Amediados de octubre estuve en Potosí recorriendo varias comunidades de Tinguipaya con tal mala suerte que, en pleno campo, me puse enferma. Enfermísima. Vamos, que pensaba que me iba a morir allí en medio. Por suerte, había una posta sanitaria. La consulta (realizada por una doctora muy amable y eficiente), un pinchazo y medicamentos para varios días me costaron menos de Bs 30.
Mientras sentía cómo mi ajayu se quedaba enganchado en mis entrañas y no se iba ni al cielo ni al infierno, pensaba qué lindo sería poder acudir así de fácil a cualquier centro de salud en La Paz: sin colas para sacar ficha (ni que estuviéramos comprando almuerzo familiar) y sin que te pidan papeles de afiliación que sacas del bolso con una mano mientras con la otra te sujetas el páncreas palpitante que se te sale por un costado (pero primero, lo primero, oiga: ver quién va a costear el asunto).
En este municipio ha aumentado en 48% la cantidad de mujeres que tiene acceso a la salud y la tuberculosis ya es historia. Y, ¡oh, sorpresa, sorpresa! No es una posta gubernamental: forma parte del proyecto de cooperación financiado por la ONG española Ayuda en Acción y ejecutado por Pastoral Social Cáritas Potosí. En ningún rato percibí que, además de facilitar el acceso a la salud, la educación y dar capacitación para mejorar la economía local, se conspirara contra la democracia boliviana.
Hace uno días terminó la primera incursión de un equipo del Sedes La Paz por comunidades del norte del departamento a las que nunca habían dado atención sanitaria. Un alto cargo de la institución me comentó que, sin la colaboración de ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales), que les facilitó las embarcaciones y sus respectivos “choferes”, así como datos sobre la población a la que visitan regularmente, hubiera sido imposible hacer este viaje. Incluso, ADRA aportó recursos económicos.
Son solamente dos ejemplos de tantos que conozco —Wildlife Conservation Society, Educación Sin Fronteras, Fundación Suyana, etc.— de “malvadas” ONG que trabajan por el desarrollo en municipios y comunidades del país, además de por el medio ambiente. Si las echan, ¿el Estado va a seguir con su trabajo o va a poner en esos lugares cancha y tinglado, y listo?
