La crisis. En mayo de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se quedó sin vocales. La presión de la ciudadanía y también del Ejecutivo forzó una salida no del todo airosa de los siete. La necesidad de cambiar el TSE fue uno de los pocos temas en los que oficialismo y oposición coincidieron: el poco oxígeno de credibilidad que quedaba se había agotado.
¿Hubo razones? Hubo algunas de peso, otras fueron dudosas y también las hubo construidas con mala sangre. Lo indudable es que para mayo de este año, los escándalos eran comidilla que los medios servían en sendos platos. Al final, la cosa fue insostenible y tuvieron que renunciar. Los siete.
Los exvocales dejaron un Órgano Electoral Plurinacional (OEP) funcionando a media máquina, un Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) con algo menos del 50% de personal, una ejecución presupuestaria ridícula y menos de la mitad de la población creyendo que las elecciones en el país son limpias (Latinobarómetro 2015).
El nuevo TSE. Es más que conocido el procedimiento bajo el que fueron elegidos los nuevos siete vocales. Un proceso abierto y competitivo que aseguró, además, la representación de género y de pueblos indígena originario campesinos. Se trató de un nuevo comienzo avalado, al menos hasta cierta parte, por la oposición y el oficialismo.
La nueva gestión comenzó en un momento de abierta crisis institucional, a medio camino de un proceso electoral —el referéndum aprobatorio de estatutos autonómicos y cartas orgánicas— y con el inmenso desafío de recuperar la credibilidad y confianza pública.
A decir de Juan Carlos Pinto, exfuncionario del OEP, en un artículo publicado anteriormente en este mismo espacio, este nuevo comienzo ha mostrado hasta el momento que solo busca reproducir el accionar y la gestión de la antigua Corte Nacional Electoral (CNE) y “bajo la premisa de recuperar la legitimidad institucional, se ha buscado tecnificar al personal para administrar procedimientos y procesos electorales dejando de lado la formación del personal propio y, peor aún, de la población sobre las tareas de la Democracia Intercultural”.
A este aserto habría que responder que sí, evidentemente hay un proceso de reconstitución de las capacidades institucionales. Creo que en ello no hay nada de criticable. Tampoco es criticable que se busque rescatar aprendizajes de anteriores gestiones o de la antigua CNE: ¿por qué no abandonar esta lógica mesiánica que hace creer que todo proceso, que toda nueva gestión es o debe ser fundacional? La construcción institucional es incremental y comprenderlo así no puede más que fortalecer la construcción de la Democracia Intercultural.
Ahora bien, decir que el nuevo Órgano Electoral Plurinacional no puede ser aún objeto de evaluación porque inició labores hace menos de seis meses y tiene dos procesos electorales a cuestas, sería demasiado sencillo. El escrutinio público al trabajo del OEP debe ser permanente. Por ello, viene bien una evaluación sobre lo que se está haciendo y lo que se planea hacer, no solo en cuanto a Democracia Intercultural, sino en el marco de ella.
Los desafíos de futuro. El OEP-TSE se ha planteado desafíos de largo plazo con acciones inmediatas relativas a cuatro elementos de carácter estratégico: el primero, vinculado a la necesidad de impulsar un amplio debate nacional sobre Democracia Intercultural. Este debate se abrió no solo porque es un mandato constitucional, sino porque existe la convicción de que la construcción de la Democracia Intercultural es un proceso colectivo, que debe permitir a la sociedad ejercer y reivindicar diferentes formas de democracia. Es, pues, la búsqueda de “democracias en ejercicio”, tal como señala el nuevo logo del OEP.
En este punto me permito abundar un poco más sobre la nueva imagen institucional. Del nuevo logo del OEP se ha dicho que es una réplica del logo de la antigua CNE y que, por tanto, sería ejemplo de conservadurismo institucional, solo porque parte del logo es un ánfora. Una mirada desconceptualizada y simplista. Los checks de colores que forman el ánfora, simbolizan elección, decisión y participación; el check gris simboliza independencia, fundamental como mandato. Juntos, evidentemente forman un ánfora, pero, por sus formas, también representan una mesa de deliberación y decisión colectiva.
El segundo desafío está en el ámbito jurisdiccional y normativo. Aquí el Órgano Electoral, junto con organizaciones políticas, de la sociedad civil y de los pueblos y naciones indígena originario campesinas, prevé analizar las modificaciones a la Ley del Órgano Electoral, a la Ley del Régimen Electoral y promover una nueva Ley de Organizaciones Políticas en el marco del fortalecimiento de la Democracia Intercultural y sobre la base de un diálogo lo más amplio y plural posible.
El tercer elemento está relacionado con la reestructuración institucional del OEP-TSE. Se ha iniciado una discusión colectiva para reflexionar una ingeniería institucional distinta, que acompañe los desafíos de la nueva institucionalidad y los retos que impone la real construcción de la Democracia Intercultural. En el marco de este desafío, se está elaborando un plan estratégico con una visión y objetivos de largo plazo, con una imagen y una estructura que en verdad responda a la dimensión del reto de consolidar las democracias en convivencia.
Por último, el OEP-TSE se ha propuesto dotarse de un andamiaje que le permita alcanzar el ISO electoral. Es una tarea que va a tomar al menos tres años, pero va a permitir dar las garantías y confianza respecto a los procedimientos y mecanismos electorales.
Hoy, el reto inmediato es llevar adelante el Referéndum Constitucional 2016, en un contexto que tiende a la polarización, una po-blación que mira con duda y tan solo cinco meses después del Referéndum Aprobatorio de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas. Como fuera, el debate sobre la construcción institucional del OEP está ahí, abierto, como lo está la construcción de la Democracia Intercultural.
