Nos advertía Charles Tilly que “La vida humana es un error detrás de otro. Cometemos errores, los detectamos, los corregimos y, acto seguido, pasamos a cometer nuevos errores”. Esto parece sintetizar el dramático accionar de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la siniestra agravante de que los vocales nunca corrigieron nada. Ahora, cuando su legitimidad es severamente vapuleada, posiblemente los errores tengan que ser enmendados desde otras instancias. El presente artículo tiene dos propósitos: diagnosticar la crisis que padece el TSE y brindar algunas pautas orientadas a superar aquella difícil situación.
A fin de comprender el momento crítico por el que atraviesa el organismo electoral, definimos la legitimidad como la creencia social de que las instituciones existentes son las mejores posibles. Conseguir legitimidad implica lograr confianza y aprobación ciudadana; en este caso, a favor del ente electoral. En cambio, la ausencia de legitimidad empuja a la crisis y agotamiento institucional. Es posible identificar dos formas generales de legitimidad: la de origen y la de ejercicio.
ORIGEN. Se habla de legitimidad de origen cuando la inicial designación de las principales autoridades del TSE se efectúa de manera transparente y democrática; el procedimiento contrario implica haber nombrado vocales ilegítimamente y desprovistos de respaldo y aprobación.
Conforme la vigente Ley del Órgano Electoral, un vocal es designado por el Presidente y los otros seis son elegidos por 2/3 de los miembros presentes del Órgano Legislativo. Favorecido por la hegemonía parlamentaria, el Movimiento Al Socialismo (MAS) terminó excluyendo de este proceso a sus ocasionales contrincantes y la evaluación de méritos de los postulantes no resultó diáfana. Aunque los opositores criticaron infructuosamente estas actitudes, los representantes del MAS consiguieron investir a los vocales de su preferencia. Desde la perspectiva oficialista, los vocales gozaban de plena legitimidad; desde la óptica de la oposición las autoridades electorales eran ilegítimas debido a su afinidad con el partido de Gobierno; y, desde la visión de la ciudadanía, por la forma cómo fueron elegidos, los miembros del TSE no gozaron de plena confianza.
Aunque el TSE empezó con escasa legitimidad, ésta desmejoró notablemente debido a que la “apariencia desnuda” de cada uno de los vocales fue revelando estrechos y comprometedores vínculos con el partido de Gobierno. Los medios de comunicación y las redes de internet exhibieron estos lazos: uno apareció haciendo campaña política a favor del MAS, otro resultó tener certificado de militancia masista (además de jurar como lo hace todo militante de este partido), hubo quien reenvió, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje de campaña del candidato del MAS a la Alcaldía de La Paz, y no faltó quien escandalosamente celebró sus cumpleaños entre los azules.
Aquellos comportamientos, en el marco de la Ley del Órgano Electoral, corresponden a “Faltas muy graves”, los vocales incumplieron el principio de imparcialidad (Artículo 4, parágrafo 9) y adoptaron posturas y acciones de militantes políticos (Artículo 91, parágrafo 11). Estas conductas ilegales empañaron toda la credibilidad del TSE y, en muy poco tiempo, dilapidaron la mínima confianza que se les tenía. La enfermedad que hoy padece el organismo electoral es una profunda crisis de legitimidad cuya raíz se remonta a la escasa transparencia y al reducido ambiente democrático en el que se consumó la designación de las máximas autoridades de la entidad electoral.
EJERCICIO. La legitimidad de ejercicio hace referencia a la credibilidad conseguida por el organismo electoral, considerando el desarrollo de la administración de los comicios y los resultados obtenidos durante los procesos electorales. En este caso, se obtiene legitimidad si el ejercicio de las funciones se lleva a cabo con eficacia (capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado) y eficiencia (capacidad de lograr resultados con el menor costo posible); mientras que una institución se deslegitima cuando el desempeño de actividades resulta ineficaz e ineficiente.
Las elecciones judiciales de 2011, las generales de 2014 y las subnacionales de 2015 se constituyeron en la prueba de fuego para sustentar y consolidar la legitimidad de ejercicio. Lamentablemente, la mayoría de las autoridades elegidas resultaron ser personas con limitados conocimientos sobre derecho electoral y escasa experiencia en gestión de procesos eleccionarios. En semejantes condiciones, era previsible la presencia de distintos problemas en la administración electoral, los más destacados y recurrentes fueron: antes de las elecciones, información insuficiente (el call center nunca funcionó), escasos puntos de registro de electores, limitada capacitación de las personas que operaban los equipos biométricos, indebidas depuraciones de ciudadanos del padrón electoral y se inhabilitaron injustamente a diferentes candidatos; durante la jornada electoral, muchas mesas se abrieron tardíamente, los notarios demoraron en hacer llegar los materiales electorales, complicada ubicación de recintos para los electores y muchos de los jurados no estaban capacitados para llenar las actas; y, después de las elecciones, en diferentes mesas se presentaron dificultades para efectuar el escrutinio, no presentaron los resultados electorales en el tiempo anunciado (en las elecciones 2014) y, al parecer, se evitó la segunda vuelta en Chuquisaca y se forzó el balotaje en Tarija para favorecer al partido de Gobierno.
Estos reiterados errores demostraron poca eficacia y eficiencia del TSE y se constituyeron en “Faltas muy graves” contempladas en la normativa del organismo electoral. La ley exige administrar los procesos electorales con eficiencia, eficacia e idoneidad (Artículo 4, parágrafos 14 y 15). El incumplimiento de estas elementales funciones, las contradictorias justificaciones que acompañaban cada desacierto y la incapacidad de la mayoría de los funcionarios, se reflejaron negativamente en cada una de las etapas de los diferentes procesos electorales. De esta forma, los miembros del TSE dejaron escapar la oportunidad de lograr legitimidad a partir del desempeño de sus funciones y acabaron desacreditando a la institución electoral.
BÁLSAMO. La designación no se ejecutó con la claridad esperada y, lo peor, los designados no cumplieron adecuadamente sus roles. Son suficientes motivos que explican el descalabro institucional del organismo electoral. Actualmente, ni oficialistas ni opositores, ni la ciudadanía confía en el TSE, la descalificación es generalizada y la crisis de legitimidad es considerable.
¿Qué hacer? Solo sugerimos algunas pautas generales. La renuncia de algunos vocales es un paso importante, ojalá se sumen los otros. Con todo, la medida inevitable es cambiar a la totalidad de los vocales en función de dos criterios: primero, designar a las nuevas autoridades de manera transparente y democrática y, segundo, los vocales elegidos deben poseer conocimiento y experiencia en materia electoral.
Esto permitirá lograr una legitimidad de origen y, es muy probable, que el desempeño de su rol permita obtener la legitimidad de ejercicio. La consecuencia inevitable será contar con una institución muy confiable.
Sin duda, la implementación de estas medidas no es una tarea sencilla, supone contar con la voluntad del partido de Gobierno. Las opciones del MAS en este escenario no son demasiadas: la primera, asumir plenamente nuestra sugerencia; la segunda, realizar la designación entre bambalinas y, finalmente, inclinarse por una salida intermedia entre ambas. En cualquier caso, la última palabra la tiene el partido oficialista.
