El reciente estudio Marginalización de la agricultura campesina e indígena, publicado en coautoría junto con Gonzalo Colque y Miguel Urioste, ha llamado la atención de algunos estudiosos, quienes han escrito interesantes comentarios y críticas. Este hecho ya de por sí beneficia al debate sobre los problemas que atraviesa el campesinado contemporáneo. Los temas clave planteados por los comentaristas exigen una comprensión más exhaustiva y dan lugar a nuevas preguntas de investigación. En esa línea, el propósito de este artículo es retomar tres de los comentarios que ofrecen ángulos distintos de análisis.
La primera contribución proviene de Mamerto Pérez, uno de los investigadores más reconocidos en este campo. La presentación del libro en cuestión en la ciudad de La Paz se benefició de sus comentarios agudos y bien cuidados. Su crítica central gira en torno a la necesidad de incorporar en el análisis con más fuerza el peso de las políticas neoliberales. Sostiene que la dogmática aplicación de los postulados del libre mercado desde mediados de los años 80 ha marcado un antes y un después para la agricultura campesina. La liberalización reconfiguró el escenario macro y, en consecuencia, —razona Pérez— mientras esto continúe sin cambios estructurales, las probabilidades para salir de la pobreza mediante mejoras en la agricultura familiar serán invariablemente reducidas, sin que importe mucho si aumenta o disminuye la inversión pública sectorial.
Aunque aparenta ser una precisión sutil, el aporte de Pérez tiene un valor analítico que cualifica la discusión. En resumen, señala que el contexto de la liberalización del agro es la variable de fondo —algo en que coincidimos— pero exigir más inversión para la agricultura campesina —aspecto que enfatiza el estudio— no es la respuesta adecuada ni suficiente. Nos advierte que el desafío sigue siendo la necesidad de ubicar el debate del agro boliviano en el contexto de las fuerzas globales, reconociendo el lugar que ocupamos en el mundo como simples productores de materias primas agrícolas. Pero más allá del neoliberalismo, lo cierto es que la agricultura mundial y las relaciones comerciales siguen reestructurándose para consolidar un intercambio global agro-alimentario donde los países ricos exportan cultivos comerciales de bajo valor nutricional y alimentos procesados o industrializados, mientras que los países pobres se consolidan como proveedores de biomasa barata.
La segunda contribución es de Gonzalo Flores, uno de los expertos más antiguos de la FAO en Bolivia. De forma didáctica, disecciona el libro identificando cuáles son los problemas abordados, causas, efectos, implicaciones y recomendaciones. En cada sección ofrece comentarios precisos. En contraposición a Pérez, Flores en algunos momentos se muestra afín a soluciones propias de la economía neoclásica (que es cercano, pero no sinónimo del neoliberalismo). Las principales observaciones y críticas al libro se pueden puntear de la siguiente manera: i) la ‘agricultura familiar’ del oriente tiene mayor importancia de la que sugiere el estudio; ii) el ambiente macroeconómico pro-agronegocios es más influyente que cualquier política agraria específica y favorece ante todo el desarrollo de los emprendimientos medianos y grandes; y, iii) los problemas de la agricultura campesina no se solucionan con trasladar los subsidios que actualmente benefician a los empresarios privados.
En general, la reseña de Flores ofrece una valoración positiva, expone varios temas que requieren mayor desarrollo e introduce diez temas conexos. Hace precisiones y críticas ofreciendo argumentos y razones consistentes, por tanto, útiles para el debate. Una coincidencia llamativa con Pérez es que el contexto/ambiente macro influye más que cualquier política específica de fomento a la pequeña agricultura. Sin embargo, esta convergencia no implica que ambos miren con el mismo color de lentes. Flores no tiene dubitaciones a la hora de sugerir algunas soluciones de mercado, por ejemplo, liberalizar la pequeña propiedad para que pueda ser transferida, hipotecada o vendida. Aquí surge de nuevo el viejo dilema de si la mercantilización de los bienes de los pobres (tierra, trabajo, activos productivos) soluciona o empeora su exclusión económica. Nosotros afirmamos que las nuevas lógicas económicas tienen el propósito de propagar inversiones y operaciones del capital transnacional hacia nuevos territorios y sectores económicos, provocando así un crecimiento desigual entre la agricultura campesina y la agricultura comercial (mediana y grande), de tal forma que el agro boliviano acaba siendo un modelo agrario bifurcado y territorializado (páginas 86 y 123).
La tercera reacción al libro, de Juan Carlos Salas, fue publicada en Animal Político hace una semana. En esta crítica resulta complicado encontrar una valoración analítica con argumentos, conocimiento y propiedad. Desafortunadamente, ésta es una de esas situaciones en que la crítica muy a menudo tiene lugar cuando alguien la concibe como una opinión que debe ser predominantemente negativa y no como un ejercicio intelectual para profundizar el entendimiento del tema objeto de estudio. Salas no discute temas, sino duda de algunos datos.
Por alguna razón defiende la idea de que la agricultura campesina está más saludable de lo que sostiene nuestro trabajo. Para ello cita un estudio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) que subraya que la actividad agropecuaria es fuente del 81% de los ingresos de hogares campesinos e indígenas. Conozco este trabajo porque he sido autor de su diseño metodológico y, tal como se advierte en el texto, los resultados son válidos únicamente para comprender la situación económica de las familias campesinas indígenas “con las cuales trabaja Cipca en el marco de la implementación de su propuesta productiva” (Estudio sobre los ingresos familiares anuales 2007-2008, p.7). Luego de esta cita displicente, Salas afirma que “FT (Fundación TIERRA) sube los niveles de pobreza en más del 10%” para inducir a conclusiones exageradas. Lo hace comparando datos nuestros de pobreza medidos por el método de “necesidades básicas insatisfechas” (NBI) con datos suyos calculados por “línea de pobreza”. Todos los datos son correctos, pero Salas mezcla peras con manzanas. Cabe precisar que el método de NBI captura mejor la pobreza de manera multidimensional del sector rural.
Entre otros ejercicios análogos, Salas incluso utiliza datos de tenencia de la tierra. Repitiendo lo que el INRA señala tímidamente, afirma que la estructura agraria se transformó a favor del campesinado porque los grandes y medianos empresarios apenas se habrían quedado solo con el 9% de tierras, luego de 18 años de titulación de tierras. Hubiese bastado una simple contrastación con datos de tierras cultivadas para darse cuenta de que el sector empresarial sigue controlando más de dos tercios de las mismas, que además son las más productivas. En fin, gajes del oficio.
El problema del campesinado es complejo, en parte porque el debate fue abandonado con la llegada del ciclo neoliberal que instaló algunas “verdades” dominantes. El retorno al análisis desde distintos enfoques es imprescindible para entender la contemporánea realidad rural.
