Una de las mayores virtudes que mostró el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) radicada en La Haya, el jueves 24, fue echar por tierra algunos razonamientos y convicciones del Gobierno chileno, tanto aquellos expuestos ante dicho tribunal para destruir la demanda boliviana, como los prejuicios antibolivianos que son lugar común en el vecino país.
El primero, sin duda, es que los jueces se inclinaron por el razonamiento boliviano de que pese a la existencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904, entre ambos países sí existen temas pendientes relativos al derecho boliviano de acceso soberano al océano Pacífico. Lo que Bolivia planteó en su solicitud ante la CIJ no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, cuando el empeño chileno era precisamente “mostrar” que el reclamo boliviano tocaba directamente (aunque de manera “encubierta”) dicho Tratado.
Asimismo, el fallo desbarató la cuasipropaganda internacional que Chile montó con base en la idea de que aceptar la demanda boliviana en la CIJ era prácticamente poner en riesgo toda la arquitectura mundial de los límites fronterizos.
Tampoco es poco el que los jueces de La Haya, al hacer un recuento de la historia del diferendo marítimo, recordaran que Bolivia nació con costa soberana en el Pacífico y que Chile se la arrebató mediante una guerra: se desbarata con esto el lugar común en el vecino país de que en 1879 Chile se defendió de una invasión boliviano-peruana o que Bolivia nunca tuvo mar, entre otros prejuicios.
Frente al razonamiento chileno, expresado tras conocer el fallo, de que la Corte en realidad “redujo” o “recortó” la demanda boliviana, “anulando” la obligación de negociar un acceso soberano al mar, el expresidente Carlos Mesa enfático señaló: “En absoluto, la demanda es integral, tiene dos partes, la primera es ‘diálogo’ y la segunda, ‘para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar’, pero ambas partes están intrínsecamente vinculadas”.
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