El sábado 12 de diciembre se adoptó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en el marco de la COP21 después de arduas negociaciones que se extendieron a lo largo de 2015. El acuerdo, sin duda, no es por sí mismo la solución estructural a las causas de la crisis climática, pero es un paso decisivo para contar con herramientas jurídicas y operativas. Veamos las luces y sombras en el documento acordado.
Se ha incluido el reconocimiento de la Madre Tierra, de la Justicia climática, y se ha ratificado el principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada y el Derecho al Desarrollo. Con ello se ha establecido la importancia de que los países desarrollados realicen acciones ambiciosas de reducción de emisiones y que otros países en desarrollo con capacidades tecnológicas y financieras contribuyan igualmente con metas ambiciosas de mitigación climática, algunos de manera inmediata y otros progresivamente. El reconocimiento de la diferenciación es sustancial porque establece claramente que son los países desarrollados los causantes del 58% de las emisiones históricas y los que deben dar el ejemplo y tomar el liderazgo haciendo recortes sustanciales de emisiones y transfiriendo financiamiento, como lo establece el acuerdo, con preeminencia de sus fuentes públicas. La otra opción tenebrosa era convertir todo en negocios climáticos, de mercados de tecnología, de bonos de carbono, de créditos, de seguros de riesgo por eventos extremos, etc. Esto último no se consumó.
La COP21 ha ratificado implícitamente que los países en desarrollo tienen que resolver una realidad social de 1.000 millones de pobres y más de 800 millones de personas que padecen hambre; y que no se trata simplemente de descarbonizar las economías sino de hacerlo en el marco de un proceso de desarrollo integral que resuelva problemas sociales y económicos, que garantice seguridad alimentaria, servicios básicos, condiciones productivas, empleo, ingresos para las familias y los países. Debemos avanzar ciertamente en construir economías bajas y en algún momento neutras en carbono, pero sin pobreza, sin hambre y con condiciones materiales para vivir bien, ése es el reto. El mensaje es que Justicia Climática debe ser también Justicia Social y Económica, las tres deben conducirnos a salvar la Madre Tierra para salvar la vida.
El acuerdo ha incorporado el reconocimiento de las técnicas, tecnologías y prácticas indígenas como herramientas para la adaptación y mitigación, y se ha creado una plataforma de intercambios de tecnologías indígenas. Asimismo, se ha incluido y consolidado la propuesta de Bolivia sobre mitigación y adaptación conjunta en la gestión integral de bosques planteada desde 2011 como una alternativa a mecanismos articulados a mercados de carbono y que ven los bosques como simples stocks de carbono, como es el caso de REDD.
Se han hecho grandes esfuerzos para crear el Tribunal de Justicia Climática; la propuesta, sin embargo, no fue apoyada pero se ha creado un Mecanismo de Cumplimiento de obligaciones dirigido por un panel de expertos científicos que podrá emitir opiniones de carácter científico sobre el incumplimiento de obligaciones. Ciertamente éste no tiene un carácter punitivo, pero puede ser la base para que los afectados usen instituciones internacionales de justicia, como de hecho plantea la declaración reciente de la Conferencia Mundial de los Pueblos realizada en Tiquipaya.
El acuerdo de París fija un límite de 2 grados de incremento de temperatura, haciendo un llamado a desarrollar los mayores esfuerzos para no superar 1,5. Ciertamente esta redacción por sí misma no garantiza que los límites de temperatura sean ésos; son las llamadas “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” (figura técnica que incluye metas de reducción de emisiones y acciones de mitigación y adaptación que cada país presenta a Naciones Unidas) las que deben garantizar que la temperatura no se incremente. Y es evidente que la agregación de las contribuciones nos da mucho más de 2 grados, e incluso más de 3. El acuerdo de París nos proporciona, no obstante, herramientas para exigir, en particular a los países desarrollados, que incrementen su ambición de mitigación. Tenemos una agenda para trabajar en esa dirección.
Bolivia ha tenido el honor de haber sido invitada, junto con otros 13 países, a facilitar dos temas: Adaptación y Daños y Pérdidas. En los dos temas tenemos grandes avances: en adaptación, las metas globales de adaptación en el marco de la reducción de vulnerabilidad; el incremento de capacidades de adaptación; la provisión de financiamiento; la priorización de la seguridad alimentaria; el fortalecimiento de las economías locales. Se ha fortalecido el Mecanismo de Daños y Pérdidas, institución que tiene funciones específicas para desarrollar capacidades de prevención y atención de eventos extremos; debemos puntualizar que algunos países desarrollados se resistieron duramente a la creación de esta institución y a su fortalecimiento en la COP21, pero no lograron su cometido.
En lo inmediato, como país debemos avanzar en implementar nuestra “Contribución Nacionalmente Determinada”, que ya es parte del Plan Nacional de Desarrollo; que plantea acciones e inversiones de adaptación y mitigación en agua, en bosques y en agricultura, además de energía. Un reto ambicioso en energía es lograr generar mas de 13.000 MW de potencia con más de 80% de energías renovables y el resto con el uso del gas, que constituye una fuente energética de transición; otros retos son triplicar nuestra capacidad de almacenamiento de agua, incrementar la superficie de bosques con manejo integral a 16,9 millones de hectáreas y forestar 4,5 millones, en complementariedad con el incremento de la producción y productividad agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria. Se ha previsto una movilización nacional de instituciones públicas y privadas para las acciones de forestación y el apoyo de la cooperación. Queda pendiente una agenda internacional que no ha concluido con la COP21, sino que se inicia con las decisiones y herramientas que ésta última ha acordado.
