El doble aguinaldo fue instituido en 2013, como una medida redistributiva en beneficio de la población trabajadora de Bolivia, en atención a una coyuntura económica de crecimiento de larga data. Esta coyuntura se ha traducido en más oportunidades, una relativa prosperidad para los negocios de todos los tamaños, una emergencia de las clases medias y, como correlato, un cambio en los patrones de consumo de bolivianos y bolivianas.
La situación económica internacional, unida a políticas de retención del excedente, estabilidad macroeconómica y dinamización de la demanda interna, han permitido al país crecer. Si entre 2000 y 2005 en promedio se crecía 2,99%, entre 2006 y 2014 dicho promedio subió a 5,1%. En 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 5,23% entre junio de 2014 y junio de 2015 y se espera un crecimiento cercano al 5% hasta diciembre.
Otra manera de evaluar el de-sempeño económico de nuestro país es observar la evolución en términos de dólares corrientes: pasamos de $us 8.444 millones en 2000 a $us 11.298 millones en 2006 y de ahí a $us 33.237 millones en 2014. Este último salto implica que nuestro PIB se triplicó desde 2006. En términos per cápita pasamos de $us 995 en 2000 a $us 1.182 en 2006 y a 2.992 en 2014; prácticamente triplicamos el PIB per cápita desde el año 2000.
Como mencionamos arriba, el doble aguinaldo se inscribe en una lógica de redistribución del ingreso, en el marco de una economía plural, caracterizada por la coexistencia del sector estatal, el privado y el sector social-comunitario y cooperativo. Habida cuenta de la alta participación del sector privado, que según estimaciones oscila entre el 60% y el 65% del PIB, es de esperar que las dinámicas del crecimiento económico, al multiplicar la riqueza del país, coexistan con ciertos niveles de concentración, los cuales, sin embargo, pueden ser mitigados mediante políticas explícitas de distribución del ingreso.
El relativo nivel de prosperidad alcanzado hasta ahora nos muestra un país con una mayor capacidad de consumo, lo que se evidencia, por ejemplo, en los crecientes montos de venta de automóviles nuevos en la Feria Exposición de Santa Cruz. Las políticas de redistribución, por su lado, han conseguido logros importantes en la disminución de la pobreza, la indigencia y la inequidad, aunque aún falta camino por recorrer para hacer de nuestro país un lugar con menores disparidades socioeconómicas.
A lo largo de los últimos nueve años, la pobreza extrema se ha reducido de 38% a 18,8% de la población y más de un millón de personas se incorporaron a la clase media. Estos logros no hubieran sido posibles sin políticas económicas que fomenten el crecimiento y políticas sociales que generen redistribución de la renta.
Las políticas de redistribución se han operado esencialmente mediante la entrega de los bonos (Juana Azurduy, Renta Dignidad y Juancito Pinto), los cuales han tenido un efecto en las capas menos favorecidas de la población.
A ello se deben sumar otras iniciativas, como la tarifa dignidad, que beneficia a las familias urbanas y rurales de menores ingresos relativos y las determinaciones sobre el incremento del salario mínimo y del incremento al haber básico, que son medidas dirigidas específicamente a la distribución del ingreso mediante el funcionamiento de los mercados laborales.
En ese sentido se inscribe la disposición sobre el doble aguinaldo, democratizando los beneficios del crecimiento económico mediante la intervención en el ámbito del trabajo. Los efectos esperados de esta modalidad de distribución se sienten en un mayor consumo de vestimenta, alimentos, gasto en servicios de amenidades y una amplia lista de artículos y servicios que son ofertados por el sector privado nacional, dinamizando así el consumo de lo que se produce en Bolivia.
Incluso es de esperar que una fracción del doble aguinaldo se traduzca en ahorro de las familias bolivianas con miras a invertir en un futuro de mediano o largo plazo en la ampliación de su patrimonio en la forma de una vivienda; esto también tendrá repercusiones positivas para el mercado interno y para el dinamismo del sector privado nacional.
Democratizar el crecimiento económico contribuye, de esa manera, a un modelo de crecimiento en el que el mercado interno cobre paulatinamente un mayor protagonismo. Este movimiento se hace aún más pertinente en un entorno en el que se prevé una disminución del dinamismo del “motor externo” de nuestra economía; vale decir, nuestras exportaciones.
Ciertamente, muchos retos se pueden encontrar aún en la ruta de ampliar el mercado interno y consolidarlo como un componente que cada vez tenga más peso en nuestro crecimiento. Sin embargo, es innegable que el crecimiento de la demanda interna es el factor más importante para la mayor parte de las empresas nacionales, pues ellas viven de y para la demanda doméstica.
Por otro lado, como bien lo hicieron notar los empresarios a través de su entidad matriz, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), es necesario considerar que el crecimiento económico —en particular el de los meses recientes— ha sido desigual entre sectores y entre empresas. Algunos sectores han crecido con más bríos que otros; algunas empresas han ralentizado su crecimiento y, por lo tanto, no todos los sectores ni todas las empresas deben ser medidas con la misma vara.
Esta constatación ha dado pie a un debate abierto entre los directivos de la Confederación y el Presidente —acompañado de las autoridades de su gabinete económico— la pasada semana; luego de varios días de discusión, se atendieron las preocupaciones de los empresarios; el Gobierno asumió dichas preocupaciones y definió una flexibilización del pago
del segundo aguinaldo para las empresas que están en una situación más difícil, haciendo posible que éstas paguen dicho beneficio hasta fines de abril de 2016.
De esa manera, se preserva el principio de distribución de los beneficios del crecimiento y, al mismo tiempo, se consideran las posibilidades de las empresas que han mostrado un desempeño menos dinámico que la media.
