Una serie de debates ha despertado la discusión todavía no abierta oficialmente sobre el pacto fiscal, que, en palabras simples, debe definir la generación, distribución y gestión de recursos por parte de todos los niveles de gobierno del Estado.
A decir de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda, la propuesta técnica deberá ser presentada “a fin de desarrollar una concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden”. Mientras para el Gobierno no hay resultados oficiales (llámese “desagregados”), para su oposición, especialmente la regional de Santa Cruz y algunos liderazgos cívicos, esos seis meses de plazo terminaron el 31 de enero, tomando en cuenta la publicación de los datos del padrón el 31 de julio de 2013.
Así, la discusión parece concentrarse en solo la interpretación de la ley y su mandato respecto de las fechas, no así del verdadero interés sobre el asunto. Hasta una serie de argumentos, entre ellos el de la ministra de Autonomías, Claudia Peña, que en un artículo en esta edición de Animal Político cuestiona los afanes de la Gobernación de Santa Cruz por consolidar ese pacto fiscal.
La autoridad, en respuesta a esa demanda, cuestiona al gobierno regional de pretender algo que, en su criterio, no hace con el mismo ímpetu que el reclamo por su departamento: concertar la adecuación del Estatuto de Santa Cruz a la Constitución Política del Estado.
Ambos asuntos, cierto, son de interés común, y ayudarían a encaminar las estructuras estatales y la construcción de políticas públicas. Sin embargo, las fuerzas encontradas aparentemente no lo entienden así. Pacto fiscal. Parece ser la primera pulseta del año, que se caracterizará por otras vinculadas a los intereses sobre las elecciones. Quizás sea complicado un pacto sobre el pacto.
El editor
