viva la Pepa, esto es como quien toma un purgante, es tomar medidas que no son bonitas, pero no queremos dejar regalada esa gente al narcotráfico”, subrayaba Mujica.
Para el exguerrillero de 78 años “existe mucha duda y la duda es legítima”, pero ésta no “puede paralizar ensayar nuevos caminos” en un país donde el consumo de marihuana ya era legal desde hacía cuatro décadas y la delincuencia asociada a la droga, sobre todo juvenil, ha crecido progresivamente en los últimos años.
La futura norma autoriza la producción y la venta de la marihuana, para lo cual dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.
La norma, aprobada en julio pasado por la Cámara de Diputados, fue ratificada el martes en el Senado tras 12 horas de acalorado debate. Tanto en el Legislativo como en sus alrededores, activistas y consumidores celebraron una decisión que cambia el paradigma de la lucha antidrogas, como bien sabe Mujica.
“Le pedimos al mundo que nos ayude a realizar esta experiencia, que nos permita adoptar un experimento sociopolítico frente a un problema grave que es el narcotráfico”, dijo la semana pasada el Mandatario al diario brasileño Folha de Sao Paulo.
La declaración parecía una respuesta a la postura expresada en noviembre por el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Raymond Yans.
Yans advirtió desde Viena que la medida uruguaya supone “una violación de los tratados internacionales” suscritos por la nación sudamericana, aunque no aclaró si podría haber sanciones en su contra.
Pese a la euforia inicial de sus impulsores y partidarios, varias son las incógnitas que se ciernen sobre el proyecto, como el alcance del reglamento que deberá redactarse en los próximos 120 días para definir al detalle cómo se aplicará.
Uno de los aspectos más criticados en ese terreno es el precio que el Gobierno pretende fijar por un gramo de marihuana, de un dólar, para hacerlo competitivo ante al mercado negro, cuando en Amsterdam un gramo oscila “entre 8 y 15 euros”, denunció el martes el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional. Larrañaga advirtió por ello que Uruguay corre el riesgo de transformarse “en un centro de narcoturismo”, una visión que coincide en parte con la preocupación de una de las naciones vecinas, Brasil.
“No existe ningún país en el mundo que haya logrado reducir el consumo de drogas a través de su legalización. Todos los que recorrieron ese camino luego tuvieron que volver atrás”, aseguró el mes pasado en Montevideo el diputado oficialista brasileño Osmar Terra. El legislador brasileño fue enviado a Uruguay como parte de una “misión oficial” del Parlamento de Brasil, ya que es el autor de un proyecto de ley para endurecer las penas por delitos de drogas.
En agosto pasado, desde otra nación vecina, en este caso Paraguay, el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, calificó de “utopía” la propuesta uruguaya. Para Rojas, “la situación no va a cambiar” y Uruguay va a seguir recibiendo el producto por la vía ilegal desde Paraguay, el segundo país productor de marihuana del mundo.
La incertidumbre a nivel externo no es nada comparada con los nubarrones que pueden avecinarse dentro del país para el bloque gubernamental de izquierdas Frente Amplio (FA), en el poder desde hace ocho años y que busca mantener su hegemonía en las elecciones de 2014 de la mano del exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010).
El analista uruguayo Adolfo Garcé cree que la ley va a tener un “costo electoral” y “político” para el FA porque “las dos terceras partes de la población está en contra” de ella, según las encuestas.
“La mayor parte de la gente entiende que va a agravar la situación de la seguridad”, agregó Garcé a la agencia de noticias EFE. Aprovechando que esa es la principal preocupación de la ciudadanía pese a las bajas tasas de delincuencia de Uruguay con relación al resto de América Latina, la oposición se ha empeñado en convertirla en su caballo de batalla para la campaña electoral (para las elecciones generales de 2014).
Tanto es así que ha logrado recoger las firmas suficientes para que se celebre un referendo sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años el mismo día de los comicios.
