La cuestión de la extinción de la República y el nacimiento de un nuevo Estado se dirime en los campos simbólico y político, y adquiere mayor interés en un momento preelectoral como el que estamos viviendo desde hacia varios meses en el país. Por ello su discusión es fundamentalmente ideológica: mientras los opositores basan sus posiciones discursivas en las nostalgias del pasado y propugnan una suerte de retorno a un Estado Republicano asociado a la vigencia de libertades democráticas, al pluralismo y a las instituciones liberales, los representantes del MAS se empeñan en sepultar al Estado Republicano como símbolo de dominación y colonialismo; por último, algunos actores políticos que desde la izquierda o la derecha se desplazan hacia el centro político, en este caso concreto el Movimiento Sin Miedo (MSM), tienden a un acoplamiento entre ambos conceptos mediante el epíteto República Plurinacional, calibrando ambas nociones.
¿Cuál es el sentido de este debate? En el fondo se están discutiendo los avances y contenidos del proceso actual —cabe aclarar que éste no se limita a la gestión del actual Gobierno, sino al conjunto de transformaciones estructurales acaecidas en el país desde principios de siglo—, los cuales se han convertido en el objeto de disputa más preciado en la arena electoral y están estrechamente relacionados con los contenidos y aplicaciones de la nueva Constitución Política del Estado.
En el preámbulo del texto constitucional se señala: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. En muchas ocasiones el Presidente del Estado ha decretado explícitamente en su discurso la defunción del Estado Republicano y el nacimiento del Estado Plurinacional. Así, la palabra república ha sido borrada de toda la documentación oficial y símbolos emitidos desde el Estado: monedas, billetes, carnets de identidad, pasaportes, membretes oficiales, libretas escolares y muchos otros. Este cambio de nomenclatura sella la “refundación” estatal que es asumida abiertamente en la retórica gubernamental porque connota el cambio epocal del cual se proclaman protagonistas. Como consecuencia, resulta altamente funcional a los fines políticos actuales.
Sin embargo, la gran pregunta es cuánto del Estado boliviano actual mantiene elementos republicanos y, además, cuán compatible es esto con la plurinacionalidad enunciada en el propio texto constitucional.
La Constitución, en el párrafo transcrito anteriormente, encierra la respuesta a esta aparente contradicción debido a que al mismo tiempo que señala que deja atrás el Estado Colonial y Republicano, anuncia el Estado Social de Derecho (plurinacional comunitario), una figura absolutamente republicana.
La República, más allá de la impronta secular en la historia política de la humanidad, conceptualmente implica elementos básicos que se mantienen en la actual constitución, como la organización y estructura del Estado basada en la división de poderes —o si se quiere “órganos”—, el acceso al poder por la vía democrática electoral, la representación política, la igualdad ante la ley, el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución, el pluralismo político y la alternancia, es decir, gobiernos que se ejercen por periodos determinados, en definitiva, un Estado que responde a la racionalización del ejercicio del poder público que basa su legitimidad en el “pueblo” al que representa en función del bien común.
De manera absolutamente confusa e inapropiada, representantes del MAS asocian la República con el neoliberalismo y la privatización (legisladora Nélida Sifuentes), y sostienen que volver a la República sería un retorno al pasado. La República es la base de organización del actual Estado, en los niveles nacional y subnacional, por tanto esta afirmación es un total contrasentido con la realidad y raya en el exceso. Héctor Arce en su momento, con bastante más realismo y pertinencia, aclaró que Bolivia es y seguirá siendo una República, justamente por las características del Estado y su forma de organización.
Ahora bien, la plurinacionalidad le añade al Estado un ingrediente sin duda innovador en América Latina, cercano a la Constitución ecuatoriana, que remite no solo al reconocimiento formal de la coexistencia de naciones y pueblos indígenas, sino que por primera vez en la historia instala el pluralismo sociocultural en distintos ámbitos públicos: jurídico, político, económico, educativo, territorial, entre otros, así como establece el reconocimiento de los derechos colectivos y comunitarios, otorgando protagonismo a un nuevo sujeto antes excluido o invisibilizado en la ley. En realidad, esta innovación no es contradictoria con la República, de la manera en que está escrita en la nueva Constitución; a menos que verdaderamente se hubiera producido un trastocamiento en la organización estatal, como señalaban algunas propuestas que aparecieron durante el proceso constituyente, que planteaban claramente el retorno al esquema del Kollasuyo, eliminando las actuales instituciones; éstas resultaron marginales en el debate por su inviabilidad.
De hecho, ninguna propuesta política y programa de gobierno podrá prescindir del tema indígena/originario, justamente porque esta demanda trasciende al actual Gobierno, tiene un carácter socioestructural e histórico con una historia mucho más larga; el problema está en las respuestas políticas y en el alcance que se le otorgue al enunciado constitucional y las maneras concretas de aplicación.
Varias candidaturas se ubican implícita o explícitamente en una posición que reconoce e incentiva la cualidad republicana del Estado y su consolidación, pero —inexcusablemente— admiten la plurinacionalidad; en unos más atenuadamente que en otros; el problema está en que mientras estas disquisiciones se producen y reproducen en grandilocuentes discusiones en los campos político y simbólico, los avances reales para los pueblos indígenas y el ejercicio de derechos colectivos es apenas un atisbo, en medio de una inercia generalizada que ejerce el poder.
