En noviembre de 1964, una protesta de estudiantes de secundaria (en rechazo a la elevación del costo de las libretas escolares), apoyada por estudiantes universitarios, había alcanzado situaciones dramáticas, como resultado del choque con la fuerza de carabineros, milicias movimientistas y barzolas. Tales sucesos oxigenaron al movimiento político antipazestenssorista, es más, adelantaron el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y los partidos opositores al MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario).
El 3 de noviembre de 1964, unidades militares de La Paz y Cochabamba se amotinaban contra el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. El entonces vicepresidente René Barrientos Ortuño solicitaba, como salida a la crisis política-militar, la renuncia del presidente Paz (como la suya) y la entrega del poder a una Junta Militar. Todo ello, a consecuencia de existir un motín militar que se iba expandiendo “masivamente” a toda la República y era —según Barrientos— imposible de sofocar.
El Cuerpo de Carabineros mantenía sus labores “constitucionales” de mantener el orden público y el resguardo de la propiedad privada, razón por la cual no se plegó inmediatamente al motín militar; es más, mantuvo una postura desconfiada tanto frente al Gobierno como ante los militares.
El 4 de noviembre de 1964, con la renuncia del presidente Paz Estenssoro, el Cuerpo de Carabineros se replegó a sus cuarteles y unidades, a la espera de nuevas órdenes. La renuncia del Presidente no se materializó hasta horas de la tarde, por ello los enfrentamientos entre milicianos movimientistas y barzolas contra militares, universitarios y población continuaba. La aviación apoyó el ataque a puntos estratégicos contra los milicianos movimientistas, tanto en Laikakota, K’illi K’illi y San Antonio.
La población identificó el hermetismo del Cuerpo de Carabineros como una defensa pasiva del Gobierno movimientista, razón por la cual inició el asalto a sus regimientos y unidades, logrando aprovisionarse de armamento pesado y liviano, ante la mirada expectante de los carabineros. Para horas de la tarde, la noticia de la renuncia del Presidente se hizo “viral” y ya se empezaba a hablar de un gobierno militar, encabezado por el Gral. Alfredo Ovando Candia.
El 5 de noviembre de 1964, juraba como presidente de la Junta Militar, el Gral. René Barrientos Ortuño (con una corta copresidencia Barrientos-Ovando) iniciando —según Barrientos— “la Revolución Restauradora” de los principios de la Revolución Nacional de 1952.
Entre noviembre y diciembre de 1964, se fue denunciando los excesos políticos del partido derrocado, el MNR, como ser: control político, milicias, logias, casos de corrupción y otros que lograron despertar un apoyo inusitado a la persona de Barrientos, sumado a los casos de “atentados” contra su vida (auto-atentados) que lo convirtieron en la figura pública de la política boliviana.
Las voces para una “Reforma del Cuerpo de Carabineros”, nacidas en la universidad, hicieron eco en las autoridades militares, las cuales criticaban el carácter armado de los carabineros y buscaban convertir a la institución en una “Guardia de Seguridad”, con tolete, pito y revólver.
El primer paso fue abrogar la Constitución de 1961 y retornar la de 1947, donde el artículo 172 le daba la potestad a las Fuerzas Armadas de ejercer la función de Seguridad Interna. El segundo paso fue desarmar a la institución a partir de un plan indirecto, apoyado por la población: el “Plan Desarme” (que si bien logró la entrega de armamento tanto de exmilicianos, civiles y campesinos, no consiguió desarmar totalmente al Cuerpo de Carabineros). El tercer paso fue crear un escenario adverso a la institución policial, reactivando casos judiciales e iniciando investigaciones contra oficiales de carabineros (caso Calamarca, la existencia de una logia “Guadalquivir”, la célula movimientista de Carabineros y otros) lo que permitió a corto plazo, la aceptación por parte de la sociedad de una “necesaria intervención de las Fuerzas Armadas al Cuerpo de Carabineros”.
El cuarto y último paso fue vincular a los carabineros en un golpe de Estado pro Paz Estenssoro. En diciembre de 1964 se hizo público, mediante denuncia del Ministro de Gobierno, un plan conspirativo de los carabineros para apoyar el retorno del ex presidente Paz. Esta conspiración pretendía —según el Gobierno— movilizar a los carabineros, con todo el material bélico que poseían, contra las Fuerzas Armadas y el pueblo.
El 3 de enero de 1965, el presidente Barrientos ordenó la intervención de todas las unidades de carabineros existentes en la República, como garantía para frenar sus planes golpistas. A partir de ese momento, la institución policial fue intervenida por las Fuerzas Armadas, comenzó la detención de supuestos implicados en el plan golpista (incluso el Comandante General, Gral. Agustín Morales fue
detenido y acusado de sedición), se requisaron los cuarteles de carabineros, como la Academia Nacional de Policías, donde se encontraron armas pesadas y livianas “escondidas”, las cuales fueron trasladadas al Cuartel General de Miraflores y se procedió a perseguir y dar de baja a jefes, oficiales y tropa de carabineros, a partir de sumarios judiciales por los delitos de robo, homicidio, abuso de autoridad contra prostitutas, homosexuales y otros más; incluso se retrocedió a delitos que se remontaban a 1944 (como ser las matanzas de Chuspipata y Yolosa)
Mediante Decreto Ley 7015 del 4 de enero de 1965, el Cuerpo de Carabineros (la ex Policía Nacional) pasaba a denominarse “Guardia Nacional de Seguridad Pública”, descentralizando al cuerpo policial en tres unidades: la Guardia Nacional, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y la Dirección Nacional de Tránsito, buscando con esta medida —según el Gobierno— despolitizar al cuerpo policial de la influencia movimientista, crear una institución acorde a la “Doctrina de Seguridad Nacional” y de servicio a la sociedad civil, mostrando a un guardia armado de laque, pito y revólver.
El 5 de enero de 1965 empezó la desaparición de la memoria nacional del Cuerpo de Carabineros y la consolidación de la vendetta militar por la derrota del 9 de abril de 1952. Intervención militar que duraría 17 años (1965-1982) periodo en el cual las Fuerzas Armadas relegaron a la institución policial a un bajo perfil en las tareas de seguridad pública.
