El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución que busca regular algunos ámbitos de aquello que desde la opinión publicada, la opinión pública y las organizaciones políticas se viene demandando desde finales del año pasado y que, no obstante, ha sido un tema de agenda política y mediática casi desde el inicio de la segunda gestión del Presidente: la información gubernamental, la propaganda, la publicidad estatal y la campaña electoral. Varios estudios se han dedicado a cuantificar la cantidad de publicidad estatal que el Gobierno distribuye en los medios de comunicación y, otros espacios —casi siempre aquellos que no reciben publicidad— se han dedicado a cualificarla. Esta misma semana, en una entrevista con Erbol, la Ministra de Comunicación ha reconocido que un comité del Ejecutivo es el que decide qué medios de comunicación reciben publicidad sobre la gestión de gobierno, desde esta cartera de Estado. Asimismo, el Ejecutivo se ha convertido en un actor determinante a la hora de hablar del espacio público mediatizado. Por decisión y con claridad este gobierno ha apostado por jugar la comunicación en cancha al integrar/fortalecer una red de medios estatales destinados a difundir la gestión gubernamental y apostar también por echar mano de medios privados a través de la publicidad gubernamental con el fin —señalan— de difundir información.
En un estricto sentido teórico, el término publicidad se diferencia del término propaganda, precisamente por la cualidad política que presenta el segundo. Es decir, la publicidad es algo destinado a difundir y promocionar un producto o servicio y la propaganda tiene como objetivo/fin la difusión y promoción de una idea o un conjunto de ideas políticas. No obstante, también puede circunstancialmente existir la publicidad estatal, que vendría a referirse a la promoción de productos y servicios estatales; en estos casos, ocasionalmente, se hace difusa la línea entre publicidad y propaganda. Por otro lado, una campaña electoral —señala Karina Herrera, en Comicios Mediáticos. Los Medios de Comunicación en las Elecciones Generales 2009 en Bolivia— “representa un conjunto integrado y explícito de actividades y de recursos diseñados y ejecutados para la consecución de objetivos políticos durante un periodo específico de tiempo” y, cuando es electoral, esos objetivos apuntan a ganar una determinada pugna electoral. Finalmente, la información gubernamental es el ingrediente base con el que se trabaja la comunicación gubernamental que —como señala Caudillismo, e-política y teledemocracia. Comunicación de gobierno en América Latina, coordinada por Omar Rincón y Matías Ponce— puede ser unidireccional o estratégica y está básica e idealmente destinada a “reconstruir qué es lo que quiere el gobierno que se piense de él”.
Es preciso también recordar que el objeto de regulación comunicacional que la Ley del Régimen Electoral (LRE) establece que es la propaganda electoral, que se encuentra definida en dicha norma como “todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y/o solicitar el voto”, además la norma complementa que “la difusión (de la propaganda electoral) puede hacerse en actos públicos de campaña o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”. Es decir, esta regulación se aplica a las definiciones precedentes de propaganda y campaña electoral.
Creo que es importante hacer este repaso conceptual a una terminología que debiera ser de dominio público pues, se sabe que la comunicación, sus procesos, formas y estrategias se encuentran en el centro de los hechos políticos y con mayor énfasis de los electorales. Además, cabe resaltar que abierta la figura de la reelección, una de las peculiaridades es tener como candidato al Presidente del Estado y, como ya lo ha señalado Evo Morales, a todo un gobierno en campaña. Los datos mencionados anteriormente son los que han propiciado que la campaña electoral (a la fecha) esté signada por dos características: la primera tiene que ver con el carácter prematuro de la misma, mediante la cual ni el partido oficialista ni los de oposición han esperado el establecimiento del calendario electoral para arrancar con los mensajes sobre quién deberá gobernar el país los próximos cinco años; y la segunda, que tiene que ver con que, actualmente, el elemento central y discursivo de la campaña es, precisamente, la campaña en sí, haciendo que, por su labor, el TSE ingrese a constituirse un actor susceptible de ser utilizado en desmedro o a favor de un determinado mensaje. Adicionalmente, lo que ha entrado en pugna las recientes semanas y lo que seguro ocupará varios debates y, sobre todo, acuerdos, desacuerdos, denuncias y discursos, tiene que ver con la gestión comunicacional gubernamental del gobierno central, pero también de gobiernos departamentales y municipales (algunos municipios con mayor énfasis que otros); es decir, absolutamente toda la comunicación gubernamental durante estos meses será susceptible a ser enfocada o entendida como propaganda. En salvaguarda de esta situación es que el TSE aprobó, de forma también prematura, una resolución que establece las faltas en las que pudieran incurrir jurados electorales, servidores públicos, particulares y organizaciones políticas en periodo electoral (siendo que aún éste no está establecido). En el caso exclusivo de la realización de propaganda y campaña electoral por fuera de plazos establecidos en la ley, solamente son pasibles a sanción las organizaciones políticas; así, a pesar de que esta normativa no se aplicará a las gobernaciones, municipios y Órgano Ejecutivo y/o servidores públicos, las dos situaciones ya denunciadas (y también desestimadas) hasta la fecha fueron por proclamaciones de candidaturas precisamente al primer servidor público del país.
La campaña en sí será, con seguridad, uno de los temas relevantes/recurrentes de la misma campaña gracias al escenario descrito anteriormente. A pesar de que la LRE es innovadora y considera/puntualiza varios aspectos comunicacionales en ella, las susceptibilidades propias de un escenario electoral polarizado y un escenario comunicacional altamente politizado harán que las líneas que distinguen las diversas formas de comunicación que conviven diariamente en nuestra agenda sean cada vez más delgadas. Y es el TSE el que está llamado a fortalecer su credibilidad, dando señales de una voluntad de supervisión de estos escenarios y apresurando el paso para contar con todas las herramientas necesarias.
