En este periodo de nuestra historia nacional, hay una contradicción fundamental que viene desde nuestro surgimiento mismo como nación que cobija a otras naciones y que se manifiesta de múltiples maneras y con distintos ropajes. Es una contradicción que hace a la propia existencia (o no) del Estado Plurinacional. Es la constante tensión, el permanente y antiguo forcejeo entre el espíritu nacional y las fuerzas regionalistas.
Sobre la base de esa contradicción y las fuerzas que la alimentan y perpetúan se viene preparando una parcialidad que tiene ganas de resurgir (porque no consiente dejarse morir), y que sabe que para resurgir debe ser capaz de convocar a los posibles soldados, una vez más, al campo de batalla.
Ya suenan las trompetas, ya se ha desatado el canto de sirenas, que como sirenas que son, míticas e inciertas, conocen bien el arte de la seducción. En este tiempo, la tonada que se abre paso a través de la niebla se llama pacto fiscal.
La animosidad con que los actores cívicos y la Gobernación de Santa Cruz convocan a sus otrora ejércitos denota en cada palabra, en cada resolución, en cada dato (vuelto verdad por las empresas informativas que hacen causa vital de los localismos), el pensamiento que alimenta a la fuerza regionalista por encima de la lógica nacional, reduciendo la realidad a la dicotomía Gobierno nacional-sociedades locales.
Sobre la base de esa dicotomía se hacen proyecciones, se realizan sumas y restas, se desempolvan las viejas palabras mágicas, se acusa y se construyen razones y contrincantes. Pero, además, para que el canto de esa dicotomía no sucumba en su propia llama, se esconde, y se esconde mucho: las propias contradicciones internas a la parcialidad localista, los retrasos, los silencios, las ausencias en aquello que se ensalza y en lo que se reclama.
Porque sí, hay ausencias, y una de ellas demasiado grande: el estatuto autonómico departamental. Cuando reclaman pacto fiscal, las sirenas cantantes olvidan que existe otro pacto, más pequeño en su cobertura territorial, pero igual de básico que cualquier pacto fiscal. Antes de reclamar renovar los acuerdos nacionales, construidos con tanta dificultad, el gobierno departamental cruceño debiera transparentar su propuesta de adecuación del estatuto y someterla a cuantos espacios participativos fueran posibles.
Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con tanta suficiencia envía emisarios a La Paz para entregarle cartas al Presidente, en su región y con su gente cierra las puertas y se niega a recibir las cartas de sectores sociales que han trabajado propuestas para el estatuto de las cruceñas y los cruceños.
Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con tanto denuedo afirma desconocer el detalle de las cuentas nacionales, en su tierra y con su gente se niega sistemáticamente a transparentar la distribución de las regalías departamentales entre los municipios cuyos intereses dice haber incluido en su propuesta de pacto fiscal.
Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con pretendido desprendimiento reclama un nuevo pacto fiscal nacional, en su tierra y con su gente no cumple su propio pacto, autoimpuesto por una ley departamental apócrifa, que señalaba la distribución de las regalías departamentales en 50% a las provincias productoras, 40% a las no productoras y 10% a los pueblos y naciones indígenas.
Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que airado reclama el cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, en su tierra y con su gente incumple cada día y de manera flagrante esa misma ley, al no proceder a la adecuación participativa del Estatuto que ilegal e inconstitucionalmente fue sometido a consulta el 4 de mayo de 2008.
Siguiendo aquella lamentable tradición de hipocresía y autocomplacencia, las autoridades departamentales, los cívicos cruceños y las empresas informativas militantes de su causa, convenientemente olvidan siquiera mencionar el contenido completo de la famosa Disposición Transitoria Décimo Séptima de la Ley Andrés Ibáñez, que además de fijar un plazo claro para conocer una propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal, define condiciones mínimas de justicia para iniciar esa discusión. Justicia que va mucho más allá del primitivo conteo poblacional para definir aspectos tan vitales a la calidad de vida de la gente.
Establece aquella norma que se trabaje bajo el cobijo de los principios constitucionales: unidad, solidaridad, equidad, igualdad, por ejemplo. Manda tomar en cuenta el ejercicio efectivo de las competencias por parte de las entidades autonómicas y el nivel central. Exige tomar en cuenta las necesidades económicas y sociales de forma diferenciada entre los departamentos.
Resulta obvio entonces que los datos que necesitamos para trabajar y acordar un nuevo pacto fiscal requieren reflejar la complejidad de lo requerido por ese otro pacto social que aprobó nuestra Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez.
Pero, ante todo, resulta obvio que un pacto fiscal (más allá de su ruta que está clara y es inexcusable) solo es posible de ser construido si levantamos la cabeza y enfocamos al país como totalidad compleja, diversa y digna. Solo es posible un pacto fiscal si levantamos la mirada y la proyectamos más allá de las urnas de octubre, con equilibrio, solidaridad y generosidad. Solo es posible un pacto fiscal si hacemos transparente el debate y hablamos también de caja y bancos, de redistribución, de justicia igualitaria, de participación real y concreta, no de su miserable remedo.
Y nosotros, los cruceños y las cruceñas, somos convocados una vez más a desoír los cantos de las viejas sirenas. Porque si se trata de propuestas y pactos, en nuestra tierra hermosa, democrática y autonómica, respecto de algunos liderazgos que se llenan la boca de palabras mágicas, podemos aplicar aquel famoso refrán: En casa del herrero…
