Volver a ser nosotros mismos”, dice el canciller David Choquehuanca cuando describe el espíritu de nuestro proceso de cambio. Hay muchas decisiones y muchos momentos que encarnan ese anhelo: como la Constitución escrita por representantes del pueblo y ya no solo de una minoría privilegiada, leyes trabajadas y consensuadas con los sectores a los que van dirigidas, aprovechamiento de recursos naturales que nos enriquecen a nosotros y ya no a unos otros que no conocemos, la “bolivianización” de la economía nacional… se trata de decidir nuestras vidas entre nosotros, cada vez menos dependientes de los razonamientos e intereses foráneos.
Algo parecido, pero tal vez más vernacular y complejo, está sucediendo también entre las naciones y los pueblos que han optado por la autonomía indígena originario campesina. Hace casi cinco años, el 6 de diciembre de 2009, once municipios decidieron emprender el camino para dejar de gobernarse a través de las reglas municipales, y recuperar, fortalecer y oficializar los modos ancestrales en que habían venido ejerciendo su vida social y política. Encomiendas, sindicatos y municipios han sido durante muchos años fuente de expropiación y de desconocimiento de lo propio, de lo orgánico que había sido creado y recreado para responder a los ciclos de la vida y a los procesos históricos. Algo que persiste en su fuerza vital y creativa, pero que no es plenamente reconocido por el Estado, ni integrado sistémicamente a los espacios de la lucha política.
¿Cuántos de esos once municipios tienen ya un gobierno propio? ¿Cuántos ejercen en los hechos aquella decisión de diciembre de 2009? Todavía ninguno. Solamente San Pedro de Totora y Charagua tienen estatutos autonómicos plenamente aprobados por sus asambleas estatuyentes y por el Tribunal Constitucional. Pero esos textos tienen todavía un desafío más: ser sometidos a referendo y ser aprobados por la mayoría absoluta de la población que habita en sus territorios.
TRÁMITES. Totora Marka (Oruro) lleva más de ocho meses tramitando ante el Órgano Electoral la realización de ese referendo. Charagua lleva cuatro meses en la misma intención. Mientras no cuenten con estatutos aprobados a través del voto ciudadano es casi imposible que ninguno de estos dos pueblos pueda elegir autoridades que no sean alcaldes ni concejales, en las elecciones subnacionales de 2015.
Esta situación es una muestra del camino dual en el que desde hace centenas de años los pueblos indígenas han debido aprender a moverse: una decisión colectiva fue sometida a la manifestación democrática liberal con el referendo de 2009. Luego vino una etapa hacia adentro, de consensuar la conformación y la forma de trabajo de las asambleas estatuyentes: representación por comunidades y ayllus, toma de decisiones por consenso, discusión de los órganos del gobierno indígena, valores y visiones que serían expresados en los estatutos. Han sido muchos días y noches de discusión, muchos viajes, mucho dejar el chaco y la familia para ir escribiendo lo que viene del pasado para darle luz a un mejor futuro.
Ahora, lo colectivo y comunitario debe someterse una vez más a la visión mecánica de “un ciudadano un voto”. También es cuestión de legitimidad y de garantizar que los futuros (y ojalá próximos) gobiernos indígena originario campesinos se construyan sobre la base de un pacto social vigoroso y explícito.
En ambos casos, ambos pueblos han debido esperar más de un año para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita una primera declaratoria respecto de sus estatutos. También en ambos casos, los magistrados tuvieron observaciones que debieron ser enmendadas por los asambleístas, retornando en segunda instancia al examen constitucional, etapa que ya fue vencida por Totora y Charagua.
RETRASO. Los procesos de Chayanta (Potosí) y de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) son los más retrasados. Debido a desacuerdos entre ayllus y markas, no han logrado siquiera conformar su órgano estatuyente y por tanto no se ha avanzado nada en la deliberación y consenso respecto de la conformación del gobierno indígena autónomo. A cinco años de la efervescencia del referendo de 2009, es muy difícil ya construir acuerdos sólidos y efectivos. Sin embargo, la norma no prevé ninguna salida para desacuerdos como éste.
El caso de Jesús de Machaca también es complejo, ya que en 2011 cada una de las dos parcialidades trabajó su propio texto, y hasta el momento no se ha logrado destrabar la negociación que permita arribar a un estatuto único y consensuado.
Charazani (La Paz) y Tarabuco (Chuquisaca) tampoco han podido ingresar sus estatutos al TCP. La asamblea estatuyente de Tarabuco finalizó el consenso del texto en agosto de 2012, pero hasta ahora no ha conseguido acreditar suficientemente, ante el TCP, el procedimiento y la forma de aprobación del estatuto. Mientras no se compruebe que el texto fue aprobado por 2/3 de los asambleístas, el TCP no puede entrar a revisar su contenido. En Charazani, la discordia gira alrededor de la sede del futuro gobierno originario. Por ello la aprobación del estatuto avanzó hasta la aprobación en grande solamente, y el proceso se estancó desde fines de 2012.
Huacaya es un municipio chuquisaqueño, también caminando a la conformación de un gobierno indígena. La asamblea estatuyente entregó su estatuto consensuado al TCP en noviembre de 2013. El proceso fue sorteado medio año después y se volvió a trancar cuando la magistrada, que resultó relatora, envió solicitud de informes técnicos a varias instancias (Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).
TRIBUNAL. Pampa Aullagas, en Oruro, también espera. Concluyó la aprobación de su estatuto a fines de 2011. En octubre de 2012 lo hizo llegar al TCP, que se pronunció veinte meses después (junio 2014), con observaciones puntuales, devolviendo el texto al órgano estatuyente. Ahora se le hace cuesta arriba a Pampa Aullagas reagrupar a los asambleístas para enmendar las observaciones del Tribunal, y también tiene pendiente la resolución de una controversia referida al ordenamiento territorial al interior del futuro gobierno originario.
Finalmente están Mojocoya (Chuquisaca) y Uru Chipaya (Oruro), que ya han subsanado las observaciones del TCP a sus estatutos en una primera instancia y los han vuelto a enviar. Esperan ahora que la declaración de constitucionalidad sea positiva y definitiva. En ambos casos, la primera versión de sus estatutos había sido remitida en octubre de 2012 al Tribunal, que se pronunció (observando los dos textos) a mediados de este año.
Esa es la situación formal y jurídica de los estatutos de los futuros primeros gobiernos indígena originario campesinos. La complejidad legal resulta ser aplastante, a veces, respecto de la voluntad de los pueblos.
Otras veces, sin embargo, la fuerza histórica y las raíces culturales doblegan y conquistan las rutas más enrevesadas. No es ésa la cuestión, sino más bien lo que pasa dentro: que las voluntades se mantengan firmes, que los consensos internos no sean cuestionados por intereses pequeños, que la deliberación no sea continuamente boicoteada. “Para volver a ser nosotros mismos”, también eso dicen los y las asambleístas indígenas. También eso sueñan, y por ese sueño, que es un sueño ancestral y justo, persisten y jalan la historia. Esa que también es la nuestra: la del Estado Plurinacional.
