Entre 1964 y 1980 el país vivió una serie de gobiernos dictatoriales cuyas acciones, más allá de la instauración de un régimen inconstitucional, siempre terminaron con tortura, desaparición, asesinato o exilio de miles de ciudadanos bolivianos. En su momento, líderes políticos o activistas de derechos humanos. No hay registro oficial de casos, y a más de 33 años del último gobierno de facto, urge una Comisión de la Verdad.
En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional intentó aprobar la norma que instituye esa entidad investigadora, pero la objeción de algunas víctimas de las dictaduras se interpuso y evitó consumar la ley, debido a que ésta, aparentemente, no atiende las expectativas sobre la reparación de daños ni cubre a todo el conglomerado de ciudadanos afectados.
Es que, además, hay un problema pendiente de solución desde hace varios años: la calificación real y justa de beneficiarios de la reparación, aparentemente, no alcanzó a todos. La Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, Sobrevivientes de las Dictaduras reclama la atención de parte del Estado, hasta la dignidad…
De todas maneras, la conformación de la mentada Comisión de la Verdad es compleja, debido a intereses políticos y militares, que siempre frenaron la posibilidad de investigar los hechos nefastos.
Si son emblemáticos los casos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Carlos Trujillo o Luis Espinal, como ellos hay centenares de víctimas sin justicia ni entierro cristiano, que debería ser preocupación de las autoridades políticas y de las Fuerzas Armadas. Quizás haga falta voluntad política para desentrañar la verdad de algo, si bien lejano en el tiempo, que todavía duele al país. No será justo ni humano que en vez de esa Comisión de la Verdad, por muchos años más, rija la omisión de la verdad, a la que nos acostumbró el sistema político de turno.
El editor
