El jefe de campaña de los demócratas en el Beni, Carmelo Lens, cometió un error terrible que, ya denunciado ante el Órgano Electoral, puede convertirse en delito electoral. Nada menos. Las consecuencias para su candidato a gobernador (Suárez) y afines pueden ser terribles. Y provocarían un drástico giro en los comicios benianos del 29 de marzo.
¿Qué hizo Carmelo? En una conferencia de prensa de Unidad Demócrata (no personal, no tangencial) violó de manera inequívoca el artículo 135, inciso c) de la Ley del Régimen Electoral, que prohíbe la difusión de encuestas electorales realizadas por organizaciones políticas. Es evidente que el abogado Carmelo no leyó bien la norma. ¿O la leyó demasiado bien?
¿Cuáles son las potenciales sanciones ante la acción de Carmelo en nombre de su organización política? La fundamental, además de una multa, es la “inmediata cancelación” de la personalidad jurídica de UD. ¿Se imaginan? Es evidente que se trata de un exceso de la ley. Con la multa bastaba. Pero está vigente.
¿Y los efectos electorales? ¿Cómo reaccionará la población beniana si acaso los candidatos de UD quedan sin organización política y, por tanto, inhabilitados? ¿Boicotearán los comicios? ¿Votarán en blanco? ¿Darán respaldo a otros candidatos de la oposición? ¿No saben/no responden? Con los malestares nunca se sabe.
Ahora el sensible “bulto” está en manos del TSE. Si aplica la ley, en rigor, tendría que cancelar la personalidad jurídica de la alianza UD. ¿En el ámbito nacional? ¿Acotada al Beni? ¿Con efectos restringidos solo a los postulantes Suárez y Shriqui, sobre los que se difundieron datos de una encuesta propia de su organización política?
Los hombrecitos de UD en el Beni saben bien que violaron la norma (¡pero qué hiciste, Carmelo!). Y no tienen cómo zafarse. Primero hablaron de un insostenible “complot” (¿por mano propia?). Ahora quieren forzar el símil incomparable (“Silva también lo hizo”). Intuyen/temen lo que viene.
Es la batalla por las inhabilitaciones. Y claro que más allá de la selectiva aplicación de la norma en el caso, y su necesaria reforma como asignatura pendiente, queda en agenda este serio hematoma en la legitimidad de los comicios.
