A más de seis años de vigencia del régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), el estado de las autonomías es el siguiente:
1. Desde el Gobierno nacional se han impuesto trabas a la efectiva implementación de las autonomías, a través de un conjunto de leyes (empezando por artículos inconstitucionales y centralistas de la Ley Marco de Autonomías) y otras disposiciones administrativas emitidas especialmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ministerio tranca de las autonomías.
2. En cinco de las nueve gobernaciones (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí) el gobierno de Evo ha impuesto una suerte de “combo autonómico tutelado”, que empezó con el referendo por autonomías departamentales y pretende continuar con la consulta simultánea de aprobación de sus Estatutos Autonómicos, prevista para mediados de este año, no porque el Movimiento Al Socialismo (MAS) se haya vuelto de pronto autonomista, sino porque se dio cuenta de que parecer autonomista es útil, sobre todo para su penetración político-electoral en oriente, haciendo simulacros de autonomía en occidente.
3. Si bien, el Gobierno “Autónomo” Departamental de Pando es la única entidad territorial que cuenta con su norma básica institucional en vigencia (Estatuto Autonómico), esto se debe más que a un avance autonómico, a las condiciones de gobernabilidad masista que se impuso a dicho departamento. En Pando, luego de la intervención militar de septiembre-octubre de 2008, el Gobierno ha generado condiciones para una suerte también de tutelaje del proceso autonómico en dicho departamento.
4. En la Gobernación de Tarija (interinato masista) y Beni (nueva elección inconstitucionalmente forzada), prácticamente se ha paralizado la implementación autonómica.
5. La Gobernación de Santa Cruz ha tenido avances limitados en el ejercicio de su Gobierno Autónomo, lidiando con problemas de gobernabilidad hábilmente manejados por el MAS y una falta de imaginación en sus líderes para enfrentar dichas dificultades.
6. De los 339 municipios, son muy pocos los gobiernos autónomos municipales que han avanzado en gestión autonómica, y especialmente en su competencia legislativa (todavía no hay cartas orgánicas en vigencia). La mayoría de los gobiernos municipales se ha quedado todavía con el chip de la Ley de Participación Popular y no han transitado hacia el nuevo régimen autonómico vigente.
7. Las autonomías indígenas todavía no existen, pese a que, hace más de cinco años, la voluntad popular de once de doce municipios decidió respaldar su transición a dicha modalidad.
8. La única Autonomía Regional en curso (Chaco tarijeño) está extraviada en la distribución y gasto de la importante cantidad de recursos que administra, prácticamente dividida en sus tres “jefaturas seccionales de desarrollo” (Yacuiba, Villamontes y Caraparí).
SUBNACIONALES. El 29 de marzo elegiremos a nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales que tendrán, como desafío fundamental, superar el estado de situación descrito, e iniciar una efectiva transición hacia una verdadera gestión autonómica y organización territorial para el desarrollo en sus respectivas circunscripciones, legítima y legalmente delimitadas, como objetivos fundamentales de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) para contribuir, desde sus competencias, a la mejora sustentable de las condiciones de vida de la gente.
Para una efectiva implementación de las autonomías, el Gobierno nacional y las autoridades a elegir deben terminar de comprender que el régimen autonómico, establecido en la Constitución, comporta “bases multicéntricas de autogobierno, y gobierno compartido” (Ramón Máiz), entre las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado, hacia un objetivo común: el desarrollo a “escala humana” (Max Neef) de nuestra comunidad, donde la gestión pública nacional, departamental, regional y/o municipal satisfaga con eficiencia y eficacia las necesidades humanas fundamentales de la ciudadanía, sea que ésta viva en Tarija o en Cobija.
Lamentablemente las elecciones subnacionales del 29 de marzo van a estar marcadas por serias amenazas del binomio presidencial. Si ambos mandatarios quieren ser respetados como tales, como debe ser en democracia, deben también respetar a las autoridades que elija la gente. Ambos mandatarios han declarado públicamente que si la gente vota en las próximas elecciones por candidatos que no sean del MAS, no trabajarán con esas autoridades, o peor aún, que los municipios que elijan a un alcalde que no sea masista no recibirá proyectos de inversión pública del nivel central. Estas declaraciones del binomio gobernante están claramente tipificadas como delito electoral establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral que al respecto estipula en su artículo 238, inciso c, Coacción Electoral: “el servidor público electoral (…) que coaccione, atemorice a cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral (…) será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Además, si el autor fuera funcionario público, será sancionado con la destitución del cargo (…)”.
Para el juzgamiento de este delito electoral, el artículo 239 de la misma ley estipula que: “I. El juzgamiento de los delitos tipificados por la presente Ley (…) corresponde a la justicia penal ordinaria (…) Las autoridades electorales que tengan conocimiento de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público, bajo responsabilidad. II. Si la persona denunciada fuera funcionaria pública, se dispondrá la suspensión temporal de sus funciones al momento de la acusación formal del Ministerio Público”.
Si el objetivo de dichas amenazas era obligar a la gente a votar por candidatos masistas, todo indica que el “tiro les saldrá por la culata”, pues de acuerdo a las encuestas, candidatos masistas considerados incompetentes y corruptos por la ciudadanía, podrían recibir un mayor voto castigo. A diferencia de lo que pensaban provocar, estas amenazas se pueden transformar en una oportunidad de contar con autoridades subnacionales que con personalidad empiecen seriamente a construir el estado autonómico boliviano.
Este podría ser el caso del posible “paceñazo autonomista” en los municipios y Gobernación del departamento de La Paz, que si las encuestas no se alteran por algún extraordinario suceso (fraude por ejemplo), el MAS perdería no solo en el municipio de La Paz donde Sol.bo puede obtener también la mayoría del Concejo, sino que la Sole ganaría en El Alto y Félix Patzi podría ganar en la primera vuelta, o con seguridad ir al menos a la segunda vuelta, con un buen chance de ser el nuevo gobernador de La Paz. De ser así, Evo Morales y Álvaro García Linera tendrán nomás que trabajar con Luis Revilla, Soledad Chapetón, Félix Patzi y otros alcaldes(as) y gobernadores de “oposición” en la necesaria coordinación gubernamental entre el nivel central, departamental y municipal, garantizando una “gobernanza multinivel”. Lo contrario significaría ahondar el divorcio con la ciudadanía cabreada de actitudes autoritarias de sus gobernantes.
