El proceso de cambio que vivimos (2006-2015) tiene entre sus logros haber iniciado la descolonización mental principalmente, pero además la petroquímica, la hidroeléctrica, las fundiciones y el crecimiento de la infraestructura carretera, de salud y educación; pero la manufactura, la industria propia y la agricultura campesina siguen siendo postergadas.
Como enseña la economía, de estas “cosas pequeñas” debería depender el empleo permanente, productivo y digno de la población, que ahora se ve obligada a trabajar en el comercio, transporte y servicios, dominantemente por cuenta propia y la informalidad, esto desde el lado de la circulación, y desde la esfera de la producción el panorama es aún más sombrío. La manufactura y la industria nacional agonizan por la competencia de los productos chinos y el contrabando de ropa usada. La agricultura campesina, tradicionalmente ligada al mercado interno, es cada vez más insostenible; por los bajos precios de los productos campesinos, que subvencionan a las ciudades, pero sobre todo por la importación y contrabando de productos agrícolas, ganaderos, forestales y de pesca con valor agregado y bajos costos de producción.
Está comprobado empíricamente que las políticas de desarrollo de un país están dadas en última instancia por la asignación de recursos. Pueden existir leyes, decretos, incluso planes y programas nacionales, departamentales y municipales que prioricen el desarrollo de la agricultura campesina y la manufactura e industria, pero si no se garantiza inversión y su financiamiento, éstos siguen siendo de las “cosas pequeñas”.
Los históricos Plan Bohan, Plan Decenal, Estrategia del Desarrollo Nacional, Plan de Todos, e incluso los del Estado Plurinacional, en su diagnóstico muestran la situación crítica de los sectores manufacturero, industrial y de pequeña producción campesina y, en consecuencia, en la parte estratégica proponen la transformación y producción agraria; sin embargo, a la hora de asignar recursos se observa la desproporción gigante entre la inversión en hidrocarburos, minerales e infraestructura, y la inversión real en manufactura, industria y agricultura campesina.
CULTIVOS. El Gobierno recién reelecto percibe perfectamente este reto. La primera declaración presidencial, aun antes de la posesión, fue que los recursos provenientes de los hidrocarburos principalmente serían destinados a proyectos productivos. Datos recientes muestran que existe un avance importante en la producción de trigo y maíz, en los cultivos de invierno de Santa Cruz, y la Cámara Agropecuaria del Oriente tiene listo un plan para la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. Por su parte, el Vicepresidente (Álvaro García) lanzó el objetivo, a largo plazo, de triplicar las hectáreas cultivadas hoy en el país, de algo más de 3 millones a 10 millones, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y exportar la producción agropecuaria excedente. Sin embargo, en este postulado existe el temor de reproducir lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas: aumentar la producción de soya por la vía agroindustrial a costa del desbosque y que el destino de la producción sea casi exclusivamente la exportación.
La producción campesina, considerando los pequeños productores del altiplano, valles y zonas de colonización, se estima en menos de 1,5 millones de hectáreas cultivadas, y es mayormente para el mercado interno; en las últimas décadas no ha tenido un crecimiento notorio, exceptuando a la quinua, otra vez destinada sobre todo al mercado externo.
No se trata de desvestir a un santo para vestir a otro. La inversión realizada en la última década en materia hidrocarburífera, minería, caminos y los servicios de salud, educación y comunicación deben continuar e incluso incrementarse, por ser la base estratégica del crecimiento nacional.
Lo que debe proponerse es el desarrollo paralelo y urgente de los sectores siempre postergados de la economía campesina y la pequeña y mediana industria nacional, fundamento del desarrollo del mercado interior. Pasar de la liberación política a la liberación económica; romper el modelo primario exportador en condiciones absolutamente adversas, en las que el productor por sí solo no puede revertir la dependencia y que el Estado intervenga directamente con una política proteccionista.
No se desconoce el fomento realizado por el Gobierno, como el apoyo a los productores afectados por desastres naturales, los programas de Mecanización Agrícola, de Seguridad Alimentaria, Mi Agua, Bolivia Cambia Evo Cumple, y el de Saneamiento y Distribución de Tierras; el Banco de Desarrollo Productivo y los fondos de Desarrollo Alternativo y Nacional de Desarrollo Regional. Los esfuerzos legales de prohibir la importación y contrabando de ropa usada y de parque automotor “chatarra” van en sentido positivo de la economía propia.
Es pues el tiempo de las “cosas pequeñas”, las que prodigan empleo productivo, digno y permanente. Se trata de asistir técnica y financieramente a la pequeña y mediana producción campesina, básicamente en rehabilitación, mejoramiento y construcción de sistemas de micro y mediano riego; teniendo en cuenta que una hectárea de riego adicional duplica la producción. Si se suma a esto el acompañamiento tecnológico del uso de semillas mejoradas y los cuidados culturales, la producción se triplica. Estamos hablando de productividad más que de producción.
La recuperación de suelos mediante nuestra tecnología del “laemeado”, la fertilización y defensivos son otras estrategias para aumentar el área cultivada del pequeño productor. Finalmente, la colonización de pequeños productores en el trópico y subtrópico boliviano es la manera más efectiva de desarrollar la economía campesina, rompiendo las trabas legales de la Ley INRA impuesta por el Banco Mundial, estableciendo la economía comunitaria, más que la propiedad comunitaria, ajena a nuestra concepción andina-amazónica que combina la propiedad privada y colectiva.
ESTADO. Una tarea aún más difícil es desarrollar la manufactura y la pequeña industria, debido al libre mercado y la gigantesca ocupación que existe en el sector informal de la economía. Aquí, la intervención del Estado es aún más necesaria. Solo aumentando el impuesto a las importaciones de productos manufacturados, liquidando el contrabando y creando normas restrictivas de calidad y sanidad de las mismas podrá ponerse límite a este flagelo. Por lo demás, el Estado deberá transformar los bonos, subsidios, uniformes y merienda escolar con productos nacionales provenientes de los pequeños productores agropecuarios e industriales.
Concretamente, el Estado debe garantizar el triplicar la producción campesina a largo plazo; triplicando el promedio anual de 10.000 hectáreas de riego incremental por año a 30.000. Lo propio y con mayor razón con la producción de semilla mejorada, que es empleada también en cultivos a secano. Lo que todavía es un tabú es el asentamiento humano de pequeños productores en el trópico y subtrópico boliviano (colonización), trabada por la Ley INRA desde su promulgación y apoyada por ambientalistas ortodoxos, que sospechosamente no critican de la misma forma al modelo agroindustrial, basado en el desmonte y monocultivo, cuyo producto es destinado casi exclusivamente a la exportación como materia prima. Si hoy los pequeños colonizadores representan 100.000 familias, a largo plazo deberían duplicarse a 200.000 familias, con un promedio de 50 hectáreas por colono, manejadas sosteniblemente.
Otra vez, el fortalecimiento de la economía campesina y la pequeña y mediana manufactura destinada al mercado interno no es incompatible con la inversión en sistemas de riego grandes, el cultivo agroindustrial y las industrias a gran escala, públicas y privadas, sino el cumplimiento de la economía plural constitucional.
