La determinación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), señalando que tiene competencia para tratar la demanda de Bolivia contra Chile, es seguida con interés en Perú. Si bien en Bolivia las repercusiones locales y chilenas han copado la atención, en el vecino Perú, que es un país al que le interesa el caso, los medios han observado el tema.
Si bien la fase actual pueda parecer muy anterior respecto del momento del fallo final de la demanda en La Haya, no hay que olvidar el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929, que dice que Chile debe consultar con Perú en caso de una transferencia de territorios que fueron peruanos a una tercera potencia. Al respecto, en una entrevista pasada, el diplomático Armando Loaiza dijo: “Perú tiene que decir sí o no, pero tampoco se le puede atribuir tamaña competencia como para vetar, esa es una interpretación excesiva”.
En todo caso, es visible que Bolivia ha estrechado vínculos de integración con el país vecino, tal como se evidencia en el Gabinete Binacional en Isla Esteves, donde Perú señaló en la declaración final que “mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”.
El gobierno del presidente Ollanta Humala no ha realizado sin embargo ninguna declaración oficial sobre el fallo. En 2014, Humala afirmó que Perú solo “se pronunciará si algo de este tema involucra al Tratado de 1929 o involucra algo en Arica”. Sin embargo, en varias ocasiones dejó en claro su solidaridad con Bolivia, así como lo hicieron antes sus predecesores.
No obstante del silencio gubernamental, los analistas llevaron el debate. El historiador Daniel Parodi, profesor de la Universidad Católica, quien regularmente se expresa sobre las relaciones entre Perú, Bolivia y Chile, escribió que “El Perú debe tomar nota del fallo de hoy (24 de septiembre) porque nos acerca más a la posibilidad de una negociación entre Chile y Bolivia para la salida soberana al mar del segundo”.
Llamando a un entendimiento trinacional, afirmó: “Quizá el fallo del 24 de septiembre le esté diciendo a Chile que hay que abrirse, que el Perú ya no tiene más reivindicaciones y que Bolivia apenas quiere unas millas de mar. Por ello, Chile debe imaginar el día siguiente de una Bolivia con mar”.
Por su parte, César Hildebrandt, editor del influyente semanario Hildebrandt en sus trece, escribió: “El dictamen de la Corte Internacional de Justicia tiene visos históricos”. Según su lectura, “La Haya puede solicitarle a Chile algo que este país ha rehuido con magistral asiduidad: actuar de buena fe”.
Que Chile diga que los tratados son inamovibles, a Hildebrandt le parece absurdo: “Suena a cinismo guaso que lo diga Chile, que se burló (durante décadas) del Tratado de Ancón”. Este personaje de opinión del Perú califica al Protocolo Complementario del Tratado de Lima como “un obsoleto añadido del Tratado de 1929”.
En su texto sugirió que Perú debe pronunciarse decididamente a favor de Bolivia: “Les podríamos decir a Chile y Bolivia que si alguna vez se ponen de acuerdo en un corredor soberano por Arica, Perú no pondría objeción alguna”.
Luego se pregunta. “¿Tenía derecho Bolivia a llevar hasta su seno (de la Corte) su vieja aspiración de negociar? Sí, lo tenía: no importa lo que aquí diga el lobby chileno aceitado por 18 mil millones de dólares invertidos en el país (Perú)”, concluye.
Pero los medios tuvieron especial atención a lo que el embajador boliviano en Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, quien formó parte del equipo de historiadores que trabajó en la elaboración de la Memoria de Bolivia, tenía que decir.
El día del fallo fue entrevistado por los canales ATV y N, además de varias radios. Según el embajador, los resultados en La Haya son el fruto “de la decisión del presidente Morales” de acudir a la CIJ y que la demanda no se trata de una “revancha histórica”, sino “la demanda de justicia, basada en el derecho”: “Mi país, está seguro que se va a llegar a un entendimiento donde (…) ganen Chile y Bolivia”.
