De la Constitución Política del Estado el vicepresidente Álvaro García suele decir que ésta ante todo es un armisticio, un documento en el que se cristaliza el pacto al que pudieron llegar las fuerzas sociales contendientes. Nada más semejante a esto —plantea Animal Político— que el anteproyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada presentado en el Palacio de Gobierno el lunes 12.
Tensión, tirantez, tira y afloja, entre el Estado con sus actuales razones y los indígenas con sus concepciones y visiones del mundo, especialmente las referidas a la naturaleza. Artículos de la futura ley en que “dialogan” o “discuten” (según quién vea) el carácter estratégico y el interés público nacional frente a las reivindicaciones y derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Ahora, tensión no siempre es exclusión, en el sentido de que en la tirantez mostrada en la futura norma haya solo y puras contradicciones, o más de un antagonismo.
Tensión también puede significar enriquecimiento mutuo, depende de cómo se plantee el diálogo entre las partes contendientes; lo importante aquí es destacar que esa tensión entre Estado e indígenas, sobre todo expresa la relación compleja entre ambos, lo que se encuentra no solo en este documento, sino también en otras normas: la ley minera y los derechos de la Madre Tierra, por ejemplo.
No por nada uno de los temas centrales del anteproyecto es definir con alguna claridad el alcance de las actividades extractivas (minería e hidrocarburos, en primer lugar) y el derecho que tienen los pueblos originarios para incidir en tal o cual emprendimiento económico.
Por lo demás, la palabra “vinculante” figura una sola vez en el nuevo anteproyecto de ley, cuando se habla del carácter de los acuerdos; y se dice vinculante para ambas partes; esto también debería leerse como una manifestación de algo. Sin ser una “tensión creativa” (García), el anteproyecto de consulta no deja de ser un texto de futuro intenso debate, aún.
El editor
