Tan sorprendentes han sido los resultados de las elecciones del 29 de marzo, que han dado lugar a análisis e interpretaciones de la más diversa laya, y con los ánimos e intenciones más contradictorios. Sin pretender contribuir con un nuevo apotegma que pretenda contener todos los aspectos políticos e institucionales de los comicios subnacionales, me parece que se puede reforzar algunas conclusiones ya expresadas por otros comentaristas en los siguientes términos. Primero, poner de relieve la conducta ejemplar de los ciudadanos. En efecto, como ya ocurrió en anteriores elecciones, la participación electoral se ha mantenido aproximadamente en los niveles acostumbrados, no se han registrado episodios de violencia o desorden que valga la pena mencionar, y los votos han sido emitidos con un destacable grado de autonomía, neutralizando las consignas y amenazas del oficialismo, que se comprometió desde su cúpula para atraer el voto hacia candidatos con baja convocatoria propia.
Segundo, repudiar la actuación parcializada del órgano electoral, cuestionado claramente incluso por los observadores internacionales, pero asimismo las reiteradas transgresiones cometidas por autoridades en ejercicio, que debieron abstenerse de participar con los candidatos del MAS en la inauguración de obras y proyectos, como mandan las leyes al respecto.
Tercero, los resultados propiamente tales. Al respecto, las cosas son mucho menos simples de lo que aparentan a primera vista. Comparados con los afanes y las correspondientes expectativas del MAS, no cabe duda alguna sobre su derrota. Así lo han reconocido sus propios dirigentes, empezando por el presidente Evo Morales, que se ha referido a su derrota como un repudio a la corrupción, entre otras causas menores que también se han mencionado.
Más problemático resulta sin embargo identificar a los ganadores de las elecciones. Por de pronto parece sensato atribuir los éxitos de las fórmulas ganadoras en las gobernaciones y alcaldías a las circunstancias locales específicas, de suerte que ningún partido, alianza o coalición se puede atribuir una victoria de alcance nacional. No es lícito, en efecto, agregar en una sola resultante los votos emitidos en circunstancias locales particulares, que han sorprendido a propios y extraños. Ello no obstante, lo que se puede afirmar es que se ha incorporado en esta ocasión un interesante número de liderazgos jóvenes, aunque no exista por de pronto nada que los unifique bajo un único denominador común. Lo que ocurra en el futuro con estos jóvenes sub-40 sólo puede ser ahora materia de cábala y especulación.
Y sin embargo, se pueden identificar al menos dos escenarios de la política para los próximos años. En el primero cabe imaginar el comienzo de un largo proceso de renegociación del pacto nacional conducente al establecimiento de las autonomías y, en tal contexto, uno de los ejes del debate estaría constituido por la redefinición de los alcances del pacto fiscal, para darle el contenido que le atribuyen las organizaciones de la sociedad civil.
Porque los gobernadores y alcaldes electos cuentan con un respaldo popular propio y legítimo, si logran establecer condiciones de gobernabilidad con sus respectivos concejos y asambleas, podrían unificar fuerzas para emprender la negociación de las autonomías con el Gobierno central, que hasta ahora no ha mostrado interés alguno sobre el tema. Bien vistas las cosas, el principal logro institucional de las elecciones subnacionales consiste en la generación de condiciones para abordar la construcción del Estado con autonomías. Sin los resultados electorales del 29 de marzo difícilmente el MAS hubiera accedido a debatir en serio sobre las autonomías de verdad y sobre el pacto fiscal auténtico.
El otro escenario estaría caracterizado por la búsqueda del oficialismo de revertir los resultados intrínsecos de la voluntad popular, mediante todo tipo de instrumentos legales y políticos. Esto se traduciría en una serie de conflictos y confrontaciones entre autoridades colocadas en diferentes niveles de la arquitectura estatal, al estilo de lo que ocurre en varios países de América Latina y que ya ocurrió también en nuestro propio pasado.
La discusión democrática sobre las autonomías y el pacto fiscal conduce inexorablemente a plantear la revisión de los supuestos económicos subyacentes. Sobre el particular, es preciso tomar en cuenta que ya se han hecho sentir los efectos de la caída de los precios internacionales de nuestras exportaciones, con sus efectos consiguientes sobre la situación fiscal.
Los excedentes fiscales del período reciente constituyen una renta derivada de los altos precios de los productos básicos en el mercado internacional. Por contraste, los excedentes genuinos provienen de los aumentos de la productividad general de la economía. Se puede argumentar, por consiguiente, que el verdadero debate económico nacional tiene que versar sobre el cambio del actual patrón de acumulación primario-exportador, cuestionado ahora por la propia realidad económica antes que por las argumentaciones conceptuales.
La única manera de soslayar las incertidumbres y riesgos que trae consigo la inserción internacional mediante productos básicos y materias primas, consiste en construir una base industrial diversificada y apta para incorporar permanentemente nuevas capas de progreso técnico. Es fácil de comprender que la naturaleza y dimensiones de la base tributaria son muy diferentes si están sostenidas por un tejido industrial amplio y diverso, en vez de un esquema de extracción y exportación de recursos naturales.
La reconversión productiva es un proceso de largo aliento y puede tomar varias décadas. Pero el proceso podría iniciarse ahora en sus primeras etapas en vista de que la voluntad ciudadana de rechazo al centralismo y sus secuelas de ineficiencia y corrupción, ha abierto las condiciones políticas para que autoridades subnacionales, por su propio interés local, impulsen la deliberación general sobre el nuevo patrón de acumulación, las autonomías y el pacto fiscal.
El propio MAS tendría que estar interesado en cambiar las fuentes de la redistribución de ingresos, en vista de que en ausencia de excedentes fiscales como en los años pasados, resulta absolutamente imposible sostener el empleo redundante en las empresas públicas y en el propio aparato administrativo del Estado. Sin excedentes fiscales, tampoco es posible mantener los diversos subsidios a los carburantes y los alimentos, como tampoco dejar por fuera de la tributación a las actividades de los cocaleros y las cooperativas mineras.
Este escenario de deliberación y negociación transparente sobre los aspectos medulares de la organización económica, presupone ciertamente la presencia de condiciones políticas, liderazgos esclarecidos y tolerancia recíproca, que podrían originarse en una lectura apropiada de los mandatos implícitos de la ciudadanía en las recientes elecciones.
Pero las cosas también pueden ocurrir de otra manera, al estilo usual del MAS. En el escenario correspondiente, el futuro estaría plagado de conflictos de diferente envergadura, los correctivos necesarios se improvisarían caso por caso, y el país habría perdido una oportunidad de corregir las insuficiencias del centralismo, por una parte, y de la fragilidad de la base productiva para sostener niveles crecientes de bienestar social a partir del incremento sostenido de la productividad, por otra.
