Esta semana llegó a su fin el juicio de responsabilidades contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); proceso que se les instauró por haber suspendido la Ley del Notariado Plurinacional.
Contra lo que en diciembre se preveía, en estos días la causa tomó un curso imprevisto: primero, el magistrado Gualberto Cusi fue retirado “temporalmente” del caso debido a su salud (se prevé que sea juzgado por la próxima Asamblea); luego, la magistrada Ligia Velásquez renunció a su cargo, acogiéndose a una ley recientemente aprobada al respecto, por la cual se archiva la causa contra ella; también fue, dijo, por su salud y por el efecto negativo que el proceso empezó a tener en su familia. La magistrada Soraida Chánez decidió continuar enfrentando sola el juicio.
Animal Político siguió de cerca las audiencias clave del proceso. En diciembre se observó cómo la causa estaba siendo ventilada principalmente en torno a las formas procedimentales, sobre la validez de las pruebas (de cómo se las consiguió) o si se había citado de forma adecuada a los testigos presentados por la defensa.
Como se previó también en diciembre, fue en las sesiones de enero (las que culminaron en esta semana) que se “ingresó”, por lo menos formalmente, en el fondo del asunto: en probar que los magistrados habían cometido tres delitos, a saber: prevaricato, incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de si la suspensión de la Ley del Notariado Plurinacional había causado un “caos jurídico” nacional, como señalaba la parte acusadora.
Cuando la esperanza era que el pleito se aclare, en el tema de fondo, con la declaración de los testigos (15 que se iba a convocar, pero de los cuales solo estuvieron 4), en el proceso al final se tuvo un solo testificante.
Con Chánez como única encausada, llegó el día de la sentencia, el jueves 8, con lo previsible: la destitución de la abogada. Por lo que se vio, está en cuestión el hecho de que se haya probado el señalado “caos jurídico”.
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