En Radio Tv Exitosa, Rodríguez Ostria sostuvo un debate con el diputado chileno Jorge Tarud, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien expresa las posiciones más duras.
Tarud argumentó que la demanda boliviana vulneraba el Tratado de 1904 (pareció que el diputado no conociera que la Corte ya había delimitado que el objeto del juicio no tiene nada que ver con el Tratado de 1904).
Rodríguez Ostria respondió que ya no tenía ningún sentido debatir ese punto, luego del contundente pronunciamiento de la CIJ, que dejó en claro que la demanda de Bolivia se sustentaba en los actos unilaterales de Chile sobre negociar una salida soberana al Pacífico para Bolivia. El principal argumento de Tarud era aquél que la Corte había desbaratado hacía pocas horas.
ESCENARIOS. Perú, en un escenario post La Haya puede ser importante para una solución a la persistencia del último problema que deriva de un conflicto bélico en la región (si bien no determinante, como dijo Loaiza). Sin embargo, en esta etapa del juicio, Rodríguez aclaró, en el programa Al estilo Juliana, de RPP, radio y televisión, que la controversia con Chile es un asunto estrictamente bilateral, entre ese país y Bolivia, que no incluye a un tercer Estado y, en consecuencia, tampoco a Perú.
No obstante, Bolivia es consciente de que en Perú debe darse a conocer sus razones sobre el tema marítimo y lo que se hace en La Haya para lograr que todo ese país comprenda el conflicto, como lo hace, por ejemplo, Hildebrandt.
Otra declaración que muestra esta atención de la opinión pública peruana es la del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay (en Correo y USIL), quien ratifica lo que decía Rodríguez sobre el carácter bilateral del asunto: “El Perú no tiene que pronunciarse absolutamente de nada porque esto es un asunto entre Bolivia y Chile, de carácter bilateral. (…) Hemos visto un minifallo que envuelve toda la cuerda principal”.
En ese programa Mackay consideró que la Corte asume, “de facto y de derecho”, que el argumento boliviano está sobre la base de cien años de compromisos que no están en relación con el Tratado de 1904.
Mackay también dedicó su columna del 1 de octubre en Correo al fallo. Ahí, hizo un contraste con el juicio Perú-Chile. Esa vez Perú “nunca mostró discrepancias públicas internas durante todo el proceso y hasta antes del fallo de la Corte”
En cambio, hoy, en Santiago, después del rechazo a su excepción preliminar, “el hermetismo los está dominando y refleja la fragilidad y desconfianza en la posición nacional y, en consecuencia, la falta de unidad en los criterios de la estrategia jurídica de este país”.
Notó una “falta de unidad”, pues mientras el expresidente Sebastián Piñera dice que “Chile debe mejorar su estrategia y recuperar el tiempo perdido”, un grupo de diputados oficialistas, liderados por Gabriel Silber, pide que el agente Felipe Bulnes sea relevado de sus funciones por no dedicar exclusividad a su trabajo.
También le llamó la atención que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, manifieste que Bolivia se ha quedado con un caso recortado para referir que la CIJ ha limitado las aspiraciones de Bolivia, “cuando todos sabemos que la Corte jamás establecerá ninguna salida al mar, pues eso nunca fue invocado por Bolivia”. Es decir confirmó lo que dijo Payam Akhavan, abogado de Bolivia, en los alegatos, que no se pide a la Corte que falle sobre los resultados de la negociación.
Como se ve, en Perú hay un interés importante por lo que pasa en la CIJ. En consecuencia, el embajador se encuentra explicando a diferentes medios televisivos, radiales, escritos, reuniones con residentes bolivianos, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, a parlamentarios, intelectuales, diplomáticos acreditados en Perú y funcionarios del Estado peruano, por qué la demanda boliviana “no es territorial”. Lo que complementa el trabajo de Carlos Mesa y el reciente enrolamiento de expresidentes del país.
