Realizar un análisis sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional es una tarea compleja ya que nos retrotrae a una apasionada discusión, cuyo eje es la vida, y a nuestras comprensiones y posiciones diferentes sobre su abordaje. Compleja además porque la realidad tiene múltiples aristas, no es unidireccional ni está definida en blanco y negro. Por ello, desde mi punto de vista, es necesario tener una mirada de contexto, de la situación de las mujeres, de la legalidad, la legitimidad y el impacto social del fallo.
En términos de la legalidad, para poder determinar las implicancias reales del fallo, se necesita de más tiempo y discusión y su fundamentación jurídica debe ser analizada desde los Derechos Humanos, la doctrina, la antropología, el derecho comparado, entre otras disciplinas. Cabe mencionar que en la fundamentación (del fallo) se hace un extenso análisis de la cosmovisión indígena que está en contraposición con el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a la independencia entre Estado y religión. Además, hacer el análisis solamente desde la cosmovisión andina va en contra de los principios de la plurinacionalidad.
También es importante reconocer que existen algunos avances en cuanto a las observaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos a Bolivia en noviembre de 2013, y en el marco de la evaluación de la implementación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Un avance es la desjudicialización de la interrupción del embarazo en casos de enfermedad de la madre o cuando hay una violación o un incesto.
Quienes trabajamos en brindar servicios a mujeres que han sufrido violencia sexual, conocemos el vía crucis que significa conseguir la autorización judicial para la interrupción legal del embarazo, el tiempo que toma, si es que la consiguiesen, y sus consecuencias en la salud de las demandantes; por ello, éste es un paso significativo para la vida de muchas mujeres.
Si bien todo el debate sobre el fallo se centra en la despenalización del aborto, la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por la diputada Patricia Mansilla Martínez incluye otras demandas, algunas ya reconocidas en la Ley 348.
Lo que queda en entredicho es la legitimidad de la acción: el fallo tuvo cuatro firmas de siete; como sabemos, el magistrado Cusi, uno de los firmantes, intentó retirar su firma al poco tiempo de emitido el fallo. Luego renunció el presidente de los magistrados, Ruddy Flores.
En lo que hace al impacto social, la ratificación de la penalización del aborto lleva nuevamente a las mujeres que deciden no tener hijos a la clandestinidad, y lo peor de esto es que las mujeres se someten a prácticas o métodos que pueden lesionarlas o matarlas en el intento.
La mayor falsedad de los argumentos por la penalización abordados en el fallo es que se esgrimen como si el aborto no existiera y solo fuera a existir a partir del momento en que la ley lo apruebe. Confunden despenalización con promoción del aborto. La realidad, sin embargo, es que el aborto existe desde tiempos remotos y diferentes culturas han acudido a la interrupción de embarazos no deseados y van a seguir practicándolo de todas maneras, independientemente del fallo. Despenalizar el aborto significa, simplemente, permitir que las mujeres que no pueden o no quieren dar a luz puedan interrumpir su embarazo dentro de ciertas condiciones elementales de seguridad.
Las leyes de un país deberían adecuarse a los cambios que sufren las sociedades con el paso del tiempo, deberían respetar la diversidad de ideologías escépticas y religiosas, siguiendo criterios laicos, que no favorezcan a una congregación en particular, y deberían garantizar la libertad de las personas. Específicamente, deberían garantizar la libertad de la mujer de decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo.
Éste es un asunto de Derechos Humanos, de Justicia Social y de Salud Pública, en un debate que aún tiene mucha tela por cortar y que recién se abre. No se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino de generar las condiciones sociales y estructurales que eviten embarazos no deseados, atender demandas de interrupción del embarazo si fuese necesario.
A lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado por cada derecho que se nos ha reconocido, desde el derecho al voto, nada ha sido fácil y hemos sido protagonistas de los mayores cambios en la historia. Así, ahora nos enfrentamos a múltiples desafíos para que todas y todos accedamos al ejercicio pleno de los derechos reproductivos y los derechos sexuales.
Es necesario empezar a reflexionar sobre los derechos reproductivos en su integralidad. Para ello es necesario ahondar en el tema, informar, sensibilizar y así lograr separar los preceptos científicos de los dogmas. Si bien una ley en sí misma no cambia la realidad y el cotidiano de las mujeres, abre senderos para que se cambie la valoración diferenciada de lo que es ser mujer y hombre.
Para ello, se necesita además una educación sexual integral, que mire más allá de la salud sexual y la reproducción, y que se conciba como un proceso continuo que comienza en los primeros años, que debe estar desmarcada de discursos de origen religioso, lo cual se caracteriza por profundizar los estereotipos de género y mantener el orden social a través de la noción de pecado y culpa.
Se debe “dar oportunidades para explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de decisiones y reducción de riesgos sobre muchos aspectos de la sexualidad”, tal como señala la Unesco. Todo avance es importante, aún hay mucho por hacer, articuladas vamos sumando y asumiendo los nuevos desafíos que se nos presentan ya que ésta es una delicada materia que tiene que ver con el meollo mismo de la cultura democrática y el respeto a las diferencias.
