Si se compara la anterior Constitución Política del Estado con la actual (vigente desde febrero de 2009), en el tema referido al régimen de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, se evidencia que en ambos casos se trata del mismo articulado y del mismo texto, salvo, claro está, la sustitución obligada de “República” por “Estado”.
Si bien se trata de una referencia genérica de la naturaleza, rol y funciones de ambas instituciones, se ve que en el nuevo texto constitucional no hay rastro de ninguna intención de adecuarlo al nuevo marco del Estado Plurinacional.
Explica este hecho el exconstituyente, hoy ministro de Gobierno, Carlos Romero, señalando que “no se quiso efectuar modificaciones (a los regímenes militar y policial) porque había una pugna entre ambas instituciones”; mientras la Policía tenía la expectativa de atribuirse tareas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas argumentaban que esa labor solo les competía a ellas.
A raíz del reciente conflicto planteado por los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, Animal Político indagó acerca de la mayor o menor disonancia o concordancia entre la institucionalidad de las instituciones armadas y la nueva Constitución. Como se verá, el tema no solo es cuestión de conceptos entre la Carta Magna y, digamos, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; sino más bien de toda la estructura y lógica de funcionamiento de ésta y el nuevo ambiente institucional que se está construyendo con la nueva CPE.
Los analistas consultados hablan de la necesidad de una actualización de los lineamientos generales de las FFAA con relación ya no solo al texto constitucional, sino a los principios mismos de la democracia.
Hay disonancias, desfases, en los ámbitos educativo, normativo, doctrinario y funcional, indican los expertos. Antes que un tema de la Constitución, el problema está, se sugiere, en los reglamentos internos de la institución armada. ¿Llegó la hora de plantear este debate?
El editor
