El proceso penal que sigue la Procuraduría General del Estado contra el periodista Ricardo Aguilar y la directora de La Razón, Claudia Benavente, tiene alcances de profundo calado para el gremio periodístico: se está sentando precedente judicial para cualquier caso en el futuro.
Dos cosas. Primero, se trata de un proceso penal, de acusación por supuestos delitos penales, como son el espionaje y la revelación de secretos de Estado; y, segundo, el objetivo de la causa es que el periodista revele e identifique a su o sus fuentes.
Pues bien, ambas acusaciones fueron apeladas: primero, que el juez penal no tiene competencia para ver la causa, pues el hecho se refiere a un supuesto delito de imprenta, cometido a través de un medio de comunicación, el periódico La Razón. Segundo, que la revelación del secreto de fuente es ir no solo contra el principio periodístico base de la libertad de expresión, sino que de alguna manera se instiga a ir contra la propia Ley de Imprenta.
Estas apelaciones ya corrieron su curso legal, ahora se encuentran en la máxima instancia del departamento, el Tribunal de Justicia Departamental, en su Sala Penal 3ª. Se espera que en los próximos días (si es que no se emitieron los fallos luego del cierre de esta edición, viernes) esta instancia dé a conocer su fallo al respecto.
Lo peculiar del caso es que la decisión del máximo tribunal departamental, como dicen los abogados, “causará estado”, jurisprudencia; de aquí para adelante se podrá acudir a esta decisión para justificar futuras similares determinaciones. En otras palabras, dependerá mucho de la decisión de hoy cómo en el futuro los jueces o el sistema judicial resuelvan dos cosas: cómo un periodista en el futuro deberá revelar su fuente, si bastará solo el requerimiento de un juez penal o civil, y no de imprenta; y si el periodista podrá ser juzgado penalmente, dejando de lado la Ley de Imprenta para los delitos en medios de comunicación.
El editor
