Cuando por lo común se habla de la suspensión de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia, cabe, en principio, hacer una precisión técnica: en ningún momento se ha producido una ruptura de relaciones diplomáticas entre Bolivia y los Estados Unidos de América. Lo que ha ocurrido, después de la expulsión del embajador Philip Goldberg, y de la consiguiente salida de nuestro Jefe de Misión en Washington D.C. (Gustavo Guzmán), Estados Unidos, es que el diálogo político-diplomático bilateral bajó al nivel de Encargados de Negocios a.i. (ad interim, latín: provisional).
Esta situación ha generado, obviamente, un distanciamiento bilateral en todos los campos de la relación entre ambos Estados. En la práctica, ese diálogo se ha circunscrito a temas rutinarios, que, por lo general, se atienden y resuelven en el ámbito consular, y en esa dinámica, muy restringida se han desarrollado las relaciones en estos últimos años.
Acerca de la “restitución” de las relaciones entre Bolivia y el país del norte. Como hemos dicho, no se trata de restituir las relaciones, sino de normalizarlas. Es decir, intercambiar embajadores designados en La Paz y Washington. A mi juicio se debería seguir trabajando en la recomposición de las relaciones diplomáticas, más allá de las ideologías, ya que Bolivia debe explorar todas las oportunidades de cooperación externa y, en ese orden, buscar entendimientos con todos los países del mundo, con la única limitación del respeto a sus decisiones soberanas.
No hay que olvidar que cuando hablamos de los Estados Unidos, nos estamos refiriendo a la primera potencia del mundo en todas las esferas. Estamos hablando de un mercado gigantesco y de una fuente importante de recursos financieros y tecnológicos. Hay que tener en cuenta, además, que las relaciones con los Estados Unidos tienen históricamente
una larga tradición, que data desde 1848.
En relación a cómo debe manejar Bolivia diplomáticamente el ríspido asunto del narcotráfico, que ha sido una de las razones del distanciamiento, hubo acuerdos posteriores a la salida del embajador Philip Goldberg sobre la materia, y no creo que ése sea el punto neurálgico actualmente. Lo ha sido en el pasado, y era previsible la salida de la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés; Administración para el Control de Drogas), porque la discusión sobre la ayuda norteamericana en este delicado tema siempre ha sido la misma: Bolivia ha insistido en el desarrollo alternativo y en una erradicación de la hoja de coca excedentaria consensuada con los agricultores; mientras que la política de los Estados Unidos ponía siempre el énfasis en la interdicción, que, sin duda, solo genera violencia y no da resultados sostenibles.
En torno a los acercamientos que hubo entre Bolivia y Estados Unidos, inclusive en vista a una reunión entre los presidentes Evo Morales y Barack Obama, creo que la base está dada en el acuerdo suscrito entre ambos gobiernos en noviembre de 2011, que se funda en el compromiso de fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales bajo la premisa del respeto mutuo. Hay que seguir trabajando en esa línea y dar seguimiento a la concreción de ese acuerdo. Se habló, asimismo, de un posible encuentro entre los presidentes Morales y Obama. Hubo expresiones constructivas y auspiciosas de ambos lados. Tal vez, a estas alturas, ya no existan barreras insalvables para normalizar las relaciones cooperativas entre ambos países. Las diferencias ideológicas, que en la vida de los pueblos son circunstanciales, no pueden generar rupturas definitivas entre los países.
En cuanto a la importancia de Estados Unidos en lo relativo al tema marítimo, la verdad es que solo hemos recibido lo que podríamos llamar un apoyo prescindente. La única vez que Estados Unidos se pronunció, de manera concreta, fue en 1926, mediante la propuesta del secretario de Estado Frank Billings Kellogg, basada, esencialmente, en la transferencia a Bolivia de Tacna y Arica, que, lamentablemente, no prosperó. Después, Estados Unidos prefirió soslayar el problema.
En lo relativo a los obstáculos que deben sortearse para lograr una restitución de las relaciones, se debe formalizar y poner en vigencia el acuerdo de noviembre de 2011, y trabajar sobre esas bases, que tienden a garantizar que los futuros entendimientos bilaterales respeten rigurosamente el principio de no injerencia en asuntos internos de los Estados, el pluralismo ideológico, una cooperación sin condicionamientos políticos ni de otra índole.
