El proponer la creación de un Fondo para la Defensa (para las Fuerzas Armadas) con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el presidente Evo Morales, queriéndolo o no, indirectamente planteó llevar a debate electoral el financiamiento de la institución castrense.
A debate, porque se toca uno de los recursos más caros al país (el IDH), producto de toda la crisis estatal desde 2000. El nuevo Fondo, defiende la propuesta el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, no es tanto para mejorar la institución armada en términos de salarios u otros cambios menores, sino más bien potenciarlas para proteger los recursos naturales con que cuenta el país, especialmente en las zonas fronterizas.
Y dicho potenciamiento de la institución armada debe tener directa relación, directa proporcionalidad, con el valor estratégico de los recursos naturales a proteger; o sea, no solo el valor económico sino también el geopolítico del gas, el petróleo, los minerales, el litio, señala el ministro Quintana; de aquí la importancia del futuro nuevo Fondo.
Los críticos a la medida, en cambio, piensan que la propuesta del Fondo no es más que una forma de preservar la lealtad de la institución armada hacia el actual Gobierno. Es más, dicen, la propuesta gubernamental solo reproduce una lógica militarista y anacrónica del rol de la institución; no se está encarando adecuadamente el nuevo y moderno papel que deberían tener las Fuerzas Armadas en el Estado Plurinacional.
Además, reclaman los opositores, los recursos IDH (que son parte de la renta petrolera), fueron pensados para el beneficio “global” de los bolivianos; de ahí que sean para salud, educación, caminos y emprendimientos productivos.
Pero el IDH ya es una torta repartida entre varios pedazos o sectores, siete para ser exactos: municipios, Renta Dignidad, TGN, gobernaciones, universidades, Fondo Indígena y el Fondo de Educación Cívica.
El editor
