Uno de los desafíos principales de las políticas públicas del gobierno de Evo Morales fue/es la reestructuración de la Justicia en el país. En ese afán, con los dos tercios que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en 2012 se planteó voto popular para elegir a los magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
En medio de cuestionamientos de sus detractores políticos y la expectación internacional, la administración de Evo Morales consiguió la conformación de ese órgano del Estado con autoridades electas. El objetivo era/es mejorar la administración de Justicia, eliminar la retardación y acabar con la corrupción imperante en sus estructuras.
A simple vista, a poco más de dos años de la vigencia del nuevo régimen judicial en el país, aparentemente nada ha cambiado: la injerencia política, la ineficiencia, la corrupción, la retardación y otros males siguen siendo la tara que preocupa. “Traté de entender por qué tiene mala imagen la Justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la Justicia boliviana”, ha descrito el martes Morales, cuando a su vez afirmó que de nada sirvió haberle puesto poncho y pollera a esa institución tan emblemática del país.
Con muchos jueces, fiscales y operadores de Justicia procesados y algunos en las cárceles, la situación no cambia. Ha sido muy audaz la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, que se atrevió a decir que las elecciones judiciales fueron un error. Morales lo admitió en parte y el vicepresidente Álvaro García Linera se animó a decir que el sistema judicial se encuentra en estado de coma.
Si es así, hace falta un giro de timón. Sin vendettas y falsos debates, el sistema político, las instituciones implicadas y la sociedad civil deberían plantearse una remezón ante la situación. Esa tarea parte de la misma conciencia ética de los ciudadanos y del Estado para bien de todos.
El editor
