El actual gobierno de Enrique Peña Nieto está enfrentando un terrible escándalo con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en octubre de 2014. El hecho ha sido espeluznante porque se cree que estos estudiantes fueron quemados vivos. Las decapitaciones, descuartizamientos y cientos de asesinatos horrorosos superan con creces las acciones violentas del Estado Islámico. Lo que sucede en México es una crisis estatal que está golpeando muy duro en toda América Latina.
El Estado mexicano se enmarca dentro de un verdadero proceso anómico, lo que significa que presenta un conjunto de desequilibrios dentro del orden político, porque las estructuras estatales están dejando de representar el imperio de la ley y la integración social. El Estado anómico viola las garantías fundamentales de libertad y protección de derechos que poseen los ciudadanos.
Se trata de una degeneración institucional y política donde es muy difícil recuperar la capacidad para controlar tres ámbitos de suma importancia en el siglo XXI: a) la policía; b) las Fuerzas Armadas; y c) el Poder Judicial. En estas tres esferas, la violencia contra los derechos humanos y la penetración del crimen organizado hicieron que el Estado tropiece con una crisis de legitimidad, sin poder revertir una serie de incentivos a la impunidad y la corrupción. Así, se socavan constantemente las débiles estructuras institucionales que la democracia trató de desarrollar los últimos 30 años.
México arrastra una ola de violencia en la que sorprende la existencia de 60.000 muertos, solamente en el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), junto a otros 26.000 desaparecidos en los mismos seis años. Todo esto a consecuencia de la guerra contra las drogas y la imposibilidad de brindar seguridad interna a la sociedad civil. La cantidad de asesinatos y desapariciones en diferentes gobiernos democráticos de México va más allá de la cifra de muertos durante las dictaduras más sangrientas en Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1982).
DESAPARICIONES. Una vez más, las desapariciones en México ponen al descubierto la relación peligrosa entre el poder político y diversas bandas de sicarios en la ciudad de Iguala, relación avalada inclusive por la Gobernación del Estado de Guerrero. La sociedad mexicana está fuertemente indignada por estos hechos y se organizó para afrontar los abusos del crimen organizado; sin embargo, el remedio parece peor que la enfermedad, debido a la irrupción incontrolable de anomia estatal. Cuando la sociedad desconoce la autoridad del Estado, aparecen múltiples distorsiones cuando algunas personas tratan de hacer justicia por mano propia, lo que agiganta la violencia por medio de múltiples linchamientos colectivos. Las brigadas de autodefensa provenientes de la sociedad civil también rompen con la estabilidad estatal, llevando hacia otros extremos la descomposición del orden político.
Las preguntas más relevantes para comprender el Estado anómico, podrían ser las siguientes: ¿Cómo puede estimarse la penetración de intereses corporativos y del crimen organizado, como el narcotráfico, en las estructuras estatales de México, en medio de la globalización? ¿Cuáles son las características de la crisis de institucionalidad que afecta a la Policía, las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial, características que destruyen la fortaleza estatal? ¿Cómo contribuyen los factores y actores internacionales a fortalecer (o debilitar) las capacidades estatales mexicanas?
Si concebimos a la “estatalidad” como un péndulo que se mueve entre “estados anómicos” y “estados fuertes”, es importante agregar otra orientación en la que el Estado sea entendido como un sistema social complejo que cambia constantemente y de forma no necesariamente lineal. Cambia con relación al contexto internacional y en su conexión con la sociedad.
Existe un aspecto descuidado en las ciencias sociales latinoamericanas: la incapacidad del Estado para reformarse como burocracia (eficiencia) y referente de orden político (principio de autoridad y soberanía). Hasta el momento, algunas instituciones estatales mexicanas no logran tener una identidad democrática para enfrentar los retos económicos de la globalización, y para la protección interna de los derechos humanos en condiciones de seguridad.
La noción de falla, fragilidad o anomia estatal generalmente está asociada con la incapacidad del Estado para desarrollar una o varias funciones que se consideran primordiales. El concepto se vincula con definiciones de tipo “funcionalista”. Un Estado con alta capacidad sería aquel que cuenta con el poder infraestructural para mantener el monopolio de la coerción y, adicionalmente, para proveer a la población de bienes públicos fundamentales. Esta noción, originalmente planteada por Michael Mann, fue recientemente recuperada en el influyente artículo de (Hillel) Soifer y (Matthias) Vom Hau. Según estos autores: “los estados con altas capacidades se encuentran en mejores condiciones de establecer el monopolio de la fuerza, hacer cumplir los contratos, controlar su población, regular las instituciones, extraer recursos y proveer bienes públicos”.
DESIGUALDAD. En México, la aparición del Estado anómico impide la entrega de servicios públicos, agrandando los riesgos de la desigualdad. El crecimiento económico podría contribuir a la reducción de la pobreza extrema; sin embargo, un Estado débil y poco respetado por la sociedad es arrastrado hacia la reproducción de la desigualdad social, económica y política, sobre todo porque las élites corporativas que tienen conexiones con el poder bloquean las capacidades del Estado para actuar con autonomía. Esto es lo que desata demasiados conflictos y pugnas de élites corporativas dentro de la dinámica del sistema político. Además, la noción del “Estado como eficacia de la ley” se encuentra en decadencia. El Estado supone la capacidad de hacer cumplir la ley en el territorio. Esto no implica necesariamente la presencia de un régimen legal democrático u occidental, sino simplemente la vigencia e implementación de un sistema legal establecido con anterioridad y que requiere ser obedecido, pero no ocurre esto.
De cara hacia el sistema internacional, se trata de mostrar un Estado fuerte, con vocación de autoridad. Es decir, mostrar un Estado como Leviatán, seguro de sí mismo porque las redes de interdependencia de la globalización exigen un tipo de actor estatal con plena potestad. Empero, hacia adentro de México, la realidad presenta otro tipo de identidad más frágil y desestructurada, de manera que hay una constante contradicción entre lo que el Estado es capaz de ofrecer hacia el orden interno y los otros desafíos por fuera: hacia la globalización que se transforma en una influencia sumamente riesgosa.
