Entre el 4 y 8 de mayo, esta semana, Bolivia y Chile expondrán sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) radicada en La Haya, Países Bajos. El tema del debate será la competencia o incompetencia de la CIJ para conocer la demanda boliviana contra Chile: el pedido de que el principal tribunal de las Naciones Unidas obligue a Chile a negociar de buena fe un acceso soberano al mar por parte de Bolivia.
Hay tres posibles escenarios: que la CIJ acepte la excepción chilena, con lo que todo se detiene; que la rechace, con lo que continúa el proceso de fondo; y, he aquí lo complejo, que postergue el fallo sobre su competencia hasta cuando dicte su sentencia final; todo depende de la complejidad que adquiera el caso.
El fundamento jurídico de la demanda es que en varias ocasiones Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones que efectuaron sus máximas autoridades gubernamentales.
La “objeción preliminar” que el Gobierno de Chile presentó contra la demanda boliviana apunta principalmente a que “en definitiva” el pedido boliviano llevará a modificar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y a cambiar, dice, las actuales “facilidades” de libre comercio para Bolivia por territorio chileno, por un acceso soberano al océano Pacífico.
En respuesta, el vocero de la demanda marítima, el expresidente Carlos Mesa afirma que ni directa ni indirectamente la demanda ante La Haya toca o alude al Tratado de 1904; lo que exige el país en su demanda, señala, es que Chile cumpla con los compromisos que hizo de dar una salida soberana al mar a Bolivia.
El excanciller Javier Murillo de la Rocha recuerda que el diálogo entre Bolivia y Chile podrá ser exitoso solo si coinciden: la voluntad real de Chile, la voluntad viabilizadora de Perú, y un consenso en el pueblo boliviano acerca de las características y costos que tendrá una solución.
El editor
