Bolivia hoy es muchas cosas y ha dejado de ser muchas otras. En algo menos de una década, dejó de ser uno de los países más pobres y el más desigual de la región. La pobreza, que caracterizó al país por varias décadas, ya no afecta a la mayor parte de la población. Entre 2006 y 2014, la pobreza total se redujo de 60% a 39%, y la pobreza extrema de 38% a 17%, que implica, aproximadamente, una disminución absoluta de 2 millones de personas en condición de pobreza extrema. Al mismo tiempo, la desigualdad medida como la brecha entre el ingreso promedio del 10% más rico y el 10% más pobre de la población se redujo de 128 a 39 veces. De acuerdo con datos comparativos regionales, en los últimos años, Bolivia lideró tanto en crecimiento económico como en reducción de la pobreza y la desigualdad.
Bolivia hoy forma parte del grupo de países de renta media. Entre 2006 y 2014 el PIB per cápita se triplicó, situación que estuvo acompañada de un aumento del ingreso laboral promedio. Como parte de los resultados, quizás no anticipados del periodo, el país registró un ensanchamiento de sus clases medias, cambios significativos en los patrones de consumo urbano que se masifican e irrumpen como mecanismos de mejora del bienestar y como nuevas formas de integración social en el uso común de los espacios públicos, pero que a la vez crean y recrean identidades y, con ellas, nuevas formas de diferenciación entre los diversos sujetos que hoy conforman la sociedad boliviana.
En la última década, el país acumuló importantes logros económicos y sociales, fruto de cambios intencionados como la nacionalización de los hidrocarburos, que en un contexto favorable de precios internacionales, y acompañado de un manejo prudente de la economía, brindó la oportunidad de canalizar recursos a través de una expansión sostenida del gasto social y de la inversión pública. Entre los resultados, el impulso a la inversión pública ha permitido dar pasos gigantes en las coberturas de agua potable, saneamiento y electricidad, incluso en las poblaciones rurales más alejadas.
Las políticas públicas de carácter redistributivo implementadas desde 2006 contribuyeron a los logros sociales alcanzados, a través de aumentos continuos del salario mínimo, implementación gradual de una nueva generación de transferencias en efectivo (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy) destinadas a distintos grupos de la población (niños y niñas menores de dos años, mujeres embarazadas, población en edad escolar, y personas de la tercera edad), subsidios a productos de la canasta básica alimentaria, una compleja política de distribución y saneamiento de la tierra implementada a través de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, y de más reciente data, algunas políticas orientadas a facilitar el acceso a crédito, ingreso a mercados y capacitación técnica a los actores más desfavorecidos del sector agropecuario productivo.
La transformación descrita ha empezado a llenar el “casillero vacío” del crecimiento con inclusión social. Sin embargo, todavía cuatro de cada diez personas de origen indígena en áreas rurales viven en condiciones de pobreza extrema, la desnutrición crónica entre niños y niñas menores de tres años es tres veces mayor entre los hogares del quintil de ingreso más pobre en comparación al quintil de ingreso más rico, la población pobre aun no logra, en promedio, completar la secundaria.
La Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social establecen las nuevas metas sociales y económicas relevantes para el desarrollo social de los próximos años, entre ellas, la erradicación de la pobreza extrema (pilar 1), la universalización de servicios básicos (2), y la educación y salud de calidad (3), que conceptualmente apuntan a un abordaje multidimensional del bienestar. Para hacer frente a los nuevos desafíos, el Gobierno ha previsto una estrategia contracíclica a través de un nuevo impulso a la inversión pública con los consecuentes desafíos en materia de gestión y ejecución.
Al iniciar 2016, las dinámicas de las relaciones Estado-sociedad comienzan un nuevo ciclo en el que convergen múltiples factores con capacidad de propiciar futuras transformaciones. Las tendencias más recientes del ritmo de reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos sugieren una desaceleración del ritmo de avance e incluso un estancamiento en los últimos años, así lo refleja el ligero aumento del índice de Gini y el estancamiento en la reducción de la incidencia de pobreza moderada entre 2012 y 2014, tendencia que es común en varios países de la región. En este nuevo escenario, la orientación de los recursos movilizados para el desarrollo social se complejiza y exige pensar nuevas estrategias capaces de adaptarse y ser más efectivas a la luz de los cambios sociales y económicos actuales. ¿Cómo volver a dinamizar los logros? ¿Cómo frenar los retrocesos?
Hoy, más que nunca, la estrategia de intervención pública deberá operar con lentes binoculares, ser capaz de mirar de forma simultánea y amplia para identificar tanto los problemas coyunturales, como aquéllos de índole estructural que aún restringen la inclusión social en los espacios en los que aún operan relaciones de poder asimétricas. Ello implica atacar factores que limitan la inserción de la mujer al mundo laboral en condiciones de igualdad, espacios aún no explorados de las políticas públicas nacionales de la economía del cuidado en los hogares, la protección y seguridad social para trabajadores no asalariados, así como un conjunto de acciones que apunten a un Estado de bienestar que asegure una educación y salud de calidad. La identificación de estos campos de acción sin duda requiere una participación activa de los ciudadanos, que caracterice de la manera más precisa posible los rasgos del nuevo sentido común emergente acerca de la transformación social esperada para los próximos años.
Los efectos no planeados y las consecuencias no anticipadas de la acción intencional son los que hay que atender en procesos de transformación social, decía el sociólogo neomarxista Erik Olin Wright, en su reflexión acerca de la posibilidad de un cambio social emancipatorio. La acción intencionada y sus ramificaciones, decía, no permiten predecir la trayectoria del cambio social, o saber qué le depara en el largo plazo. Si los procesos de transformación social fuesen coherentes, efectivos y comprensivos habría poco espacio para un cambio radical social; los únicos procesos serían aquellos que reproducen las estructuras de poder existentes. Siempre y cuando, claro, estemos a la altura de adherirnos a los horizontes de época, que en tiempos de cambio no son estáticos.
