Cuando se recuperó la democracia en Bolivia, el gobierno que asumió las responsabilidades de gestión desde 1982 se enc ontró con una pesada deuda externa. El septenio militar que presidió Hugo Banzer había contado con un importante flujo de recursos por exportaciones, gracias al auge de los precios internacionales, y ese flujo le permitió a su vez contratar créditos incluso con bancos privados del exterior. Se confiaba mucho en el Estado y además de invertir en infraestructura se trató de forzar la industrialización construyendo plantas que, al final, perdieron más de lo que ganaron y muchas ni llegaron a funcionar.
El gobierno de Hernán Siles Zuazo, dotado de una gran legitimidad política, se encontró con que no solamente la deuda era muy grande, sino que su carga aumentaba por el descenso de las exportaciones. La Central Obrera Boliviana (COB), por entonces máxima expresión organizada de los sectores populares, consideraba injusto pagar una deuda que había sido contraída por gobiernos de facto y presionó a Siles Zuazo a romper con los acreedores y forzarlos a negociar condiciones favorables. El equipo económico de Siles pasaba largas horas negociando el pago de la deuda externa con los sindicatos. Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de mantener abiertas las opciones comerciales y financieras del país, pagaba lo que podía a los acreedores, que de todos modos tampoco quedaban contentos porque no tenían certidumbre contractual. Al final, los ajustes no se evitaron, sino que apenas se postergaron y la popularidad se esfumó ante el descontento de todos.
Algo así está sucediendo hoy en Grecia. Los anteriores gobiernos asumieron deudas excesivas y las emplearon mal. Confiando en la eficiencia del Estado crearon empresas de todo tipo y, seguros de que lo único que crea valor es el trabajo, otorgaron miles de empleos con salarios y beneficios comparativamente altos, y dieron a sus jubilados un régimen de pensiones generoso. Todos sabían que eso era insostenible, porque no puede tener un nivel de vida muy alto un país que tiene un nivel de productividad tan bajo, salvo que estén viviendo de deudas y, por lo tanto, desplazando los problemas para el futuro.
No es que los gobiernos de Grecia ignoraran los riesgos de esta manera de actuar. Al contrario, los conocían muy bien y la mejor prueba de ello es que, para recibir el apoyo de la Unión Europea y de su sistema financiero, mintieron sobre las cifras de su gasto y de su déficit fiscal. Con información tergiversada “demostraron” que podían seguirse endeudando, y con ese dinero mantuvieron por un tiempo adicional la prosperidad efímera de salarios injustificadamente altos, las jubilaciones generosas, los servicios gratuitos y diversos subsidios. Mientras España, Portugal e Italia realizaban los ajustes comprometidos, Grecia los simulaba.
El gobierno de Alexis Tsipras, fruto de una notable votación y contando con enorme legitimidad política, hizo campaña rechazando los ajustes. Se ha negado a asumir las responsabilidades de los anteriores gobiernos, y rebate las condiciones de los acreedores, trasladando el problema hacia el campo político y presentándolo como una cuestión de soberanía nacional y democracia.
¿Por qué los acreedores ponen condiciones, si Grecia es un país soberano? Primero, hay que admitirlo, porque no es tan soberano. Es parte de la Unión Europea y ésta, como todo proceso de integración, implica que todos los que forman parte de dicho proceso han renunciado voluntariamente a parte de su soberanía y han adquirido compromisos que deben cumplir. Segundo, porque los acreedores, para cambiar los términos de pago de las deudas y prestar más dinero, necesitan tener certeza de que los recursos serán utilizados productiva y eficientemente, porque solo así los podrán recuperar. Por eso exigen a Grecia que reduzca el gasto fiscal, reforme el sistema de pensiones, se desembarace de los empleos improductivos y abra las compuertas de la productividad atrayendo nuevas inversiones, renovando tecnologías y evitando los despilfarros que han plagado ese país. Por supuesto, hacer estos ajustes tiene costos políticos y lo evidente hasta ahora es que Tsipras no los quiere pagar.
Su opción de convocar a referéndum podría ser interpretada como un recurso democrático que le permita al pueblo conocer adecuadamente la magnitud del problema, sopesar los costos y beneficios de su decisión y asumir la responsabilidad de una nueva política mediante el voto. Para ello, el Gobierno debió haberse embarcado en una activa campaña informativa y de explicación de las opciones. En vez de eso, ha preferido colocarse en el papel de víctima heroica, convocando a los votantes a hacer lo mismo y rechazar las condiciones de los acreedores. En suma, Tsipras parece más preocupado por conservar la popularidad y el poder, que por resolver los problemas que su país ha generado (y se ha generado a sí mismo) en los años pasados.
Los votantes griegos están, en este momento, atenazados entre la pasión nacionalista invocada por Tsipras, y la razón económica que implica hacer ahora los sacrificios que postergaron antes. Algunas encuestas indican que esta opción va ganando fuerza. Si eso ocurre, Tsipras tendrá que irse y los griegos buscar un equipo de gobierno que pueda restablecer la confianza en el país de manera que se hagan los ajustes, pero conservando las redes mínimas de protección social que Europa podría ofrecer. Si no, el propio Tsipras tendrá que conducir a su país fuera de la Unión Europea, lo que implicará también costos y sacrificios, pero sin red ni perspectiva de futuro. Algunos economistas aconsejan optar por este camino, mas no mencionan que éste puede solucionar los problemas del Gobierno (que es pasajero) pero aumentar los del pueblo. El ajuste llegará y lo que los griegos decidirán, en el fondo, es si lo hacen ya y ordenadamente, o más tarde, con desorden y a más costos.
