Se veía venir. La respuesta del Gobierno de Chile a la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya empieza a tomar un perfil definido, un razonamiento básico que con toda seguridad repetirán todas sus autoridades: el objetivo del requerimiento boliviano en últimas es la modificación del Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Al principio, a los pocos meses de conocerse la demanda (presentada el 24 de abril de 2013 en La Haya), el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo enfático que el documento boliviano no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, no lo incluye en la lista de requerimientos o razones.
Hoy, una vez que el Ejecutivo chileno está en pleno estudio de la memoria boliviana (presentada en La Haya el 15 de abril de 2014 por el propio presidente Evo Morales), la posición viró 180 grados: la defensa unánime, ciega casi, de la intangibilidad del Tratado de 1904. Como decir que todo discurso de la presidenta Michelle Bachelet terminará con un rotundo “el Tratado se respeta”.
Pero la demanda boliviana, como dice el expresidente Carlos Mesa, no toca ni en lo sustantivo ni en lo adjetivo el Tratado de Paz de 1904: lo único que hace es pedir a la Corte que obligue a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia. Y lo hace señalando actos unilaterales, compromisos, del Estado chileno en favor de Bolivia ocurridos en pleno siglo XX: básicamente las notas reversales de 1950 y la negociación de Charaña; evidentemente ni se menciona el referido Tratado de febrero de 1904.
Chile arguye: la demanda no alude al Tratado de 1904, pero sí derivará tarde o temprano hacia el mismo. El debate está entablado, entonces.
Otra arista del proceso que se viene es la competencia o incompetencia de la CIJ. Los abogados asesores internacionales de Chile ya le han aconsejado que no presente la objeción contra la competencia el 15 de julio (primer plazo), sino en febrero de 2015, junto a la contramemoria.
El editor
