En abril reciente se cumplieron 18 años de la liberación de los rehenes (diplomáticos extranjeros y autoridades peruanas) que habían sido secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador del Japón en Lima, cuatro meses atrás, en diciembre de 1996.
Entre los secuestrados estaba el embajador boliviano en Perú, Jorge Gumucio Granier, el único no japonés ni peruano que los emerretistas habían retenido porque pretendían canjearlo con los plagiadores (también del MRTA) del empresario Samuel Doria Medina, presos en Bolivia en ese entonces.
Tras 126 días de cautiverio, el 22 de abril por la tarde empezó la operación militar Chavín de Huántar (nombre de una cultura ancestral peruana que construía sus templos con pasadizos subterráneos, tal como se cavó debajo de la residencia japonesa para intervenirla militarmente).
El 17 de diciembre de 1996, el embajador japonés en Perú tenía cerca de 1.000 invitados a la recepción que ofrecía en su residencia en honor al natalicio del emperador Akihito. A las 20.21, cuando quedaban cientos de los convidados, empezó el secuestro. Tras la paulatina liberación de la mayoría de los rehenes, al final quedaron 72, quienes debieron permanecer los más de cuatro meses hasta abril del siguiente año.
Chavín de Huántar fue considerada una acción militar “exitosa”, dadas las circunstancias: fueron muertos los 14 emerretistas (se dice tres ejecutados tras ser hechos prisioneros), un rehén y dos militares. Junto al recuento de la resolución de esta crisis de rehenes, Animal Político también le ofrece detalles de cómo con Perú se llegó a los llamados “Acuerdos de Ilo”, por los cuales el país vecino cedía a Bolivia por 99 años una zona franca portuaria, otra industrial y una tercera turística y comercial. Un poco para poner en contexto la reunión bilateral que mañana y el martes sostendrán ambos gobiernos en Puno, Perú.
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