Después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la objeción preliminar de Chile para que la misma se declare incompetente para conocer la demanda boliviana, la victoria nacional se ha podido sentir en múltiples dimensiones. Por otro lado, el Gobierno chileno ha ideado cuentos, fábulas, epopeyas, del calibre de la imaginación de Julio Verne, Esopo y Walt Disney para maquillar la derrota y tratar de forzar una interpretación fuera de la esfera de la realidad, ¡incluso encuentran a Chile como vencedor del fallo! No hay que culparlos por intentarlo ya que, al igual que el recurso de incompetencia, es una bala más en la cacerina de municiones jurídicas que el derecho internacional proporciona. Pero más allá de la ficción y el chauvinismo detrás de las declaraciones del Gobierno chileno, hay dos cuasi-victorias para La Moneda que son de relevancia, aunque no para su política exterior, sí para sus asuntos internos.
Fueron 14 magistrados de la Corte los que votaron a favor de rechazar la objeción chilena, pero también son 14 las victorias que cosechó Bolivia de este fallo. Primero, es necesario ver el ámbito más próximo, que es el jurídico, ya que la Corte conocerá el fondo de la demanda, es decir, que los jueces analizarán la demanda boliviana en todo su scriptum y se pronunciarán en consecuencia. Chile está obligado a proseguir con los actos procesales y presentar su contramemoria hasta el 25 de julio de 2016, le guste o no. Asimismo, el argumento (o argucia) que invocó Chile durante los alegatos orales respecto a que Bolivia intenta modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta y usando “medios artificiales” fue echado por tierra. Por otro lado, se desmanteló la trinchera jurídica detrás de la cual Chile se guarneció para sortear el Pacto de Bogotá de 1948 bajo la tesis de que el Tratado de 1904 zanjó todos los asuntos limítrofes con Bolivia y el Pacto no podía aplicarse de manera retroactiva. Finalmente —y bajo el principio unificador de la jurisprudencia— este fallo se convierte en una línea jurisprudencial que consolida al Pacto como un portal permanente para judicializar otras conductas antijurídicas chilenas derivadas del Tratado de 1904 e instrumentos anexos. Esto porque al haberse hallado competente, la Corte evita que una situación jurídica similar en el futuro sea interpretada de forma diferente.
Por otro lado, el fallo desvertebró una importante parte de la política exterior chilena al refutar dos aspectos fundamentales: sí existen temas pendientes con Bolivia y la demanda marítima no es estrictamente bilateral, ya que son justamente los compromisos bilaterales incumplidos por Chile los que edificaron la base jurídica de la demanda, y permitieron llevarla al sistema multilateral y judicializarla. Como resultado de estos dos logros, se ha puesto en evidencia que la posición chilena respecto al reclamo boliviano no es una política de Estado, sino una “mentira consistente de Estado”.
En cuanto a la política exterior boliviana, como una expresión de su política interna más allá de sus fronteras, el fallo ha elevado la demanda marítima de su status de aspiración, anhelo, quimera, a materia judiciable y potencialmente exigible. Ha cosechado los frutos de la unión de los líderes de la Bolivia de ayer y de hoy que, independientemente de si capitanearon el Estado hacia babor o estribor y de sus fricciones internas, proyectaron la demanda en todos los foros posibles como una sólida política de Estado.
El campo histórico no es para desestimarlo ya que la Corte asentó, inequívocamente con una afirmación de derecho positivo, en el parágrafo 16 de la sentencia, que Bolivia nació con una costa soberana hacia el océano Pacífico. Esto puede parecer algo irrelevante para el ciudadano de a pie ya que es una certeza de que Bolivia nació con litoral, pero fueron varios los intentos de la historiografía chilena por desvirtuar aquello y crear una tesis negacionista durante los años 60 al afirmar que Bolivia jamás tuvo salida al mar. Algunos exponentes de esta tesis fueron Jaime Eyzaguirre y el fallecido general Augusto Pinochet. Naturalmente hubo antítesis para desvirtuar semejante falacia, como la obra de Juan Siles Guevara, en la que rebate todas las conjeturas e insinuaciones de Eyzaguirre; pero ahora es una sentencia de la Corte la que establece categóricamente en el mismo parágrafo que Chile ocupó el litoral boliviano y declaró la guerra a Bolivia y a Perú, no al revés.
Probablemente es el área comunicacional y de la diplomacia pública donde más ha resonado el fallo. En términos aritméticos, el fallo ha sido para Bolivia un “sumando”, ya que a todo el lobby realizado por el vocero de la demanda, Carlos Mesa, el servicio exterior, la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) y bolivianos en el extranjero, como quien escribe estas líneas, más los pronunciamientos y apoyos a la solución del conflicto recibidos antes del fallo como del papa Francisco y, después, del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry (quien afirmó que espera que se resuelva el diferendo marítimo), se le ha sumado todo el peso de la validez jurídica de una sentencia de la Corte. Por el contrario, para el “minuendo” chileno, es decir, su estrategia comunicacional, donde quiso sembrar el terror afirmando que la demanda boliviana pondría en riesgo todo el sistema internacional y que carecía de argumentos, el fallo fue un “sustraendo”, que dejó como diferencia un vacío en su arca de argumentos. La Cancillería chilena quiso llenar este vacío con ficciones, como que la sentencia supuestamente “recortó sustancialmente” la demanda boliviana ya que la Corte no deberá predeterminar el resultado de cualquier negociación si se prueba la existencia de una obligación de negociar. Bolivia ha sido muy clara en su petitorio: la obligación de Chile de negociar, su incumplimiento y que Chile debe cumplir dicha obligación. La demanda está intacta, corre y sigue, será justicia.
En cuanto a la administración de la presidenta Michelle Bachelet, una gestión prisionera de sus propias promesas y múltiples alianzas políticas con partidos de centro y de izquierda, compromisos de reformas profundas en materias tributaria y educativa, ¡y hasta una asamblea constitucional!, sazonada con sonados escándalos de corrupción, como los casos Penta y Caval, crisis de gobernabilidad, cesantía, desindustrialización, bajísimos niveles de popularidad y recurrentes azotes de la naturaleza, al parecer se ganó dos premios consuelo con su objeción: por un lado, postergar el tema de la demanda boliviana un año, de manera que ya no sea su debilitada gestión la que tenga que afrontar la sentencia sobre el tema de fondo, y, por otro, pasar la papa caliente a la siguiente gestión que, como van las cosas, probablemente recaiga sobre el culpable de la demanda ante La Haya y su más férreo opositor: Sebastián Piñera. ¿Trágica ironía o justicia poética?
