Hace algunos días, el Gobierno de Chile ha comenzado a difundir, profusamente, un documento que, a mi juicio, tiene deliberadas omisiones en unos casos, intencionales confusiones en otros y, en suma, falsificaciones de la realidad histórica.
Por lo tanto, corresponde hacer las aclaraciones y precisiones respectivas. Para comenzar, la situación de Bolivia no es comparable con la de las demás naciones sin litoral, porque su enclaustramiento es consecuencia de una agresión armada con fines expoliatorios, y que ejerció soberanía plena, durante 54 años, sin que nadie se lo objetara, sobre un extenso territorio en el océano Pacífico. Ese no es el caso de los otros países que carecen de acceso marítimo, porque nacieron así a la vida independiente.
Cuando se pregona que el “derecho de libre tránsito es ejercido por Bolivia sin obstáculos”, hay que recordar que, en aplicación de esas bondades, en plena Guerra del Chaco y cuando más necesitaba Bolivia de los pertrechos bélicos para su defensa, Chile decidió cerrarles el paso por sus puertos y territorio. De este modo, colocó a Bolivia inerme frente a los avances paraguayos. La supuesta neutralidad de Chile solo afectaba a nuestro país porque el Paraguay realizaba sus importaciones vía Argentina. Valdría la pena que los “historiadores” chilenos repasaran las memorias del diplomático y escritor paraguayo Vicente Rivarola, y especialmente, el capítulo donde se explaya en agradecimientos a Chile por el invalorable apoyo que brindó a su país en la contienda del Chaco.
El año 1952, Chile, a través de sus autoridades judiciales, dispuso embargar equipos e insumos en tránsito destinados a la minería nacionalizada. Interfería así con una medida interna adoptada por el gobierno de la época y asestaba un duro golpe a la fuente principal que sustentaba la economía boliviana. Y podríamos citar innumerables casos de violaciones al llamado libre tránsito.
Hay más: no hace mucho en una extraña contribución al desarrollo del derecho y la doctrina internacionales, el gobierno de Chile introdujo la novedosa figura de que es posible privatizar obligaciones solemnemente pactadas en un Tratado de Paz y Límites, como es el de 1904, cuando resolvió transferir a empresas privadas la administración de los puertos que utiliza Bolivia para las operaciones de su comercio exterior. ¿Quién garantiza entonces el régimen de libre tránsito?
Respecto de los costos, el folleto que analizamos, muy escuetamente, destaca que los “beneficios y privilegios de libre tránsito de que dispone Bolivia le cuestan a Chile cerca de US$ 100 millones anuales, aproximadamente”. Sería muy recomendable que los acuciosos redactores del documento revisaran los resultados de un modelo económico desarrollado por Jeffrey Sachs en el “Harvard Institutefor International Development”, que estima que los países privados de litoral marítimo pierden 0,7 puntos porcentuales en sus tasas de crecimiento económico, por esa condición de desventaja. Ello significa que Bolivia pierde anualmente un monto cinco o seis veces mayor que lo que Chile muestra como prueba de su “generosidad”. Bien podría ahorrarse ese “enorme” sacrificio económico resolviendo el enclaustramiento geográfico de Bolivia.
Respecto de que el Tratado de 1904 “fue suscrito libremente”, resulta nada creíble que alguien decida libremente renunciar a la libertad, que es lo que significa el enclaustramiento que afecta a Bolivia. Es un grosero contrasentido.
Bolivia sufrió muchas desmembraciones, es cierto, enormes en términos cuantitativos. Pero solo una, la del Litoral, la privó de un atributo de soberanía, que solo se lo puede restituir con un bien del mismo valor político, económico y jurídico, por supuesto no en términos cuantitativos. Ese es el verdadero sentido de la cualidad marítima.
Las facilidades de tránsito y portuarias jamás serán suficientes para reemplazar el cercenamiento territorial, como tampoco los programas de complementación económica o de comercio, por amplios que pudieran ser. Sencillamente, insistimos, no son bienes de naturaleza jurídica, política y económica equivalentes.
Resulta indignante escuchar a algunos dirigentes del vecino país cuando sostienen que Bolivia perdió a manos de Chile tan solo el diez por ciento del total de sus desmembraciones territoriales. Ello parecería insinuar que Bolivia debería estar agradecida con Chile por el hecho de que no le hubiera arrebatado mayores extensiones territoriales. Ese diez por ciento impide que Bolivia tenga acceso directo a las dos terceras partes de la realidad física del planeta, que son los mares y océanos. Esa es la dimensión del daño, más allá de la apropiación de los recursos que permitieron financiar el desarrollo de Chile hasta el día de hoy.
Finalmente, no se trata de que la Corte “ordene a Chile cumplir con la aspiración política de Bolivia”, sino que, motivado por su buena fe, cumpla los compromisos formales que asumió encaminados a resolver el enclaustramiento geográfico que le impuso a Bolivia. No es con un despliegue de ilusionismo diplomático como se informa a la opinión internacional, mostrando cosas donde no existen y tratando de hacer desaparecer realidades inocultables.
